Policías y guardias civiles denuncian "desamparo" ante el aumento de agresiones a agentes

En plena escalada de las tensiones sociales por la situación política que vive el país las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran desamparados y obligados a actuar por orden de las fuerzas políticas que derivan el control de los operativos. Esta escalada de tensiones ha venido acompañada de agresiones a agentes de la autoridad, aunque se trata de una tendencia que lleva al alza desde la pandemia, ya que las agresiones a agentes han aumentado un 16 por ciento. 

Según los datos emitidos por el Ministerio del Interior en un informe enviado a modo de respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por parte del Partido Popular, las agresiones a los agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado se sitúan al alza en la primera mitad del año 2023. Ante la falta de medidas que puedan paliar esta situación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han vuelto a insistir en un comunicado la necesidad de atajar esta problemática. 

Nueva agresión a policías en Guarda Mar del Segura.

La mujer policía sale volando, hace lo que puede.#Alicante 📍🇪🇸 pic.twitter.com/KpEn3YEjPG

— 🔱⚜️🔰Predator🔰⚜️🔱 (@predatole) August 27, 2023

En una conversación con elcierredigital.com Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP, señala que "nos sentimos totalmente desamparados e ignorados porque no se atienden las solicitudes de reforma legislativa y medios que llevamos tiempo solicitando. Este incremento de las agresiones tiene que ver con la degradación del principio de la autoridad y con una falta de medios, materiales y formación continua. Nos preocupa mucho que esto vaya a más es importante que se tomen medidas cuanto antes".

"La clave de esta situación es la falta de contundencia a la hora de sancionar este tipo de conductas. Esto no desincentiva a la persona que ha cometido un delito para que no lo vuelva a cometer. No queremos que la gente vaya a prisión de forma inmediata, pero tampoco queremos lo que tenemos ahora. Cuando ocurren agresiones a jueces, a los fiscales y a los políticos se agravan las penas, pero cuando es a un agente de la autoridad no. Nosotros también somos funcionarios públicos".

 Comunicado conjunto de SUP y AUGC

Guardias civiles y policías reclaman “el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento de material necesario de defensa y protección ajustado a la situación actual. Los datos del primer semestre de 2023 son una evidencia más de la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día”.

A este aumento de violencia se le suma el 'efecto boomerang' que la difusión de estas agresiones puede provocar. En 2021 hubo un total de 665 agresiones físicas a la autoridad, mientras que en 2022 estas agresiones aumentaron hasta un total de 725. Solo en 2022 tuvieron lugar 10.000 detenciones por atentar contra la Policía Nacional.

🔴 Brutal agresión a un Guardia Civil esta tarde en Cangas de Onís, Asturias: El individuo, que había sido interceptado minutos antes por la Policía Local, tras el aviso de unos vecinos por su actitud "muy agresiva", le propinó una patada en la cabeza al agente tras caer al suelo pic.twitter.com/EVSDJGEcJd

— Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) August 20, 2023

Ambos sindicatos explican que “los guardias civiles y policías continúan esperando el día en que se igualen sus condiciones socio-laborales a las del resto de cuerpos policiales, con una jubilación digna y el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, la reclasificación al grupo B, una cadencia fija de turnos de servicio que permita la conciliación laboral y familiar, medios profesionales para ejercer nuestra labor policial con garantías, como chalecos antibalas individuales y pistolas Taser o un reparto equitativo y justo de la productividad con la implantación de servicios extraordinarios retribuidos dignamente”. 

Son varios los motivos que explican lo altas que son las cifras respecto a agresiones a agentes de la autoridad, pero “los más comunes son la falta de respeto a los agentes de la autoridad, plantillas mermadas, sensación de impunidad y desprecio a las normas por parte de la población. Además agredir a un agente sale gratis, ya que solo se les sanciona con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros, es una situación insostenible y grave”, recalcan en el comunicado.

La situación de la calle está en una continua evolución. La Guardia Civil y la Policía deben preocuparse por los riesgos diarios que surgen y se afrontan. Cuando la integridad física peligra, la protección de los trabajadores tendría que ser “primordial” y actualmente no existen chalecos antibalas para un uso individualizado y la dotación de pistolas Taser no llega a todos los puntos de España. Esto pese a que sus cámaras son imprescindibles para obtener pruebas de los delitos e intervenciones. Faltan medios técnicos y materiales para poder realizar el trabajo en números, destinos y especialidades.

Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

A su vez, en los últimos años ha habido una reducción en el número de efectivos en muchas fuerzas de policía debido a las jubilaciones tanto voluntarias como forzosas que se han producido. AUGC y SUP indican que “el Gobierno ha respondido de manera lenta en lo que respecta a las tasas de reposición. Desde AUGC y SUP, llevamos años reclamando que se endurezcan las penas y se recupere el principio de autoridad con urgencia para acabar con este lastre de las agresiones contra la autoridad, así como mayor protección jurídica, aumentar penas de atentado contra Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más medios”.

“No podemos dejar que cada año las cifras vayan en aumento con respecto al año anterior. Para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica, sino voluntad política para acabar con la discriminación de ser los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada, que se ven abocados a estar en servicio en una profesión que el Gobierno se niega a reconocer como profesión de riesgo, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes quedan excluidos de este reconocimiento”, concluyen en el comunicado.