La compañía presidida por Josu Jon Imaz dice que lidera la transición energética a pesar de que el 99% de sus ingresos procede de no renovables
Varios frentes amenazan a Repsol: Caída de beneficios, denunciada por 'ecopostureo' y con problemas reputacionales
Varios frentes atenazan a Repsol, que está resquebrajando su eterna paz interna después de encadenar diversas malas noticias. La compañía presidida por Josu Jon Imaz está siendo incapaz de frenar su caída de beneficios, ha recibido una denuncia de Iberdrola por "competencia desleal" y está sufriendo problemas reputacionales tras advertir que podría suspender sus inversiones en España si este 2024 se mantenía el impuesto extraordinario a las energéticas, tal y como se confirmó a finales del pasado año.
La cotizada ha ganado 969 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo cual supone un 12,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. "Nuestro comienzo de año demuestra la solidez del proyecto de Repsol, que dará un nuevo paso adelante gracias a la Actualización Estratégica 2024-2027", dice Imaz.
El directivo asegura que siguen "evolucionando nuestros negocios, con una oferta de multienergía única en España, avanzando con hechos tangibles en la descarbonización e invirtiendo de forma rentable para garantizar el futuro de la industria y el empleo".
Lo cierto es que el recorte de beneficios supone un nuevo jarro de agua fría para la compañía, que hace unas semanas señaló que la bajada del precio del crudo y gas era el principal motivo de la caída de beneficios en 2023 de Repsol, que ganó 3.168 millones que supusieron una caída del 25,5% respecto al curso anterior.
Al menos Imaz pudo sacar pecho por el recorte de la deuda (que cayó 160 millones hasta los 2.096 a fecha 31 de diciembre de 2023) mientras enfila la crisis derivada de la denuncia que le ha interpuesto Iberdrola, que le ha denunciado por "competencia desleal" al señalar en publicidad que son "líderes en transición energética" cuando el 99,4% de sus ingresos procede de recursos no renovables.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
Imaz mostró su enfado por la denuncia: "No nos va a distraer la demanda de Iberdrola que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino a funcionar en un entorno regulado como es el del mercado eléctrico, cuyas normas salen publicadas en el BOE".
"Quieren limitar la competencia el crecimiento de un operador como Repsol, emergente en el sector eléctrico. Parece que lo que realmente les preocupa es que nuestros clientes se beneficien de los servicios, de productos, y descuentos y accedan a una oferta multienergía que satisface cualquier necesidad en el hogar y en el transporte", añadió.
Imaz se molestó de la pinza conformada por Iberdrola y la ministra Teresa Ribera, a la que Imaz apuntó en público: "¿La ministra quiere cerrar las refinerías? Generan 28.000 empleos directos, indirectos e inducidos. ¿Es lo que queremos para nuestra sociedad y nuestros jóvenes? Repsol tiene una apuesta clara por los combustibles renovables. Una apuesta por reducir las emisiones en el transporte sin que la factura la pague la sociedad y sin que se cargue esta factura sobre las personas con menos recursos de la sociedad".
El presidente de Repsol dice que quiere contribuir a realizar una transición ecológica en la que "el ciudadano no se vea obligado a cambiar de coche o a financiar con sus impuestos subvenciones que no están consiguiendo el objetivo, que es reducir las emisiones de CO2".
Es evidente que la denuncia supone un grave golpe contra la empresa, que en los últimos tiempos quiere hacer inaudible las denuncias por realizar ecopostureo. "En los primeros meses del año, Repsol ha dado pasos decisivos para profundizar en la descarbonización de sus negocios. Destaca el inicio de la producción a gran escala de combustibles renovables en su nueva planta de Cartagena", señalan.
La empresa también recuerda que a finales de este pasado mes de marzo Repsol alcanzó una alianza estratégica con la compañía Bunge para incrementar el suministro de materias primas para producir combustibles renovables tras haber adquirido el 40% del desarrollador de plantas de biogás Genia Bionergy y el 100% del promotor de energías renovables estadounidense ConnectGen.
Elcierredigital.com se ha puesto en contacto con Repsol para participar en este reportaje sin que al cierre de la presente edición hayamos recibido respuesta.
Beneficios caídos del cielo
Mejorar ingresos para domar la inflación con la recaudación extraordinaria de banca y eléctricas fue el origen de los impuestos extraordinarios erigidos por el Gobierno el pasado año ante ambos sectores empresariales, que todavía se duelen del golpe.
Las urnas no provocaron este pasado año el cambio político deseado por las eléctricas, que pidieron por activa y pasiva al Ejecutivo que aparque un impuesto con los 'beneficios caídos del cielo' que elevan a las petroleras, eléctricas y gasistas al ritmo de los altos precios.
"Los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores", aseguró entonces el presidente Pedro Sánchez.
Repsol no protestó el pasado año tras la aprobación de un impuesto con el que España seguía la senda emprendida por países escasamente 'socialcomunistas' como Reino Unido, Francia o Portugal. Pero la decisión del Gobierno de mantenerlo en 2024 motivó el enfado de su CEO Josu Jon Imaz, que aparcó su perenne cordialidad al advertir a La Moncloa que Repsol suspendería algunas inversiones en España si continúa con el impuesto a los beneficios extraordinarios.
Inversiones en España
Repsol acaba de anunciar que entre 2024 y 2027, la compañía prevé invertir entre 16.000 y 19.000 millones de euros netos: un 60% dedicado a la Península Ibérica y más de un 35% a proyectos bajos en carbono.
Josu Jon Imaz.
Este anuncio supone un cambio de tono, presumiblemente por el interés de la compañía de mejorar los problemas reputacionales que arrastra en los últimos meses. Éstos se agravaron cuando una de sus principales filiales, Petronor, dejó en el aire la ubicación de la planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en Euskadi por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España.
Al calor del enfado por el mantenimiento del impuesto a las energéticas, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra afirmó que "esa planta industrial estará en stand-by, porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible".
Repsol sopesaba retirar los 1.500 millones de euros de inversiones que tenía previstos en Bilbao, Tarragona y Cartagena y Comisiones Obreras salió en tromba contra Imaz por su "obscena" advertencia.
El secretario general del sindicato, Unai Sordo, afirmó que "ninguna empresa va a desinvertir en un país simple y llanamente porque se mantenga un impuesto que tiene una afectación muy limitada sobre sus beneficios".
El líder sindical lamentó que haya empresas que "se permitan amenazar, siquiera veladamente, a un estado democrático y cree que empresas como Repsol "funcionan casi como en oligopolios, con beneficios muy importantes, que la situación de costes energéticos y del aumento de los tipos de interés les han procurado incluso más beneficios".
La compañía, por su parte, señaló que Repsol Petróleo acaba de superar a Mercadona como la compañía que más factura y la que más impuestos paga en el Estado.
