La Moncloa, contra las cuerdas: Pide a Zapatero y al PNV mediar con Repsol ante el frente empresarial Antigobierno

Mejorar ingresos para domar la inflación con la recaudación extraordinaria de banca y eléctricas fue el origen de los impuestos extraordinarios erigidos por el Gobierno el pasado año ante ambos sectores empresariales, que todavía se duelen del golpe. 
 
Las urnas no provocaron este pasado verano el cambio político deseado por las eléctricas, que han pedido por activa y pasiva al Ejecutivo que aparque un impuesto con los 'beneficios caídos del cielo' que elevan a las petroleras, eléctricas y gasistas al ritmo de los altos precios.
 
"Los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores", aseguró entonces el presidente Pedro Sánchez. 
 
La Moncloa ha advertido ahora que no suprimirá el impuesto que provoca unos ingresos extraordinarios al cajón público de alrededor de 2.000 millones de euros. Y Repsol, que hasta ahora no había querido unirse al frente energético antigubernamental cosido por Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y Francisco Reynés (Naturgy), ha elevado el tono. 

Josu Jon Imaz aparca su cordialidad

La compañía Repsol no protestó el pasado año tras la aprobación de un impuesto con el que España seguía la senda emprendida por países escasamente 'socialcomunistas' como Reino Unido, Francia o Portugal. 
 
Pero la decisión del Gobierno de mantenerlo en 2024 ha motivado el enfado de su CEO Josu Jon Imaz, que aparcado su perenne cordialidad ya mostrada en sus años como presidente del EAJ-PNV al advertir a La Moncloa que Repsol aparcará algunas inversiones en España si continúa con el impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Nervios en Repsol

Repsol obtuvo un resultado neto de 2.785 millones de euros entre enero y septiembre, un 14 por ciento menos que en el mismo período de 2022. En los nueve primeros meses del año continuó, según palabras de la petrolera española, "adelantando el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, mientras hacía frente a un entorno internacional marcado por la volatilidad". 

Josu Jon Imaz. 

La caída de beneficios provocó nerviosismo en Repsol a pesar de que su CEO intentó rebajar el ruido: "2023 está siendo un año de profunda transformación para Repsol, con avances firmes en descarbonización y en la consolidación de nuestro perfil multienergético. En un entorno volátil como el actual estamos obteniendo resultados sólidos, aumentando la retribución a nuestros accionistas y apoyando a nuestros clientes", afirmó Imaz, al que no le tembló el pulso para presentar un ERTE en 2021 a 830 empleados mientras anunciaba beneficios trimestrales de casi 650 millones de euros. 
 
Desde la compañía aseguran que su gran momento se evidencia en que Repsol haya decidido continuar multiplicando por dos su oferta multienergética para seguir ofreciendo a los clientes importantes ahorros para sus necesidades del día a día en movilidad (combustibles y recarga eléctrica) y en el hogar (electricidad, calefacción y solar) hasta el próximo 10 de enero. 

La Moncloa intenta evitar la guerra

Una de las principales filiales de Repsol, Petronor, ha dejado en el aire la ubicación de la planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en Euskadi por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España. 
 
El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmó que "esa planta industrial estará en 'stand-by', porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible". 
 
Las inversiones quedan en el aire para enfado de La Moncloa, que ha intentado rebajar la guerra, tal y como señalan fuentes gubernamentales a este medio. En el Gobierno han echado mano, con la vista puesta en una reconciliación, del PNV y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que gozó de gran sintonía con Imaz cuando él era presidente del Gobierno y el directivo lideraba al PNV. 
 
Los mediadores podrían evitar que Repsol paralice los 1.500 millones de euros de inversiones que tenía previstos en Bilbao, Tarragona y Cartagena. E intentar que Imaz vuelva a la senda de la cordialidad con el Gobierno, que el pasado año le apoyó para que se convirtiera en el presidente del Patronato de la Fundación Consejo España-EEUU (que busca reforzar los vínculos comerciales entre ambos países). 
 
"Es un honor representar a una entidad de referencia en las relaciones entre España y Estados Unidos. Tanto el mundo empresarial como el científico y cultural español han desplegado en Estados Unidos sus grandes capacidades y vasta experiencia, y desde la Fundación seguiremos trabajando para reforzar nuestra cooperación y mejorar el conocimiento e imagen entre nuestros países", aseguró Imaz, que en 2022 se embolsó 4,13 millones de euros por dirigir Repsol. 

Bronca sindical

Comisiones Obreras ha salido en tromba contra Imaz por su "obscena" advertencia. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, afirma que "ninguna empresa va a desinvertir en un país simple y llanamente porque se mantenga un impuesto que tiene una afectación muy limitada sobre sus beneficios". 
 
El líder sindical lamenta que haya empresas que "se permitan amenazar, siquiera veladamente, a un estado democrático" y afirma que empresas como Repsol "funcionan casi como en oligopolios, con beneficios muy importantes, que la situación de costes energéticos y del aumento de los tipos de interés les han procurado incluso más beneficios". 
 
Por su parte, fuentes de Repsol recuerdan que es la empresa que más impuestos paga en España, casi 7.500 millones de euros entre enero y septiembre de 2023, y que su filial Repsol Petróleo acaba de superar a Mercadona como la compañía que más factura en el Estado.