25 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

DESDE ALTERNATIVA SINDICAL SEÑALA A "LA UTE formada por 'Salzillo Seguridad' y 'Seguridad, Control y Detección' por no respetar la normativa vigente"

Denuncian a empresas de Seguridad en edificios estatales por incumplir el Plan de Igualdad

El Cierre Digital en / Miembros de Alternativa Sindical.
/ Miembros de Alternativa Sindical.
El sindicato profesional de seguridad privada Alternativa Sindical continúa luchando para proteger las condiciones de los empleados de la seguridad privada nacional. En este caso, ha impugnado la adjudicación del contrato para la Seguridad en edificios estatales que ha recaído sobre la UTE formada por Salzillo Seguridad SA y Seguridad, Control y Detección SL. El motivo, que la UTE no cumple con la Ley al no contar con un Plan de Igualdad. El portavoz del sindicato habla con El Cierre Digital.

El sindicato Alternativa Sindical, que actúa dentro del sector de la seguridad privada, lleva años trabajando para que las condiciones laborales de los trabajadores se ajusten a la legislación vigente, evitando irregularidades y abusos por parte de empresas y responsables de la seguridad. 

En lo que va de año la lucha de Alternativa Sindical por los derechos de los trabajadores ha logrado ciertas mejoras en las condiciones laborales. Hace menos de una semana el sindicato logró que Securitas Valencia incrementase 40 euros mensuales a sus vigilantes sobre el plus que se devenga en la central nuclear de Cofrentes. A finales de febrero consiguió que Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla iniciase una actuación inspectora contra la mercantil Segurisa Servicios Integrales de Seguridad S.A. en el centro de trabajo Amazon Fulfilment en la localidad de Dos Hermanas, Sevilla.

Ahora, Alternativa Sindical ha impugnado la adjudicación para la seguridad en edificios estatales que ha recaído sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE)  formada por Salzillo Seguridad SA y Seguridad, Control y Detección SL. El motivo radica en que hasta el momento, la UTE no cuenta con un Plan de Igualdad, conforme a los artículos 45.3 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y 8 del Convenio Colectivo estatal de Empresas de Seguridad.

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Las UTE surgen cuando dos o más empresas o empresarios se unen durante un periodo de tiempo para llevar a cabo de manera conjunta un servicio, es decir, un objeto social único. Este mecanismo permite el acceso a la adjudicación de contratos administrativos a empresas que, con sus medios individuales, no contarían con la posibilidad de obtener esta adjudicación.

En una conversación con elcierredigital.com el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, señala que “como en cualquier otro sector, el Plan de Igualdad es importantísimo. Concretamente, en el sector de la seguridad privada es crucial porque hay un porcentaje muy elevado de mujeres. No es solo que sea importantísimo, sino que es algo que establece la Ley como criterio imprescindible. Las mesas de contratación y tribunales deben desechar estas adjudicaciones directamente. En el caso que nos ocupa, en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) no lo han hecho”.

Otra impugnación previa por parte del sindicato


Este mismo defecto fue impugnado hace pocos días para la UTE que conforman CMM GUARD SL y Arciha de Servicios SL. Y es que, según ha explicado el portavoz de Alternativa Sindical, “esta Ley incorpora, desde su aprobación en noviembre de 2017, una prohibición de contratar a aquellas empresas de más de 250 trabajadores que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad, tal como se recoge en el artículo 71.1.d de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Y explica Alternativa Sindical que "finalizado el período transitorio otorgado a las empresas por la normativa sectorial para aprobar este plan, se ha modificado la prohibición de contratar de la LCSP [Ley de contratos del sector público] extendiéndola a todas las sociedades de más de 50 trabajadores de acuerdo con la Disposición Final 27ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2023, que modifica el art. 71.1.d de la LCSP".

De esta forma, "desde el 1 de enero de 2023, para participar en una licitación pública, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un Plan de Igualdad. Precisamente por este motivo, Alternativa Sindical ha solicitado al órgano de contratación la exclusión de dichas empresas de la adjudicación y la paralización del expediente administrativo".

Respecto al número de trabajadores de la UTE adjudicataria, en el año 2024 Salzillo Seguridad SA cuenta con 1.168 empleados y, según el perfil de Infojobs de Seguridad, Control y Detección SL, esta cuenta con 50 trabajadores, aunque en el año 2023 tenía 47 empleados. Respecto a la otra UTE mencionada, en el año 2024 CMM Guard SL cuenta con 300 empleados y en el año 2022 Arciha de Servicios SL contaba con 67 empleados. 

Las claves de esta problemática

Para el portavoz de Alternativa Sindical “el principal problema reside en que la propia Administración pública hace caso omiso de la Ley de Contratación del Sector Público. Adjudican contratos públicos utilizando la misma vara de medir, que no es otra que la oferta económica más ventajosa, sin tener en cuenta otros criterios de valoración que son fundamentales. Entre ellos,  que las empresas adjudicatarias estén al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, que cuenten con un Plan de Igualdad o que cumplan con el Convenio colectivo estatal del sector”.

“Otro factor clave es el importe propio de licitación estipulado en el Convenio colectivo estatal del sector, algo que no suele respetar ni contemplar la administración pública. Comúnmente este importe suele estar por debajo de los importes mínimos. Esto genera que las empresas realmente competitivas del sector, que cumplen a rajatabla con todos los parámetros, no concurran a la licitación porque no les resulta atractiva. Y atrae a empresas de dudosa credibilidad que no pueden cumplir con los márgenes establecidos”, añade Alberto García.

Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical.

“La causa final de esta situación es el retraso en el abono de los salarios a los trabajadores, incumplimiento del convenio colectivo estatal e incluso el concurso de acreedores de las empresas. Actualmente, en el sector hay muchas empresas que ni siquiera cumplen con el Convenio colectivo estatal y no se hace nada. Al final quien paga todo esto es el trabajador, que queda expuesto al retraso de abono de nóminas y al incumplimiento de devengos de conceptos salariales. Estas pequeñas empresas se lo detraen al trabajador para poder tener un margen de beneficio”, concluye el portavoz de Alternativa Sindical.

Alternativa Sindical se muestra rotundo hacia otros sindicatos, a la hora de explicar su forma de actuar. “Los sindicatos ‘parasitarios’ como UGT en Madrid, sin embargo, dejan que algunas empresas de seguridad campen a sus anchas, si bien todo es siempre a cambio de algo”, puntualiza Alternativa Sindical, fiel a su filosofía de que el trabajador del sector de la Vigilancia y Seguridad Privada pueda realizar su labor profesional en las condiciones óptimas y como marca la Ley.

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