Alarma ante la agenda intervencionista de Pedro Sánchez para controlar las empresas estratégicas españolas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón accedió a La Moncloa el 2 de junio de 2018 sin mochilas que condicionasen su acción de Gobierno. El socialista, renegado por muchos de los suyos, carecía de apoyos en el Ibex35 y había mostrado su distancia emocional hacia el funcionamiento de compañías como Telefónica (a cuenta de César Alierta) o el Banco Santander.

La implicación de ambos en el giro conservador del Grupo Prisa, que tanto contribuyó a que fuese descabalgado al frente de la secretaría general socialista de 2016, le dejaba libre de pies y manos para abordar la economía autóctona.

Pero su decisión de fiarla a una persona con pedigrí de Bruselas como Nadia Calviño tranquilizó al empresariado patrio, que creyó que Sánchez iba a abstenerse de intervenir en la economía española.

Craso error

Sánchez no arrancó con demasiadas preocupaciones respecto a la economía, que le ha ido de cara en los últimos años, pero el aumento de su poder a cuenta de sus éxitos electorales ha conllevado que crezca su apetito a la hora de intervenir empresas privadas 

Ejemplo de ello es Telefónica, que podría volver a contar con accionariado público si la SEPI ejerce de contrapeso a la irrupción saudí de STC. Indra, controlada de facto por el 'sanchismo', también podría ser otro de los arietes utilizados por La Moncloa en la teleco.

Ambiciones incluso superiores se le presumen a Sánchez en Telefónica desde voces como la de Jesús Cacho, que barrunta que La Moncloa pretende descabalgar a Álvarez-Pallete en favor de la eterna cuota socialista en el Consejo de la teleco. 

De Paz, secretario general de las Juventudes Socialistas en tiempos de Felipe González o íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero, no lo tendrá fácil para ser elegido en vez de uno de los escasos empresarios que gozan de la confianza de Sánchez, Álvarez-Pallete. 

No es la única

Telefónica no es ni mucho menos la única compañía vigilada por Sánchez, cuya previsible intervención enfadará a Caixabank (que previsiblemente callará y no aumentará su participación) y al BBVA (que posiblemente venderá sus acciones).

Y es que el Gobierno de Sánchez ha guerreado en público contra energéticas y banca, se ha peleado con la 'fugada' Ferrovial, ha evitado la segregación de Naturgy en dos compañías y ha dejado clara su falta de sintonía con Ana Patricia Botín, que alardea de feminismo y ecologismo pese a la masculinización de la cúpula del Banco Santander (y su propensión a financiar negocios relacionados con el carbón).

A excepción de Inditex, ajena a las regulaciones gubernamentales, no hay gran compañía española que no ande inquieta con Sánchez, que en el caso de Telefónica va camino de seguir la doctrina que le marcó Podemos a través de su secretaria general Ione Belarra.

La ministra de Asuntos Sociales, en relación con la compra de acciones de la teleco por parte de STC, afirmó que "además de reducir al 5 por ciento el control de compra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debería lograr una participación pública del 10 por ciento en Telefónica en próximos años para liderar la digitalización".

Guerra contra las energéticas

"Los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores", aseguró hace dos años Pedro Sánchez ante la escala de los precios de la luz y el gas.

Pedro Sánchez. 

Esta situación provocó que el Gobierno central aprobase un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas similar al que funciona en países como en Reino Unido, Francia o Portugal.

La aprobación del Real Decreto-ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre, que introdujo una minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones estaban percibiendo como consecuencia de la internalización en el precio de la electricidad del alza del gas, acabó en guerra del Gobierno con Endesa, Naturgy e Iberdrola.

El enfado de Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola) fue público entonces. El directivo amenazó con paralizar sus inversiones en España y denunció la presunta "inseguridad jurídica" que sufre el país.

La vicepresidenta tercera, y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le contestó: "El señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles".

Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, antes de las últimas elecciones generales intentó lanzar guiños a las energéticas al prometer que acabaría "con las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista de la electricidad".

Advertencia de Repsol

Ahora el enfadado ha sido el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, por la decisión del Gobierno de no eliminar el impuesto. Esta última obtuvo un resultado neto de 2.785 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supuso un 14% menos que en el mismo período de 2022.

Imaz ha amenazado al Gobierno con frenar las inversiones previstas por Repsol, cuya filial Petronor ha dejado en el aire la ubicación de la planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en Euskadi por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmó que "esa planta industrial estará en 'stand-by', porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible".

Respol había previsto invertir 1.500 millones de euros Bilbao, Tarragona y Cartagena, pero ahora Imaz ha dejado estas apuestas en el alero.

El caso Naturgy

Otro de los focos de conflicto del Gobierno ha sido la apuesta de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera por evitar que Naturgy se escinda en dos sociedades, tal y como pretende su presidente Francisco Reynés.

El conocido como 'Proyecto Géminis', que contemplaba escindir la compañía en dos empresas (una para negocios regulados y otros liberalizados), fue torpeado por La Moncloa para enfado de Caixabank, accionista de referencia de la gasista.

Guerra contra Ana Patricia Botín

La subida de los tipos de interés decidido por el BCE está disparando los beneficios de los principales bancos. El Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtuvieron beneficios en España de 12.566 millones de euros durante el primer semestre del presente ejercicio. De ellos, 5.241 los ha obtenido el banco presidido por Ana Patricia Botín.

A raíz de esta situación, el Gobierno de España dio luz verde hace unos meses a un impuesto de la banca que impone un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en España.

Este impuesto y el de las eléctricas ha dotado al Estado de 1.500 millones de euros que han servido para reducir el déficit. El Banco Santander, dolido con La Moncloa, llegó a utilizar la web del banco, que no suele darse a comentar actualidad, para decir que el impuesto era "un fraude de ley, al eludir trámites parlamentarios esenciales para aprobar un impuesto, presenta graves problemas desde el punto de vista constitucional y vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario".

En otro artículo, el Santander añadía: "Resulta chocante la imposición de un gravamen que elude la consulta pública y todo informe preceptivo previo, es ineficaz para luchar contra la inflación, además de tener efectos negativos en el crédito (50.000 millones menos según estimaciones del sector), en el PIB y en el empleo (destrucción de entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo). Además, acrecienta la inseguridad jurídica entre los inversores y reduce el retorno para los 6 millones de accionistas minoristas que tienen invertidos parte de sus ahorros en el sector bancario".

Ana Patricia Botín. 

La falta de sintonía entre Pedro Sánchez y Ana Patricia Botín es pública y notoria y está originada en la cercanía de la banquera con su protegido Javier Monzón, que ejercía de presidente del Grupo Prisa cuando el actual presidente del Gobierno era calificado por El País como un "insensato sin escrúpulos".

La guerra con Ferrovial

Otro directivo que denunció la presunta inseguridad jurídica española, pese a que la inversión extranjera en España está en ritmos de récord, fue Rafael del Pino, que intentó justificar el cambio de la sede social de Ferrovial a Ámsterdam por su intentona de saltar a la Bolsa estadounidense.

El salto se ha saldado en fracaso, ya que la Bolsa holandesa ha dado la espalda a la constructora, que reconoce en un documento remitido a la CNMV que "la fusión y redomiciliación de la sociedad matriz del grupo a los Países Bajos podrían tener un impacto negativo en su imagen corporativa en España, lo que, a su vez, podría tener un efecto material adverso en la posición competitiva del grupo y, a su vez, en el precio de cotización de sus acciones, su negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas".

"Las autoridades fiscales españolas podrían considerar que la fusión queda fuera de la protección del régimen especial de neutralidad fiscal, lo que podría tener un efecto material adverso en el negocio, la situación financiera y los resultados de operaciones del grupo", añadían.

Sea como fuere, es evidente que el Gobierno ha aumentado sus conflictos en el campo empresarial en los últimos tiempos y, este miércoles, a cuenta del Inversor Day, esta situación podría evidenciarse.