Caos en Cataluña: Los efectos del agujero de 300 millones en dos conocidas Fundaciones

La detención hace unos días del prestigioso oncólogo Josep Tabernero, jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebron, y de los abogados Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas ha puesto en jaque al empresariado catalán. 

La Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, intervino las fundaciones Cellex y Mir Puig. Ambas fueron puestas en marcha por el empresario y mecenas Pere Mir, fallecido en 2017. La descapitalización de ambas fundaciones podría haber dejado un agujero de más de 300 millones de euros. 

Esta decisión se une a la de la jueza de instrucción de Barcelona Myriam Linage. Esta ya había acordado la destitución del patronato conjunto que dirigía ambas fundaciones. El presidente del patronato es Jordi Segarra. Este letrado se hizo con el control de la fortuna tras la inesperada decisión en 2017 de Mir de cambiar su testamento en su favor. 

La antigua mano derecha de Mir, Àngel Surroca, lleva años denunciando la opacidad y la deriva de ambas fundaciones. En 2023 Surroca denunció la situación ante el Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones, dependiente del departamento de Justicia. Su libro 'De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006)' también denuncia la situación. 

La situación de ambas fundaciones era delicada. Tras contar con unos activos que rondarían los 400 millones de euros, ahora apenas suman 40. Lo hace tras la venta de propiedades en el Vall d'Aran, Barcelona y Suiza. 

Descontrol en las fundaciones implicadas

La muerte de Pere Mir en 2017, emblemático mecenas de la ciencia catalana, marcó el inicio de un vacío de control en las fundaciones Cellex y Mir Puig. Las dos están ahora bajo investigación judicial por presunta administración desleal y apropiación indebida. El detonante de la investigación ha sido la ausencia total de auditorías externas durante seis años, desde 2017 hasta 2023. El vacío habría facilitado el desvío de cientos de millones de euros del legado filantrópico.

Pere Mir Puig nació en Barcelona en 1919, dentro de una familia de clase media. Gracias a su talento técnico y a una visión empresarial innovadora, logró levantar su fortuna desde cero. Tras graduarse en ingeniería química en la Universidad de Barcelona, fundó en 1942 la empresa Derivados Forestales. Esta empresa fue pionera en la fabricación de resinas sintéticas y tableros aglomerados, materiales fundamentales para la reconstrucción de la España de la posguerra.

Su mayor aportación al sector fue el aglomerado fenólico, un sustituto resistente y económico de la madera natural, que le permitió liderar el mercado ibérico durante treinta años. Con fábricas en Sant Joan Despí y Zaragoza, la compañía llegó a emplear a más de 800 personas y a facturar 120 millones de euros anuales en la década de 1980.

Conocido por su carácter riguroso y austero, Mir vendió Derivados Forestales en 2003 al grupo italiano Savio Legno por 240 millones de euros. Sin embargo, su legado comenzó mucho antes. Ya en los años setenta y ochenta destinaba parte de sus beneficios a causas sociales y científicas.

En 1978 creó la Fundación Mir Puig con carácter social. Ofrecía becas educativas a los hijos de empleados y contaba con programas de ayuda para personas sin hogar en Barcelona. En 1989 creó la Fundación Cellex, esta vez con más recursos. Está orientada exclusivamente a promover la investigación médica y tecnológica.

Tras vender su empresa, intensificó su labor filantrópica, inyectando 150 millones de euros adicionales a sus fundaciones.

Hasta su fallecimiento en 2017, Mir dirigió personalmente Cellex, que se convirtió en el mayor financiador privado de la ciencia en España. Entre sus aportaciones más destacadas están los ocho millones para construir el centro de investigación Cellex en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (2006). O los 16 millones donados al ICFO en 2010, la mayor donación privada a un centro científico español hasta esa fecha. Y la compra del primer equipo PET-TAC de Cataluña para el Hospital Vall d'Hebron. Ello redujo los tiempos de espera en oncología de seis meses a solo dos semanas. 

Mir falleció en 2017 a los 98 años, a causa de un fallo cardíaco, dejando una fortuna estimada en 400 millones de euros, según Surroca. Los estatutos de Cellex marcaban que el 90% del presupuesto debía destinarse a investigación científica y el 10% a fines sociales. 

La Ley 50/2002 de Fundaciones establece auditorías anuales obligatorias para entidades con más de 2,4 millones en activos, requisito que Cellex superaba con creces.

Según denunció Surroca, la falta de controles permitió maniobras opacas. Entre ellas, la venta de una masía en la Vall d'Aran a Tabernero por un millón de euros, pese a estar valorada en 2,5 millones. O determinadas operaciones con sociedades vinculadas (como Simex y Mil Veinte) que absorbieron 75 millones sin justificación. Además, supuestamente desaparecieron bienes importantes: dos inmuebles en Zúrich (valorados en 15 millones) y una colección de relojes de lujo que nunca fue registrada.