28 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

El magistrado del caso decreta su archivo porque "no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral" de las querellantes

Grabar a mujeres mientras orinan no es delito: La Justicia desestima la denuncia de las víctimas de A Maruxaina

Vecinas de San Cibrao durante las protestas convocadas.
Vecinas de San Cibrao durante las protestas convocadas.
Un centenar de mujeres fueron grabadas mientras orinaban en la calle durante las fiestas de A Maruxaina, en la localidad lucense de San Cibrao. No sabían que las estaban captando, ni mucho menos imaginaban que esas imágenes acabarían circulando en páginas web porno gratuitas y de pago. Ahora, la Justicia ha archivado el caso por segunda vez porque "no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral de las querellantes". Una decisión que ya han recurrido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro que instruyó la causa por las imágenes colgadas en webs de contenido pornográfico de 87 mujeres que fueron grabadas sin su consentimiento con cámaras ocultas mientras orinaban en un callejón de San Cibrao, en 2019, durante la multitudinaria fiesta de A Maruxaina, se ha ratificado en su decisión de decretar el archivo del caso, desestimando todos los recursos que se presentaron contra el archivo provisional. 

El magistrado no entiende que se haya producido un delito contra la integridad moral, "habida cuenta de que en los hechos denunciados no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral de las recurrentes" y argumenta que los hechos denunciados no constituyen un delito contra la intimidad o el derecho a la propia imagen porque las imágenes se obtuvieron en la vía pública. 

Un criterio en contra del que se manifiestan las propias afectadas. En este sentido, Juan Rivera, letrado de Egolegal Abogados, un despacho que representa a cerca de una veintena de víctimas, afirmaba hace una semanas a elcierredigital.com que las mujeres afectadas por las grabaciones estaban en un lugar apartado, lejos de la vista de cualquier persona,  y que el autor o autores de los hechos utilizaron artificios de grabación de forma insidiosa, por lo que "aunque no existe precedente como tal, sí se han dado casos en la justicia similares, como en baños públicos, por lo podría llegar a valorarse de otra manera a la defendida por el juez de Viveiro". 

Uno de los vídeos subidos por el individuo responsable de las grabaciones ocultas en las fiestas de A Maruxaina. 

Desde los colectivos recurrentes, como Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei) y víctimas de las grabaciones a título particular, se niegan a tirar la toalla y, de hecho, ya han recurrido el archivo en la Audiencia Provincial. Su lucha la describe a la perfección Paloma Maseda, una de las mujeres que pone voz a este caso, que explicaba a elcierredigital.com que “la decisión del magistrado sienta un precedente peligroso y otorga total impunidad a los autores de las imágenes, contribuyendo a que estas personas lo sigan haciendo, no solo con mujeres adultas, sino con niñas y con menores, que es más grave".

“Ya no se trata únicamente de que tengamos razón o no, sino de identificar a la persona que lo hizo y ponerle freno tanto a ella como a las páginas que están difundiendo los vídeos y que se están lucrando con ellos”, explica Paloma que, además, reivindica una regulación que “les quite las ganas de que lo vuelvan a hacer” para que las que vienen detrás no tengan que pasar por lo mismo.

Violencia sexual 

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, "hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual". Así de rotunda se ha manifestado en un tuit publicado este martes a raíz del archivo, por segunda vez, de este caso. 

Al respecto también se ha pronunciado la conselleira de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, que, aunque manifestó su "respeto máximo" a la decisión del juez, expresó su rechazo a conductas como la ocurrida, que "afectan a la dignidad e intimidad de las mujeres", y ha pedido una regulación para luchar contra ellas.

La misma que piden las propias víctimas, que denuncian el desamparo institucional, y la falta de diligencias por parte de las autoridades para dar con los autores de las grabaciones.

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