Ultimátum al intervencionismo del Gobierno: Claves 'guerra' para que Repsol siga en España

El intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a encontrar una respuesta negativa en una de las principales compañías energéticas de nuestro país, Repsol. Tras el anuncio de Moncloa de que mantenía el impuesto a las energéticas, por el que el Estado se ingresa alrededor de 2.000 millones de euros, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha declarado durante una jornada dedicada al hidrógeno que las inversiones en hidrógeno que planeaba en nuestro país -de unos 1.500 millones de euros- podrían recalar en Portugal o Francia si la compañía encuentra algún impuesto en España que no exista en los países vecinos. De esta manera, Brufau reitera las 'amenazas' que ya lanzó el CEO de la energética, Josu Jon Imaz, y que fueron recogidas por este medio.

Antonio Brufau, el líder de Repsol, ha hecho hincapié en la importancia de contar con condiciones legales y fiscales estables para las inversiones en hidrógeno que planean realizar en España. Tal y como ha subrayado Brufau durante su intervención en unas jornadas dedicadas al hidrógeno, las inversiones que valora en esta materia necesitan un marco fiscal atractivo y competitivo respecto al de las regiones vecinas o, de lo contrario, no se llevarán a cabo.

Brufau parece tenerlo muy claro en caso de encontrar ‘escollos’ fiscales en nuestro país: "si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia", ha expresado el presidente de Repsol.

Antonio Brufau, presidente de Repsol

Además, el presidente de Repsol ha subrayado la importancia de tener una perspectiva a largo plazo y que las inversiones en el sector energético requieren “tiempo y madurez”. Por otra parte, Brufau ha criticado la decisión de mantener un impuesto transitorio para las empresas energéticas españolas basado en beneficios hipotéticos, calificándolo de "incomprensible". 

El líder de Repsol ha señalado que esta carga fiscal coloca a las empresas en una “desventaja competitiva” y ha instado al gobierno a proporcionar estabilidad, políticas razonables e incentivos claros para retener el talento en España y aprovechar el potencial de crecimiento del hidrógeno.

Una llamada de atención también para Europa

Además, el presidente de la energética ha expresado que Europa necesita consolidarse como un mercado unificado con regulaciones energéticas e industriales similares en todos sus países. Según Brufau, mientras esto no ocurra, la UE no podrá competir y las empresas europeas se verán limitadas en comparación con Asia y América, donde sí encuentran incentivos para crecer y expandirse a otras regiones.

Por otra parte, las malas noticias de Brufau vienen acompañadas del hecho de que, si esta situación persiste, se observará una pérdida de empleos y un retroceso medioambiental. Así lo sostiene el presidente de Repsol, que señala que “como consecuencia inevitable” se producirá la deslocalización de la industria debido a la incapacidad de competir de la Unión Europea frente a otras potencias.

Es por ello que el presidente de la energética ha hecho un llamamiento a Europa para asumir la responsabilidad de sus acciones y tomar decisiones sensatas que protejan su industria, evitando generar una desventaja competitiva debido a cuestiones medioambientales que simplemente exportan las emisiones reducidas en el continente europeo a Asia.

Una ‘amenaza’ que ya venía advirtiendo Repsol

Tal y como informó elcierredigital.com el pasado mes de noviembre, la compañía Repsol no protestó el pasado año tras la aprobación de un impuesto con el que España seguía la senda emprendida por países escasamente 'socialcomunistas' como Reino Unido, Francia o Portugal.

Pero la decisión del Gobierno de mantenerlo en 2024 ha motivado el enfado de su CEO Josu Jon Imaz, que aparcó su perenne cordialidad ya mostrada en sus años como presidente del EAJ-PNV para advertir a La Moncloa que Repsol reubicar algunas inversiones previstas en España si continúa con el impuesto a los beneficios extraordinarios. Repsol había dispuesto invertir 1.500 millones de euros en Bilbao, Tarragona y Cartagena. Ahora, aquellas advertencias parecen resurgir más fuertes que nunca de la mano del presidente Brufau.

Josu Jon Imaz

De hecho, hasta la filial de Repsol, Petronor, también dejó en el aire la ubicación de la planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en Euskadi por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España. Tal y como recogió este medio, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmó que "esa planta industrial estará en 'stand-by', porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible". 

Tal y como informó este medio, en el Gobierno echaron mano del PNV y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para intentar buscar una reconciliación con Repsol. Los mediadores podrían evitar que la energética paralice los 1.500 millones de euros de inversiones e intentar que Imaz vuelva a la senda de la cordialidad con el Gobierno, que el pasado año le apoyó para que se convirtiera en el presidente del Patronato de la Fundación Consejo España-EEUU (que busca reforzar los vínculos comerciales entre ambos países).

Por otra parte, parece que los movimientos de Petronor en España no han cesado pues las últimas noticias sobre las inversiones de la filial de Repsol señalan que Petronor junto al Puerto de Bilbao, el Puerto de Ámsterdam y Duisport, EVE, Evos Amsterdam y Zenith Energy Terminals, acordaron de manera formal explorar la posibilidad de crear una ruta europea para el transporte de hidrógeno renovable que conecte España, Países Bajos y Alemania, a través de un Memorando de Entendimiento (MoU).

La ‘guerra’ del Gobierno con las energéticas

El caso de Repsol no es el único que involucra a una energética ‘enfadada’ con el Gobierno pues la aprobación del Real Decreto-ley (RDL) 17/2021 del 14 de septiembre, que introdujo una minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones estaban percibiendo como consecuencia de la internalización en el precio de la electricidad del alza del gas, acabó en una ‘guerra’ entre el Gobierno con Endesa, Naturgy e Iberdrola.

El enfado de Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola) fue público entonces. El directivo amenazó con paralizar sus inversiones en España y denunció la presunta "inseguridad jurídica" que sufre el país.

La vicepresidenta tercera, y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le contestó entonces: "el señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles".