Funcionarios prisiones culpan del caos penitenciario a "la mala clasificación de los presos"

No cesan las protestas de los funcionarios de prisiones en Cataluña que comenzaron el pasado viernes 15 de marzo tras el asesinato de una cocinera a manos de un preso en el centro penitenciario de Mas d’Enric, Tarragona. Ese viernes los sindicatos de prisiones organizaron una protesta generalizada en los 81 centros penitenciarios del país. En estas movilizaciones reclamaron los medios necesarios para regresar cada día a casa con vida. 

En la mañana de ayer, 18 de marzo, varios centenares de funcionarios de prisiones han vuelto a protestar bloqueando los accesos a las cárceles catalanas de Brians 1, Brians 2, Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Quatre Camins y en el que ocurrieron los hechos, Mas d’Enric. En varios accesos los protestantes han formado barricadas con banderas y neumáticos a los que han prendido fuego. 

Barricada realizada en el acceso al centro penitenciario de Brians 2.

Las personas movilizadas sólo han permitido que acceda a los centros el personal que pertenece a los servicios básicos de prisiones, por lo que no se han abierto las celdas de los más de 6.000 presos que hay internos. Los funcionarios piden las dimisiones de Amand Calderò, responsable de prisiones en la Generalitat, y Gemma Ubasart, consejera de Justicia. 

La principal demanda de las movilizaciones es que exista mayor seguridad en las prisiones y que se reconozca a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de autoridad. A lo largo del último año son numerosas las reclamaciones que han realizado los sindicatos de prisiones.

En una conversación con elcierredigital.com el portavoz de ACAIP, Joaquín Leyva, ha declarado que “Nos duele mucho que el punto de inflexión tenga un nombre y sea Nuria. Nunca tendríamos que haber llegado a este extremo. Está claro que partimos de una clasificación de los internos que atiende mucho más a un maquillaje estadístico que a un tratamiento personalizado del interno acorde a la realidad. Esto nos aboca a una mayor conflictividad”. 

“Para que haya mayor seguridad en las prisiones tienen que cambiar muchas cosas. Por un lado, tenemos un déficit de facultativos sanitarios con un 66 por ciento, tenemos más de 3.000 vacantes de funcionarios y tenemos unas políticas de tratamiento penitenciario que atienden excesivamente a la generalidad y que no atiende a la particularidad de los perfiles de los internos. La política buenista se olvida de que un pequeño porcentaje de internos es el que provoca el 90 por ciento de los problemas”, concluye Joaquín Leyva. 

Reclamaciones realizadas en el último año

En febrero de 2023 el sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, reiteró en una de sus reivindicaciones históricas, acabar con el déficit de personal que arrastran las prisiones. En diciembre de 2021 había 2.936 vacantes y en 2022 se incorporaron 900 funcionarios al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Sin embargo, al cierre de 2022 las vacantes habían aumentado hasta 2.993, es decir, un balance de 57 vacantes más respecto al año anterior.

Tal y como expresaba ACAIP, las plazas ofertadas los últimos años no cubren las bajas vegetativas que se producen, por lo que el problema, "lejos de solucionarse, sigue estancado". Además, muchos trabajadores están cerca de la edad de jubilación, por lo que la situación podría ir a más. El déficit de personal pone en grave riesgo la seguridad del centro penitenciario, de sus trabajadores y la de los internos, afirman los funcionarios, y apuntan que este déficit de personal en las prisiones "podría haber sido el origen de la fuga de ‘El Pastilla’ del centro penitenciario de Madrid 2 (Alcalá-Meco) el pasado 23 de diciembre".

'El Pastilla' y la cárcel de Alcalá Meco.

Otra situación problemática en las prisiones es el importante incremento de las agresiones a funcionarios. El año 2023 cerró con un récord en este tipo de agresiones, con un total de 508, lo que supone un incremento del 12 por ciento con respecto a 2022. 

ACAIP denunciaba que se deben cambiar “las políticas sin consecuencias regimentales ante incidentes muy graves, señalando que los protagonistas de estos incidentes siguen haciendo vida normal en el módulo donde causaron los hechos”. También ven necesario formar a los trabajadores para enfrentarse a este tipo de situaciones, por lo que el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad resultaría clave a la hora de hacer frente al incremento de las agresiones a trabajadores.

Manifestación de ACAIP-UGT y CSIF.

Otra de las reivindicaciones es la falta de medios, que va ligada a la escasez de personal. Sin medios, denuncian, "los objetos prohibidos como teléfonos móviles o drogas, pueden ser introducidos con mayor facilidad en las prisiones", entre otros medios, a través de drones que, sin medios suficientes, tampoco son detectados. 

ACAIP-UGT reclama que las prisiones españolas no cuentan con sistemas antidrones. Y alertan de que el uso de drones había incrementado la probabilidad de introducir armas de fuego, lo que “expone gravemente la vida de todas las personas que trabajan o viven entre los muros de una prisión”. También denuncian que “los inhibidores de frecuencia existentes están obsoletos, ya que son del 2008 y solo sirven para las frecuencias 2G Y 3G”.

Un médico y la cárcel de Picassent.

El sindicato ACAIP también subrayó el déficit de plazas cubiertas en la sanidad penitenciaria. Según datos oficiales, de las 525 plazas de médicos existentes en las prisiones españolas 336 están vacantes, lo que significa que el 64 por ciento de las plazas está sin cubrir, una circunstancia a solventar teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeñan los médicos dentro de los centros penitenciarios. 

"Son una pieza clave del engranaje de los centros, ya que tienen la misión específica de atender a los internos a su ingreso y de hacer una valoración clínica y un cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas. Además, tienen un papel esencial en la detección precoz de enfermedades mentales y en la correcta administración de fármacos", explican desde ACAIP-UGT. Los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.