'El desastre de Annual' (III): Las claves del 'Expediente Picasso' sobre Alfonso XIII

Para comprender con exactitud qué fue el llamado ‘Desastre de Annual’, que costó la vida a más de 12.000 soldados españoles, lo más adecuado sería reproducir íntegramente el célebre ‘Expediente Picasso’. Este informe fue elaborado por el general Juan Picasso, por encargo del Gobierno y de las Cortes.

El objetivo era esclarecer las causas del colapso militar sufrido en el Protectorado de Marruecos. Sin embargo, reproducir el expediente completo resulta inviable. Está compuesto por diez piezas y más de 2.400 folios. Por ese motivo, en este texto solo se transcribe la introducción a sus conclusiones. Ese fragmento, aunque reducido, ocupa unas 300 páginas.

El cronista Van den Brulen, en un artículo publicado en ACV, resume así el contenido del informe: “De él se derivan claras responsabilidades penales, según la postura mantenida por la fiscalía.” No obstante, estas posibles responsabilidades quedaron sin efecto. El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, con la aceptación tácita del rey Alfonso XIII, puso fin a cualquier investigación.

La intervención del monarca en la planificación y supervisión de las operaciones militares fue tan directa que, según Van den Brulen, podría hablarse de una auténtica ‘teledirección’ de la guerra. Esta intromisión dejó en segundo plano a otros oficiales competentes, que apenas pudieron influir en las decisiones estratégicas.

Ante la amenaza de que esa implicación del rey saliera a la luz, el Expediente Picasso fue archivado. El silencio que lo rodeó fue absoluto. Se elaboraron cerca de veinte copias, pero con el tiempo todas desaparecieron. Hoy solo se conservan menos de 300 folios de los más de 2.400 que llegó a tener el documento original. Para el propio general Picasso, fue un informe comprometido y arriesgado.

Van den Brulen añade otro episodio revelador. Hace referencia a las palabras que pronunció Alfonso XIII al conocer que Abd el Krim pedía un rescate de cuatro millones de pesetas por 600 soldados españoles capturados. Estos hombres, según relata el cronista, estaban atrapados en un barranco. Sufrían agotamiento extremo, deshidratación, frío y hambre. Llegaron a beber su propia orina y a comer lagartijas para sobrevivir. Ante la solicitud de rescate, el rey comentó con ironía: “Qué cara se paga la carne de gallina”. Los prisioneros no fueron liberados.

La mayoría había sido enviada a Marruecos porque no pudieron pagar la redención del servicio militar obligatorio. Murieron abandonados por un sistema que los trató como carne de cañón, al servicio de los intereses económicos de la Corona, del conde de Romanones, de Juan March y de otros empresarios con presencia en el Protectorado.

La instrucción del caso

El Gobierno dictó una Real Orden el 4 de agosto para iniciar una investigación oficial sobre los hechos ocurridos en la Comandancia General de Melilla durante el mes de julio del año anterior. El objetivo era esclarecer las circunstancias militares que rodearon el colapso. El Juzgado tomó como punto de partida el momento en que el comandante general del territorio superó, de forma imprudente, los límites racionales de sus medios.

No evaluó correctamente el contexto político ni respetó las directrices del Alto Mando. Sin esa preparación adecuada, ordenó una incursión en la cabila de Tensamán, cruzando el río Amekrán, con la intención de alcanzar el río Nekor y la bahía de Alhucemas.

Esta operación comenzó con la ocupación de monte Abarrán. Fue una maniobra breve, sin planificación, ni medios logísticos adecuados. Su desenlace inmediato fue la catástrofe.

Dudas sobre la actuación del Alto Mando

El informe sugiere que el Alto Mando no dio su pleno respaldo a esta operación. Si bien existía un plan para actuar en esa zona, en aquel momento el Alto Comisario estaba centrado en sofocar la rebelión de los Beni Arós, en la región de Yebala. Tensamán no era una prioridad. Además, esa cabila ofrecía una fuerte resistencia.

Su oposición se veía reforzada por la harca de Beni Urriaguel, bien armada y organizada, que operaba desde la región de Iguelman. La inteligencia militar advertía que pretendían arrastrar a otras cabilas vecinas a la insurrección. Aunque se pensaba que los tensamaníes estaban aislados en su actitud, el riesgo era evidente.

En una carta fechada el 17 de abril, el Alto Comisario reconocía que la ocupación de Alhucemas no era una prioridad inmediata. Desde el punto de vista militar, la consideraba una operación menor, aunque reconocía las dificultades que implicaba.

Una autorización peligrosa

El comandante general de Melilla había recibido autorización para cruzar el Amekrán. La intención era mejorar su posición estratégica para acciones futuras. Sin embargo, esta autorización dependía de que existieran condiciones políticas favorables. En ese momento, el equilibrio con Beni Urriaguel ya se había roto.

Era probable que las fuerzas enemigas hubieran reforzado su presencia en la fracción de Trugut, en Tensamán. El terreno era complicado. Las cumbres ofrecían posiciones defensivas fuertes. Si la acción política no lograba neutralizar esa resistencia, el enfrentamiento armado era seguro.

La autorización, aunque condicionada, resultó arriesgada. El comandante general estaba decidido a alcanzar Alhucemas a toda costa. Esa determinación obsesiva quedó reflejada en sus declaraciones y acciones, que el propio informe recoge.

Límites de la investigación judicial

El Juzgado intentó esclarecer hasta qué punto esa autorización inicial permitía las operaciones que condujeron al desastre. Para ello, solicitó al Alto Comisario de Marruecos su valoración y envió al Ministerio de la Guerra una petición formal de documentos. Estas solicitudes, sin embargo, no recibieron respuesta directa. El 24 de agosto se dictó una Real Orden que limitaba el ámbito de la investigación.

Se ordenaba que el Juzgado no indagara sobre los planes, decisiones o acuerdos del Alto Mando. Solo debía centrarse en los hechos concretos protagonizados por jefes, oficiales y tropa. El objetivo era establecer si se habían incumplido las normas fijadas por las Ordenanzas militares.

Esta decisión recortaba significativamente el margen de actuación del Juzgado. Le impedía investigar las causas estructurales o políticas del desastre. Por ese motivo, el juez instructor elevó una queja formal al ministro de la Guerra durante su primera visita al territorio. Este, al conocer los detalles, accedió a modificar el criterio inicial.

El 1 de septiembre se dictó una nueva Real Orden. En ella se ampliaba el alcance de la investigación. Aunque se mantenía fuera del análisis la actuación del Alto Comisario —jefe supremo del Ejército de África—, se autorizaba la revisión de todo lo hecho por el resto del personal sin excepción.

Uso de documentos filtrados

El Juzgado dejó constancia de que, aunque algunos documentos no le habían sido entregados oficialmente, ya estaban en conocimiento público. Habían sido publicados en Heraldo de Madrid el 22 de octubre y en el Boletín Oficial del Congreso en las sesiones del 21 y 25 de ese mes. Por ello, consideraba legítimo utilizarlos como base de trabajo.

También se dispuso, por orden telegráfica del 6 de septiembre, que si se confirmaba la existencia de delitos derivados de los hechos investigados, se abriera instrucción judicial formal. Se formarían tantos procesos como fuera necesario, en función de la naturaleza y conexión entre los sucesos.

Declaraciones de los prisioneros

El 20 de agosto, el general en jefe envió una orden clara. Todo prisionero rescatado o desertor procedente del campo enemigo debía comparecer ante el Juzgado antes de tener contacto con otras personas. Dada la imposibilidad de recibir tantas declaraciones de forma inmediata, se habilitó al teniente coronel Vicente Calero Ortega, del Estado Mayor, para que recogiera testimonios previos. Cuando esos relatos se consideraban relevantes para el procedimiento, se formalizaban como declaraciones juradas y se incorporaban al expediente.

Obstáculos en la investigación

El Juzgado también encontró muchas dificultades de otro tipo. Gran parte del territorio estaba perdido. Muchas unidades habían sido aniquiladas, capturadas o dispersadas. Solo un reducido grupo de supervivientes había podido comparecer ante el tribunal. Con el tiempo, se fueron sumando algunos liberados. Sin embargo, no todos los testigos ofrecieron una declaración veraz o espontánea.

Algunos hablaron con excesiva cautela. Otros se centraron en destacar su papel personal, buscando reconocimiento o protección. Varios ofrecieron versiones destinadas a encubrir errores, omisiones o responsabilidades propias o ajenas.

La investigación se vio entorpecida por estos obstáculos. Algunos testigos solo accedían a declarar sobre determinados hechos si las preguntas eran formuladas de forma concreta. No querían que sus afirmaciones se interpretaran como opiniones personales, sino como respuestas forzadas por la pregunta.

Selección de testigos y contraste de versiones

El criterio seguido por el Juzgado fue interrogar, en primer lugar, a los testigos de mayor relevancia. Se dio prioridad a quienes tuvieron una participación directa y significativa en los sucesos. Se valoró su grado, responsabilidad y conocimiento de los hechos. Luego se procedió a escuchar a otros militares, funcionarios civiles, paisanos de la zona y hasta cantineros de los campamentos. Se intentó contrastar las declaraciones entre sí y con otras fuentes.

A pesar de ello, no siempre se logró obtener una versión coherente. En algunos casos, todos los posibles testigos habían fallecido o no se habían presentado. En tales situaciones, resultaba imposible reconstruir los hechos con rigor.

Incorporación de antecedentes clave

Para orientar su labor, el Juzgado también incluyó en el expediente varios documentos previos. Destaca especialmente el informe del coronel Gabriel Morales Mendigutía, jefe de la Oficina Central de Asuntos Indígenas y de la Policía del territorio de Melilla.

Este informe fue incorporado al expediente por iniciativa de su familia. Posteriormente, algunos de sus contenidos fueron divulgados en el Congreso de los Diputados. El documento resultó muy útil para comprender el contexto previo a la tragedia de Abarrán.

Informe del 16 de febrero de 1921

En ese informe, fechado el 16 de febrero, el coronel Morales advertía sobre los riesgos de los avances militares realizados a finales de 1920 y principios de 1921. Señalaba que las cabilas de Beni Said y Beni Ulixech habían sido ocupadas rápidamente. Nuestra línea ofensiva se extendía ya hasta la zona fronteriza de Tensamán.

Sin embargo, esta expansión había sido demasiado acelerada. Morales insistía en la necesidad de consolidar los territorios recién ocupados. Recordaba que la fracción de Trugut, aún resistente, mantenía contacto directo con los Beni Urriaguel, que lideraban el foco principal de oposición.

Según el coronel, las cabilas de Tensamán y Beni Tuzin eran el objetivo inmediato. La ocupación de Sidi Dris, prevista para marzo, ya se había producido.  Nuestra línea se extendía desde el mar, pasando por Annual e Izúmar, hasta Azrú, en la región del Midar.

Morales opinaba que se había alcanzado el límite logístico y operativo de las fuerzas disponibles. Afirmaba que no se podía avanzar más sin correr graves riesgos. Lo indicaba de forma clara: la línea alcanzada debía considerarse el punto máximo de elasticidad de la Comandancia.

Advertencias ignoradas por el mando

El propio comandante general reconoció, en una carta fechada el 15 de julio, que se había llegado a una situación límite. Sin embargo, esa afirmación llegó tarde. Fue más bien una forma de justificar sus temores ante la posibilidad de que ocurriera un “hecho desgraciado”. Según la declaración del capitán Fortea, de la 13ª mía de Policía, el comandante general no estaba realmente convencido de que le faltaran medios.

Por el contrario, consideraba que tenía suficientes fuerzas. Lo que alegaba era la carencia de material y otros recursos auxiliares, que decía no se le enviaban. Cuando el capitán expresó sus dudas sobre los planes previstos, el general le respondió con despreocupación: “No será abandonado por su estrella”.

Un optimismo imprudente

El coronel Morales atribuía ese optimismo a los éxitos fáciles obtenidos en operaciones anteriores. Las cabilas de Beni Said y Beni Ulixech se habían rendido sin apenas resistencia. Esta falta de oposición generó la ilusión de que todo el avance podría hacerse sin dificultades.

El coronel Massaller, de artillería, también apuntó esta idea.  Reconocía que la facilidad de las campañas previas podía haber llevado al mando a extenderse en exceso, sin prever los problemas logísticos y estratégicos que surgirían. Daba la impresión de que el enemigo, más que vencido, había simplemente renunciado a combatir.

La realidad del terreno

Pese a ese aparente ambiente de paz, Morales calculaba que solo la ocupación de Tensamán y Beni Tuzin requeriría todo el verano. Incluso en el caso más favorable —con una entrada pacífica y políticamente pactada— no creía que pudiera completarse antes de agosto.

A partir de entonces se podría establecer contacto con los Beni Urriaguel.  En esa fecha, sin embargo, todavía no se estaría en condiciones de cruzar el río Nekor. Morales consideraba que plantearse ese avance antes del otoño era una temeridad.

Peligro en la retaguardia

El coronel insistía en que antes de seguir avanzando había que asegurar la retaguardia. Dejar desprotegido el territorio ocupado podía ser muy peligroso. Mientras todo marchara bien, no ocurriría nada. Pero si se producía un combate duro —no necesariamente desastroso, pero sí exigente—, la situación podía empeorar de forma repentina. En zonas como Tensamán y Beni Tuzin, donde la sumisión no era completa, era imprescindible actuar con prudencia.

En su informe, Morales exponía con claridad su conclusión: no se debía cruzar el río Nekor antes del otoño. Incluso en el mejor escenario, avanzar antes de esa fecha sería confiar más en la suerte que en la prudencia. El coronel fijaba como límite razonable la ocupación de Sidi Dris y otra posición intermedia entre esa localidad y Dar Buimeyán. Desde ahí se podría preparar la campaña sobre Alhucemas con garantías.

Presencia de harcas y amenaza creciente

En una carta política del 29 de mayo, el comandante general describía el estado político del territorio. Advertía sobre la actividad de la secta Alauía y la influencia creciente de Si Mohand Abd el Krim. Este último organizaba la resistencia y complicaba cualquier acción militar. El comandante señalaba la presencia de harcas enemigas en Yub el Kama, un paso estratégico hacia el Nekor.

También mencionaba la existencia de guardias avanzadas en Azrú Yibal y en Sidi Chaib. Estas posiciones amenazaban directamente a Tensamán. Incluso se temía que pudieran ocupar el monte Abarrán, lo que habría dificultado aún más las comunicaciones entre Dar Buimeyán y Sidi Dris.

Aparte de la indecisión de los Beni Tuzin del Norte, se informaba del refuerzo de la harca de Iyarmauas. Ante este panorama, el comandante general afirmaba que no se debía avanzar sin pensarlo bien. Por eso había enviado al comandante Villar a negociar con los jefes de Tensamán.

Si se lograba asegurar su apoyo, se actuaría. En caso contrario, no se moverían, porque eso significaría enfrentarse a combates sangrientos, muy distintos de los librados hasta entonces.

Nuevas amenazas en el frente ofensivo

En la misma carta se hacía referencia a la harca de Azilaf, en Gueznaya. Esta organización planeaba dirigirse hacia Midar y Beni Tuzin. El objetivo era preparar sus fuerzas y consolidar su posición en el frente ofensivo. Este dato es importante porque demuestra que existían varios núcleos enemigos levantados en armas.

En varias declaraciones recogidas durante la investigación, se alude a la imposibilidad de realizar ciertas operaciones hacia Midar. Estas no llegaron a efectuarse debido a la rapidez con que se precipitaron los acontecimientos.

El plan sobre Alhucemas

Pese a todas estas dificultades, existía desde el principio un plan para ocupar la bahía de Alhucemas. No se trataba de una idea improvisada. El mando había considerado esta operación como un objetivo estratégico. Pero debía ejecutarse cuando se contara con los medios materiales adecuados y el contexto político lo permitiera.

Los antecedentes recopilados por el Juzgado permiten reconstruir el pensamiento militar de la época. Con la ocupación de las cabilas de Beni Said y Beni Ulixech, el ejército había logrado establecer una posición ofensiva fuerte en los bordes de Tensamán.

Además, con el control de la playa de Sidi Dris, se aseguraba el dominio sobre las comunicaciones exteriores de la cabila. La posición de Annual, por su parte, permitía acercarse a la divisoria natural con el río Nekor. Desde allí, las playas de Alhucemas quedaban al alcance.

El problema militar se planteaba en dos fases inmediatas. Primero, ocupar pequeños puestos en Tensamán y Beni Tuzin para dar cobertura al avance. Después, lanzar la operación sobre Alhucemas. Si era posible, se avanzaría por tierra. Solo en caso necesario se contemplaba un desembarco. Ese era el plan trazado. Sin embargo, no se respetaron los tiempos ni las condiciones previstas.