Temporeros en Francia viven crisis sanitaria por incumplimiento de normas COVID

En las últimas semanas, se ha abierto una gran polémica en Francia como consecuencia de la aparición de brotes de Covid-19  en la región de la Provenza presuntamente exportados por temporeros españoles, contratados en su mayoría por empresas de trabajo temporal (ETT). La propia ministra de trabajo, Elisabeth Borne, acusó directamente a la empresa murciana Terra Fecundis de la responsabilidad de los mismos al tiempo que anunciaba acciones legales contra dicha entidad por parte del ejecutivo galo.

En cualquier caso, la pandemia ha forzado a las autoridades francesas a reforzar la vigilancia sobre los enclaves donde se alojan estos trabajadores, algo que han realizado por medio de múltiples inspecciones sanitarias. En este sentido, entre principios de mayo y finales de junio se realizaron sucesivos controles a estas instalaciones que se saldaron con tres órdenes de cierre. No obstante, según indican medios galos, pese a las primeras diligencias adoptadas desde la Justicia francesa, las condiciones de estos lugares continúan siendo lamentables. La falta de agua potable, la suciedad o las pulgas serían algunos de los rasgos distintivos de estos enclaves con los que los temporeros españoles deben convivir día tras día.

Una de las empresas señaladas es L’EARL Racamier a la que proveería de muchos trabajadores la propia Terra Fecundis. De acuerdo con las informaciones que llegan desde Francia, esta cooperativa habrían ubicado tras sus dependencias administrativas y su planta de envasado 59 viviendas móviles donde están alojados temporeros en un estado que poco tiene que ver con la seguridad sanitaria que exige una amenaza como el Covid-19. Cuatro de ellas ya habrían sido clausuradas por este motivo. La situación del resto es incierta.

La prefectura francesa, en su aviso de cierre parcial de este lugar, lo describió como “un alojamiento colectivo para trabajadores de la finca compuesto por 59 bungalows”.  Desde la entidad, se defienden alegando que los agentes inspectores mostraron una supuesta falta de diligencia movida por una campaña mediática contra Terra Fecundis y culpabilizan parcialmente de la falta de higiene a los propios trabajadores. Además, inciden en su importancia como empleadores y recalcan que los temporeros llevan años regresando para trabajar con las misma empresa y bajo las mismas condiciones. Paralelamente, los trabajadores denuncian que las 55 casas prefabricadas que han superado las inspecciones sanitarias todavía distan mucho de tener unas condiciones óptimas, puesto que, aunque muchas de ellas son de construcción más reciente, tendrían numerosas taras y algunas de ellas carecerían incluso de cocina o baño.

Otras localizaciones también han sufrido cierres por el mismo motivo, como sucede en el caso de la explotación agrícola Mas du Cast, también provista de trabajadores por Terra Fecundis. En esta ubicación los cierres se debieron, según la prefectura, entre otros motivos, a la falta de agua potable, la existencia de viviendas insalubres con duchas en las que no puede regularse el agua y llenas de moho, o el hecho de que solo hubiera disponibles 9 baños para 244 personas, condiciones que hacían inviable el cumplimiento de la normativa por Covid-19. 

La empresa Terra Fecundis vuelve a estar en el epicentro de la controversia. En este sentido, elcierredigital.com ya informó sobre la situación que viven los temporeros españoles en Francia, cuando algunos trabajadores que tuvieron una relación laboral con esta empresa denunciaron la situación.

Es el caso de Irma, temporera de la fruta que trabajó recientemente para la empresa murciana en Francia, y que describe su experiencia en Francia como “una odisea”.

La extrabajadora explica que encontró trabajo en Terra Fecundis gracias a un contacto que le recomendó esta empresa para trabajar como temporera en el país galo. De acuerdo con su testimonio, el proceso de selección fue muy rápido y, antes de salir de España, ella y el resto de temporeros que iban a viajar a Francia fueron sometidos por la empresa a toda una serie pruebas médicas, además de los test del COVID-19: “Aquí lo hacen bien, te hacen las pruebas, te toman la tensión, te miran la vista… todo bien”, señala a elcierredigital.com.

No obstante, aclara que, cuando exigía ver las condiciones de su contrato, sus empleadores, los “corredores”, como dice que se hacían llamar, le contestaban con “evasivas”. Según su versión de los hechos, fue cuando llegaron a la finca donde iban a trabajar, ya en tierra gala, cuando se les proporcionó el contrato. El nombre de este lugar sería, según nos cuenta, Rascamiel.  Una vez allí, habría sido enviada junto a sus compañeros a una especie de residencia, que describe así: “No había ni una sombra, había una cocina grande comunitaria, pero todo era asqueroso, lleno de mosquitos y basura”.

En cualquier caso, la extrabajadora sostiene no haber podido entrar en un primer momento, puesto que, presuntamente, el corredor que debía instalar a los nuevos trabajadores “tenía que sacar a diez chicas para que nosotros pudiéramos entrar en las habitaciones”. “En ese momento, supe que quería salir de allí”, añade.

A partir de aquí, según explica a elcierredigital.com, comenzaron sus esfuerzos para tratar de volver a España, algo que habría conseguido no con la ayuda de sus compañeros trabajadores, de quienes dice que “parecían tener miedo”, sino gracias a la colaboración de una profesora de castellano que pertenecía, según nos dice, "al colectivo de defensa de los trabajadores/as extranjeros/as en la agricultura, CODETRAS", por sus siglas en francés. Esta organización habría agilizado los trámites para conseguirle el billete de avión con el que pudo finalmente volver a nuestro país.

No obstante, antes de recurrir a esta ayuda, sostiene que buscó abandonar la finca comunicándoselo a sus encargados, quienes presuntamente habrían respondido a esta iniciativa con un mensaje de audio de Whatsapp en que se le decía que para marcharse “tenía que pagar 270 euros”. De volver por sus propios medios, afirma que se le comunicó que podría tener problemas para cruzar la frontera: “Me dijeron que si me iba por mi cuenta corría el riesgo de que me detuvieran en la aduana o el aeropuerto para hacerme la prueba y que tendría que estar en cuarentena”.

Ahora, ya en España, sostiene que las medidas sanitarias por la pandemia una vez llegaron a Francia brillaban por su ausencia: “Cuando yo estuve ninguna persona usaba mascarilla, fue un descontrol total. Había muchísima gente de todo tipo, todos inmigrantes, no hay ningún español”. En este sentido, añade “allí no hay ninguna protección y, además, es vivir entre la mierda, es asqueroso”.

Terra Fecundis se defiende

Paralelamente, la guerra de acusaciones entre el gobierno francés y Terra Fecundis continúa. Según recogen medios como Agrodiario o Murciadiario, la empresa murciana ha denunciado el “acoso” del ejecutivo galo, que, de acuerdo con su postura, está "utilizando ahora la alerta sanitaria generada por el Covid-19 en una campaña de acoso que viene desarrollando desde hace unos años".

Los reproches de la ministra Borne se basan en los datos de la Agencia Regional de Sanidad de la región Provenza Alpes Costa Azul, que revelaron un foco de Covid-19 formado por más de treinta positivos en las localidades de Noves y Maillane. Los contagiados habrían sido temporeros contratados por una empresa española, cuya identidad no se habría revelado en un primer momento.

Terra Fecundis defiende haber implantado estrictos protocolos de actuación frente al Covid-19. En esta línea, la empresa sostiene que todos los trabajadores pasan varias pruebas antes de su contratación o desplazamiento. En concreto, un test serológico, un reconocimiento médico y una prueba PCR. Del mismo modo, la entidad mantiene que ha incidido en la limpieza de los alojamientos de los temporeros, a quienes se reparte material médico preventivo (mascarillas, geles hidroalcohólicos…etc.).

De hecho, según Agrodiario, Terra Fecundis “aseguró que los casos detectados en junio en una de las diez regiones de Francia donde está presente se produjeron más de dos meses después de que esos trabajadores llegaran al país”. El mismo medio se hizo eco de que, antes de que explotara la polémica por los brotes de Francia, la compañía murciana denunció ante la Comisión Europea a Francia. La razón habría sido “no respetar el derecho comunitario sobre la libre prestación de servicios por parte de una empresa española y por discriminación”.