23 de mayo de 2024
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FIN DE SEMANA

La tenista ha acordado con la Fiscalía el pago de dos millones con el 50% de sus ingresos y una condena de 2 años que le permitirá eludir la cárcel

Josep Santacana, ex de Arantxa: “Pactar era ser culpable y no lo soy, ni nunca he tenido 2 millones para pagar al Banco de Luxemburgo”

El Cierre Digital en Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana con la Ciudad de la Justicia de Barcelona de fondo.
Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana con la Ciudad de la Justicia de Barcelona de fondo.
Arantxa Sánchez Vicario ha declarado en el juicio por presunto alzamiento de bienes o insolvencia punible derivado de una deuda no pagada al Banco de Luxemburgo. En su declaración, culpa a su exmarido, Josep Santacana, de no haber pagado a la entidad bancaria. Mientras la tenista ha admitido el delito y se ha mostrado “arrepentida”, ha pactado con la Fiscalía. Santacana, por el contrario, no se considera culpable y no ha realizado ningún tipo de pacto.

Entre lloros, con una declaración al inicio del juicio y sin tener que volver a declarar hasta el último día. Así fue la primera declaración de Arantxa Sánchez Vicario este martes en el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona por el presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible derivado de una deuda no pagada al Banco de Luxemburgo.

En esta primera sesión del juicio, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la tenista no ha dudado a la hora de culpar a su marido de la situación. “Yo quería pagar, pero él me dijo que no. Que mejor que pagarle al banco era que tuviéramos nosotros el dinero. Me fie de él. Me arrepiento” y “Él eligió a los testaferros, daba todas las órdenes, fijaba los precios de venta, iba a las notarías” son algunas de las frases que Vicario ha dicho en el juicio, tal y como han relatado diversos medios de comunicación.

Vicario se ha mostrado “arrepentida”. Tanto que, tal y como informamos desde elcierredigital.com, ha llegado a un pacto con la Fiscalía de delitos económicos de Barcelona, pacto que también habría sido aprobado por el Banco de Luxemburgo. Según fuentes del caso consultadas por este diario, el pacto supone “declararse culpable, con una pena de 2 años de cárcel (de esta manera, en teoría, la evita) y el pago de una cantidad entre 1,8 y 2 millones de euros”.

Arantxa Sánchez Vicario durante su declaración en el juicio.

Estas mismas fuentes indican que la tenista “ha hecho un compromiso de pagos aplazados a partir de que la sentencia sea firme. De forma que no le van a imponer una pena superior a los dos años. Eso significa que no entrará en prisión. Pero como incumpla el pacto y ese acuerdo de pagos sucesivos, es decir, si falla algún plazo durante los próximos tres años a partir de que la sentencia sea firme, entraría en prisión”.

Aunque Vicario se ha mostrado “ignorante” en el juicio, en el que ha dicho haber estudiado solo Bachillerato y ser tenista de profesión, no administradora de patrimonio, las fuentes consultadas aseguran que “no puede alegar ignorancia deliberada, porque sabía lo que hacía”.

Josep Santacana niega la culpabilidad

Arantxa Sánchez Vicario declaraba el martes. Una excepción, dado que tanto su declaración como la de su exmarido —cuyo divorcio está todavía pendiente de resolver, como ya informó elcierredigital.com— estaban previstas para este viernes 15 de septiembre. Según informa el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, en el vídeo expuesto a continuación, el hecho de que el titular del juzgado de lo penal de Barcelona le haya dado el permiso para irse de la sala de vistas y no acudir hasta el último día, cuando tenía la última palabra, "es algo muy raro que se da en circunstancias muy especiales, como es en este caso, cuando se alcanza un pacto con la Fiscalía”.

Mientras tanto, Santacana tendrá que esperar a declarar el día 15 para dar su versión de los hechos. Por el momento, se ha encargado de expresársela a algunos medios de comunicación como Confilegal en una entrevista. Según ha podido conocer elcierredigital.com, aunque a Santacana se le ofreció, al igual que a Vicario, la opción de pactar, él se negó. “Pactar era declararme culpable y yo no me considero culpable. Además, el banco exigía la cantidad de dos o tres millones, que ni tengo, ni he tenido nunca”.

Para Santacana, declararse culpable Arantxa Sánchez Vicario significa que “su familia quede fuera de culpa, que es lo que buscaban” y afirma que tiene el “agravante de poder complicar” la defensa de su exmarido.

Aunque Vicario ha afirmado en el juicio que Santacana “daba todas las órdenes” y que era quien se encargó de administrar su patrimonio, este dijo en la entrevista que le hicieron firmar “dos capitulaciones. Una antes y otra después de contraer matrimonio”.

También sostuvo que Vicario “no está arruinada”. Tal y como informamos desde elcierredigital.com, la tenista vive de una forma “bastante acomodada”, según nuestras fuentes, en Miami, Estados Unidos. “Conduce un BMW X5 nuevo, lleva a su hija a un colegio privado que cuesta 2.000 dólares al mes y vive en una casa en la bahía que se encuentra a 209 metros de la vivienda de Julio Iglesias”, explicaban fuentes del caso a elcierredigital.com.

La vivienda en Andorra con la que comenzó todo

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se casaron en septiembre del año 2008, a pesar de que la familia de la tenista se opuso al enlace. Vicario lo ignoró todo y decidió comenzar una nueva vida con el hombre del que se había enamorado.

Un año más tarde, en el año 2009, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia Nacional por la que la tenista tenía que hacer frente a una multa de 3,5 millones más intereses por evasión fiscal. La cantidad final ascendió a 5,2 millones sumando multa e intereses.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana el día de su boda.

Según el medio Confilegal, el origen de que la Agencia Tributaria observara una posible irregularidad en los pagos de la tenista se encontraba en un reportaje de la revista ¡Hola!, en el que Arantxa Sánchez Vicario enseñaba su residencia en Andorra, donde vivía cuando no competía. El reportaje databa del año 1996.

Por aquel entonces, y según explica el diario, “la presión fiscal era del 25 por ciento [en Andorra], menos de la mitad del 56 por ciento que le hubiera correspondido pagar en España”. Sin embargo, y como hemos informado en diversas ocasiones en elcierredigital.com debido a las residencias fiscales de la familia real en el extranjero —como la del rey Emérito en Abu Dabi—, para poder pagar sus impuestos en Andorra Arantxa Sánchez Vicario tenía que haber pasado en España menos de 183 días al año. No cumplía este requisito y Hacienda le reclamó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años correspondientes, esto es, de 1980 a 1993. Previo a su matrimonio con Santacana. El empresario y la tenista, de hecho, se conocieron en el año 2007, dos antes de la boda.

Hacienda reclamó a la tenista y, al no recibir el dinero, llevó el caso a la justicia. Tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria pudo finalmente cobrar. Lo hizo a través de un aval del Banco de Sabadell y esta entidad financiera, a su vez, recuperó su dinero gracias a un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna, cuando sus intereses los gestionaba International Management Group (IMG), radicado en Beverly Hills, en Los Ángeles.

No hay que olvidar que las tres empresas principales de Arantxa, las sociedades anónimas Sant C 412, Sant J 411 y Port G 410, tenían como accionistas principales dos sociedades extranjeras, situadas en Uruguay y en las Islas Marshall, al norte de Nueva Guinea. Estas sociedades eran ACE Enterprises Limited y EAST LIGHT Limited, controladas por el que era su apoderado y padre, Emilio Sánchez.

Las cuentas vacías en el Banco de Luxemburgo

En abril de 2010 el Banco de Luxemburgo cumplió con la garantía bancaria y al mes siguiente reclamó el aval a la tenista. Esta tenía en la entidad bancaria unos 16 millones de euros que “desaparecieron” cuando el banco intentó obtener la cantidad abonada a través de sus cuentas. Estaban vacías, así que tuvieron que reclamarle a Vicario.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana antes de su separación.

Lo intentaron varias veces. Enviaron un burofax en julio de ese año y representantes de la entidad se reunieron con Arantxa y Santacana, acompañados de sus asesores. La respuesta de Arantxa fue que ni conocía su patrimonio ni podía disponer de él y así solicitó más tiempo para poder recabar información y ofrecerle una respuesta al banco.

Algo que parece ser contradictorio ya que, en noviembre de 2009, casada con Santacana, la tenista revocó ante notario los poderes que ostentaba su padre y su administrador, Ferrando Lacasa. Sin embargo, siete años después de aquella reunión, en noviembre de 2017, la pareja volvió a señalar que el fallecido Emilio Sánchez continuó manejando el patrimonio de su hija y dirigió su proceso de descapitalización vendiendo todo para pagar deudas.

Según la documentación presentada por el banco luxemburgués, las disposiciones patrimoniales fraudulentas de las sociedades con las que la tenista administraba su patrimonio (cifrado entre 30 y 45 millones) fueron decisión y responsabilidad única de ella y Santacana. De hecho, el padre no hubiese podido comprar ni vender sin poder notarial para ello, ya que en esas fechas Arantxa ya pleiteaba contra sus progenitores, a los que interpuso dos demandas y una querella.

A pesar de que la pareja en su día —antes de iniciar el proceso de separación— intento acusar a la familia de la tenista, ahora Arantxa Sánchez Vicario da la vuelta a la tortilla y dirige la culpabilidad a Josep Santacana, su exmarido. Él se declara inocente, aunque, al contrario que su exmujer, se ha negado a pactar con la Fiscalía como ella sí ha hecho.

Según el diario ABC, de la deuda, que en estos momentos asciende a 6,6 millones de euros con los correspondientes intereses, la tenista ya habría entregado 1,9 millones. El resto, lo pagará aparentemente con la mitad de su sueldo mensual para eludir los cuatro años de cárcel —que se verán, presumiblemente, reducidos a dos— que pedían por el supuesto delito.

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