![Varias personas posando, algunas con uniforme militar y otras con ropa casual, sobre un fondo gris.](https://elcierredigital.com/filesedc/uploads/image/post/25667-24474-marlaska-guardia_1200_800.webp)
Varapalo a Interior: Los casos 'Mediador', 'Cuarteles' y 'Hegeno' salpican a Marlaska
Las nuevas acciones judiciales y de investigación sobre estas tramas "comprometen" al Gobierno socialista de Sánchez
Durante la campaña para las elecciones del 23-J, los casos ‘Mediador’, ‘Cuarteles’ y ‘Hegeno’ vuelven a "salpicar" al gobierno de Pedro Sánchez tras "nuevas acciones judiciales e investigaciones abiertas", según ha sabido elcierredigital.com.
Desde que se iniciaran estos casos, todavía sigue pendiente la comparecencia ante la Cámara Alta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a petición de los senadores, Emilio Argüeso y Ruth Goñi, para "aclarar un posible retorno a su puesto en la Comandancia de Tenerife del coronel de la Guardia Civil, José María Tienda, tras su cese por Interior". Pero también, para explicar "la existencia de una base de datos 'clandestina' denominada ‘Hegeno’ utilizada por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas", tal como avanzó este diario.
Estas supuestas tramas podrían convertirse en una ‘complicación electoral’ para los socialistas de cara a estos comicios generales y fuentes del PSOE consultadas por elcierredigital.com han afirmado que "el partido muestra una importante dosis de preocupación por estos casos que repercute al ministro Marlaska".
En lo que se refiere al proceso del coronel José María Tienda, cesado por el Secretario de Estado de Seguridad al estallar el caso ‘Mediador’, fuentes del Instituto Armado consultadas por este diario revelan que Tienda "ha interpuesto un recurso contra Interior ante la jurisdicción contencioso-administrativa para anular su cese al frente de la comandancia tinerfeña".
Y sostienen que "aunque el Ministerio esgrimió ‘pérdida de confianza’, la realidad es que Tienda no esta vinculado al caso ‘Mediador’ ni al caso ‘Cuarteles’, ni siquiera ha sido citado como investigado o testigo por el juzgado, por lo que no tiene sentido mantenerlo fuera de su cargo. Debería ser restituido en su puesto de inmediato". Y defienden "la excelente labor acometida por Tienda en numerosas situaciones, como el caso de las ‘Niñas de Tenerife’ y la erupción volcánica de La Palma, siendo un ejemplo de gestión y de transparencia económica".
Pero hay un segundo recurso contra Interior que presentará el coronel Tienda por la vía contenciosa en relación a una plaza de empleo de coronel en la Plana Mayor de la Zona de Canarias solicitada por Tienda. Esta ha sido denegada por el General Jefe de Canarias, Juan Hernández Mosquera, por lo que este coronel acude a la vía judicial para que se resuelva la negativa a su regreso laboral.
Para estas fuentes del Instituto Armado, supuestamente "el general Mosquera habría avalado la creación ‘a dedo’ de una comisión de servicio o vacante de reserva en la Zona, ‘sacada de la nada’ para el coronel Felipe Hurtado –evitando su ingreso en la reserva–, en lugar de cubrir esta plaza en activo solicitada por el coronel Tienda".
El otro supuesto escollo para el PSOE, incluso para el ejecutivo socialista del expresidente canario Ángel Víctor Torres, vendría a ser el caso ‘Hegeno’ y "la correspondiente denuncia por transferencia de datos personalísimos desde la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas a la Delegación del Gobierno en Canarias, a la Fiscalía de Las Palmas, y a la Policía Autonómica de Canarias", expresan fuentes cercanas al antiguo Gobierno de Torres.
![La imagen muestra un documento oficial del Ministerio del Interior de España, específicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de Coordinación y Estudios. El documento incluye información sobre una solicitud de acceso a información pública, con detalles como el número de expediente, el solicitante, el NIF, el correo electrónico, la fecha de entrada (22/05/2023) y los datos solicitados. El texto menciona la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y hace referencia a la normativa europea sobre protección de datos personales. La imagen muestra un documento oficial del Ministerio del Interior de España, específicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de Coordinación y Estudios. El documento incluye información sobre una solicitud de acceso a información pública, con detalles como el número de expediente, el solicitante, el NIF, el correo electrónico, la fecha de entrada (22/05/2023) y los datos solicitados. El texto menciona la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y hace referencia a la normativa europea sobre protección de datos personales.](/filesedc/uploads/image/post/0f2f2dcd-9a5c-49c7-89c5-cdf27b011f98_1200_1600.webp)
Por su parte, fuentes del Instituto Armado confirman a este diario que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha admitido a trámite la denuncia interpuesta contra este traspaso irregular de datos mediante el "uso fraudulento de la base clandestina de datos ‘Hegeno’, y también a través del sistema de datos oficial SIGO de la Guardia Civil en el caso de la Policía Canaria", entidad autonómica que "recibía información personalísima bajo simples consultas telefónicas sin registro o control realizadas a guardias civiles del COS de la comandancia".
La AEPD ha abierto su propia investigación del caso ‘Hegeno’ y, por otra parte, unas resoluciones de Interior y del Gobierno de Canarias —a las que ha accedido elcierredigital.com— ponen de manifiesto "la existencia de este traspaso de datos personalismos entre policías, pero sin control o transferidos sin constar registro alguno", según explican los mismos denunciantes.
En la resolución sobre las bases de datos autorizadas por el Ministerio del Interior a la Policía Canaria, viene a decir que "autoriza las consultas en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN) y que deben ser explícitamente por medio de la propia base de datos y no mediante consultas al COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, como se venía realizando".
![La imagen muestra una carta oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil, en la que se comunica la recepción de un escrito relacionado con posibles infracciones en materia de protección de datos y se informa sobre el inicio de actuaciones previstas para investigar y sancionar posibles incumplimientos. La carta está firmada por Olga Pérez Sanjuán, Subdirectora General de Inspección de Datos. La imagen muestra una carta oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil, en la que se comunica la recepción de un escrito relacionado con posibles infracciones en materia de protección de datos y se informa sobre el inicio de actuaciones previstas para investigar y sancionar posibles incumplimientos. La carta está firmada por Olga Pérez Sanjuán, Subdirectora General de Inspección de Datos.](/filesedc/uploads/image/post/bca527e3-fc2b-416a-99ec-f146beeca04d_1200_1600.webp)
El Gobierno de Canarias -en su resolución- apela a un Grupo de Trabajo de la Junta de Seguridad de Canarias del 2019, y confirma el acceso a la BDSN por parte de la Policía Canaria. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado indican a este diario que "a raíz de las publicaciones efectuadas por elcierredigital.com destapando el caso ‘Hegeno’ y las transferencias de datos, la colaboración telefónica entre el COS de la Guardia Civil de Las Palmas y la policía autonómica ha sido suspendida".
El cese del Coronel Tienda según fuentes del Instituto Armado
Según las fuentes internas con las que ha hablado este diario, mientras un gran número de agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife confían en una "resolución favorable" para el coronel Tienda, otros piensan que "pudiera darse un supuesto agravio comparativo o discriminación laboral hacia Tienda en relación a su cese".
Este agravio comparativo lo ejemplifican con algunos otros casos, como el "del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso Rodríguez, investigado por obras efectuadas en la Comandancia de Ávila en el caso Cuarteles, pero no ha sido removido de su cargo".
Y continúan con el teniente coronel Juan Carlos Lafuente, que asumió la jefatura de la comandancia tinerfeña tras el cese de Tienda, y del que dicen que tampoco ha sido cesado aunque "estuvo destinado como comandante de Personal y Apoyo en la Comandancia de Algeciras —responsable de gestión económica del 2012 al 2016— cuando fueron adjudicadas algunas obras por parte de esa comandancia gaditana al constructor canario, Ángel Ramón Tejera de León ‘Mon’, investigado en el caso Cuarteles".
No obstante, estas fuentes del Instituto Armado hacen constar que "también se realizaron otras adjudicaciones a Ángel Ramón Tejera de León destinadas a su empresa ANGRASURCOR SL en febrero de 2017, bajo la aprobación del general jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, Rafael Galán Toledo.
Según las fuentes consultadas, Galán Toledo es un "hombre de confianza de Marlaska para obras y trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de la Guardia Civil de Garachico en Tenerife", además de "haber participado en otras licitaciones de obras con el actual general al mando de la Jefatura de Asuntos Económicos, Francisco de Paula Cuenca Martínez de los Llanos -otro hombre de confianza de Marlaska-. Es decir, bajo el mandato de estos generales, se adjudicaron obras a Tejera, pero no han sido cesados por este motivo, muy al contrario que el coronel Tienda", explican.
Por otra parte, en contraposición a unas declaraciones de la exinterventora de las Comandancias de Tenerife y Las Palmas, Leticia Galván Dorado, en un digital local, estas fuentes aseguran que "el coronel Tienda no derogó ninguna normativa impuesta por Galván, sino que se ciñó a las instrucciones emitidas por la Dirección General de la Guardia Civil en materia de contratación".
A este respecto, el senador Emilio Argüeso se ha interesado por este proceso, e insta ante la Cámara Alta a investigar la supuesta relación de "obras públicas adjudicadas por la Guardia Civil y otras instituciones al marido de esta exinterventora, Carlos Calderón, administrador único de la empresa SIPICAN SL, y apoderado de AEDAS HOME SA", según el Registro Mercantil. Todo ello, "en aras de esclarecer todas las conexiones relacionadas con el 'extraño' cese de Tienda", apunta el senador.
![En la imagen se muestra un documento oficial del Gobierno de Canarias, específicamente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Dirección General de Seguridad y Emergencias. El documento hace referencia a una solicitud de información sobre el traspaso de datos entre la Guardia Civil y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Se menciona una Junta de Seguridad de Canarias realizada el 7 de febrero de 2011, donde se acordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo General de la Policía Canaria puedan compartir información contenida en diferentes bases de datos policiales gestionadas por la Administración General del Estado y por el Gobierno de Canarias. Se establece la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las respectivas administraciones para garantizar la seguridad técnica y jurídica del acceso compartido a las bases de datos. En una primera fase, los trabajos se centrarán en el acceso compartido a bases de datos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. En la imagen se muestra un documento oficial del Gobierno de Canarias, específicamente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Dirección General de Seguridad y Emergencias. El documento hace referencia a una solicitud de información sobre el traspaso de datos entre la Guardia Civil y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Se menciona una Junta de Seguridad de Canarias realizada el 7 de febrero de 2011, donde se acordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo General de la Policía Canaria puedan compartir información contenida en diferentes bases de datos policiales gestionadas por la Administración General del Estado y por el Gobierno de Canarias. Se establece la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las respectivas administraciones para garantizar la seguridad técnica y jurídica del acceso compartido a las bases de datos. En una primera fase, los trabajos se centrarán en el acceso compartido a bases de datos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias.](/filesedc/uploads/image/post/d9361e80-243b-4f7d-8c83-f7d7dad97398_1200_1600.webp)
Previa a la constitución de un nuevo gobierno -el pasado 3 de julio- se incorporó a la Comandancia de Tenerife el coronel Ángel Sanz Coronado, procedente del Estado Mayor, para asumir en breve la jefatura de esta institución, informan fuentes internas, a la espera del resultado del proceso judicial iniciado por el coronel Tienda.
Solicitan protocolo de acoso por 'hablar con la prensa'
El teniente coronel Javier Bravo Muñoz ejerce como jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas tras el reciente paso a la reserva del coronel José Fermín Díaz Silva.
Bravo permanecerá en el mando hasta que Interior designe a un nuevo coronel, sin embargo, este teniente coronel, según informan los denunciantes a este diario, arrastra "una denuncia por acoso al repetir e insistir en varias ocasiones a algún miembro de esta comandancia grancanaria 'sin venir a cuento' su presunta vinculación con la prensa".
En el cuerpo de la denuncia, se solicita "se active el protocolo de acoso contra Bravo, al sentirse increpado el denunciante en su independencia o derecho a relacionarse libremente con la prensa". Sin embargo, "ni el general Mosquera de la Zona de Canarias, ni la Dirección General de la Guardia Civil se han pronunciado durante varios meses sobre la conducta de Bravo, ni han activado el protocolo de acoso tras la denuncia, incurriendo en una supuesta dilación en este procedimiento", asegura.
Más noticias: