Caso Lucía Vivar: "El abogado de la familia y Adif podrían haber pactado reabrir el caso"

Después de más de cuatro años de la muerte de la pequeña Lucía Vivar, de tres años, en la Estación de Cercanías de Pizarra (Málaga), su familia no cesa en los esfuerzos por esclarecer lo que realmente ocurrió la madrugada del 26 al 27 de julio de 2017. El pasado mes de diciembre los padres de la menor conseguían nuevos testimonios con los que pretendían reabrir el caso para que se aclarasen las causas de la trágica muerte de la niña.

Aunque el caso se archivó en 2018, un juzgado contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional abría, en el verano de 2021, un procedimiento sobre la muerte de la menor y citaba a testificar al abuelo de la niña, al maquinista del tren que supuestamente la arrolló, a vigilantes de seguridad, a agentes de la Guardia Civil y a otros familiares. El letrado de la familia, Marcos García-Montes –que ejerce la acusación particular–, se dirigía a elcierredigital.com para explicar que "la autopsia realizada en el cadáver de la menor, determina una muerte de origen violento", versión que también sostienen los nuevos testigos.

Tal y como expresaba el abogado, su reclamación por presunta "perpetración delictiva" está dirigida a "Adif porque, sorprendentemente, salió un tren después de saber que había desaparecido una niña". La defensa de la familia de la menor también solicita la reapertura del caso para concluir la "práctica de diligencias necesarias que no fueron realizadas".

Según ha podido saber elcierredigital.com a través del Investigador y experto en Criminalística Carlos G. Barrett, "es posible que el abogado de la familia se haya unido a Adif en un pacto para que se reabra la investigación y se pueda buscar un culpable, quitando responsabilidad a la empresa".

El investigador Carlos G. Barrett.

Tal y como indica el investigador, "si la familia quiere que se haga justicia y no pretenden obtener beneficio económico de todo esto, la única forma de reabrir el caso es responsabilizar a Adif como dice el letrado". Además, añade que "los mismos vigilantes y el maquinista que declararon en diciembre, no lo quisieron hacer en un primer momento durante la investigación, no aportando datos sobre el suceso y estando de baja laboral durante varios meses. Sin embargo, ahora acceden a hablar y todos concuerdan en su testimonio".

A pesar de estas palabras, Carlos G. Barrett asegura a elcierredigital.com que "este posible pacto es un acto perfectamente lícito y podría servir para esclarecer lo ocurrid, reactivando una investigación por parte de los Cuerpos del Estado". Por otro lado, en declaraciones a este diario apunta que "hay alguna incongruencia dentro de lo que los vigilantes dijeron ver. En el informe policial se dice que ellos encontraron el chupete en el andén y sin embargo, los testigos aseguraron que alguien se lo entregó a la familia". 

Tal y como aclara el investigador, cercano a la investigación del fallecimiento de la niña, "hay detalles que no cuadran con la realidad, no por el hecho de que hayan mentido los investigadores sino porque la información recogida no es correcta, ya que no hubo motivación alguna por parte del juzgado".

Los alegatos del letrado de la familia que justifican la reapertura del caso

Por otro lado, el letrado García-Montes señalaba a elcierredigital.com otra incongruencia en la causa del fallecimiento de la pequeña Lucía que podría motivar la reapertura del caso. Según la Justicia, la niña murió de "un golpe accidental en la cabeza con los bajos del tren, el cual la arroyó. Así, en el hipotético caso de que se produjese de esta trágica forma, tras el correspondiente análisis científico, no se halló ni un solo resto de ADN de la menor en los bajos del mismo tren".

Antonio y Almudena, padres de Lucía.

Además, la defensa de la familia hizo una reclamación patrimonial contra el Ministerio del Interior y la Guardia Civil "pidiendo la indemnización correspondiente, que está recurrida". También solicitaron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales, ya que aseguran que no pudieron solicitar diligencias durante la instrucción de la muerte. En él han pedido que declarasen como testigos una serie de personas que disponían de información clave, según el letrado, que apunta a que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil tuvo lugar "descartando cualquier pista que no apuntalase la tesis accidental".

El investigador Carlos G. Barret, con el que ha podido contactar elcierredigital.com también coincide con el abogado García-Montes en que "la niña, de menos de tres años, no pudo caminar casi cuatro kilómetros desde el restaurante donde estaban sus padres hasta las vías cercanas a la localidad de Álora. Era totalmente de noche y tuvo que recorrer un terreno de piedra caliza poco practicable, sin embargo, la niña no tenía magulladuras ni en las palmas de las manos ni en las rodillas cuando fue encontrada". Por esto, tanto los padres de la pequeña, el abogado y el investigador, están seguros de que "la niña fue colocada en las vías en la posición en la que fue encontrada".