El sumario del 'caso Ábalos' da la razón a ElCierreDigital y señala al ministro Torres

El reciente acceso al sumario del caso Ábalos ha destapado detalles comprometedores sobre la causa. Revelaciones que además refuerzan las investigaciones de elcierredigital.com sobre la presunta implicación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el denominado caso mascarillas.

Documentos y conversaciones obtenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan cómo Torres, durante su mandato como presidente de Canarias, gestionó pagos millonarios por mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, presuntamente bajo presión de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

La investigación se centra en las gestiones de Koldo García. Según los WhatsApps incautados, instó a Torres en varias ocasiones a agilizar el pago de facturas pendientes a Soluciones de Gestión. Para esta empresa trabajaba el empresario Víctor de Aldama. 

En un mensaje del 1 de julio de 2020, Torres aseguró a Koldo. “Estoy gestionando el asunto con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad”, en referencia al pago pendiente de las mascarillas.

Posteriormente, el 30 de julio, Torres notificó a Koldo que el “asunto estaba resuelto”. También que había dado “orden de pago”, lo que le permitió “dormir mejor esa noche”, según sus propias palabras.

Este intercambio es solo uno de los muchos que se encuentran en los dispositivos incautados a Aldama y a García. La presión por parte del exasesor de Ábalos también incluyó peticiones directas sobre el momento exacto del pago. Hecho que pondría de manifiesto la urgencia y el interés en cerrar estas transacciones.

Según declaraciones de Aldama, Koldo le habría exigido 50.000 euros para el entonces ministro José Luis Ábalos a cambio de estas gestiones.

Bajo la presidencia de Torres, el Gobierno de Canarias adjudicó más de 12 millones de euros a Soluciones de Gestión en tres contratos separados. La primera adjudicación, de 6,8 millones de euros, fue seguida de otra de 4,77 millones y de una tercera de 5 millones. 

A esto se suma un pago adicional de 417.814 euros para cubrir costes de transporte y seguro. Las mascarillas fueron adquiridas supuestamente a un precio inferior al de otras administraciones, lo que el equipo de Torres defiende como una gestión favorable.

Los contratos que comprometen al ministro Torres

Las continuas publicaciones de elcierredigital.com, firmadas por la periodista María Montero, destapan los contratos que comprometen al hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. 

Estas informaciones llegaron a la Fiscalía Europea, que obligó a la española a investigar al expresidente del Gobierno canario. Entre las acusaciones, destacan también las compras millonarias de material anti-Covid adjudicadas a diferentes compañías de alimentación.

En marzo de 2022, elcierredigital.comreveló la concesión de diversas licitaciones millonarias. Concretamente, a la empresa investigada en el 'caso Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. 

Por otra parte, nuestro diario ya desveló otros contratos. Como los de DAMCO TRADING SERVICES SA, que obtuvo hasta nueve licitaciones con carácter de emergencia entre 2020 a 2022.

Estas licitaciones fueron contratadas, entre otros, por el  Servicio Canario de Salud-Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC).

En ese momento Torres era el presidente autonómico del archipiélago canario. Además de responsable del comité de expertos sanitarios Covid-19 y de las contrataciones millonarias aprobadas por el Servicio Canario de Salud (SCS). 

Torres cuando se efectuaron adjudicaciones a la empresa hoy investigada por la Fiscalía Europea (FE), RR7 United S.L. Fue el Servicio Canario de Salud (SCS) quien adquirió un millón de mascarillas 3M 1860 KN 95 por 4 millones de euros.

Esta empresa de venta de coches, RR7 UNITED SL, nunca entregó este material sanitario. Hoy se encuentra imputada por "estafa agravada y blanqueo de capitales" por la propia FE, tal como desveló elcierredigital.com.

El administrador único de RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González, ya ha declarado en sede judicial y lo ha ratificado ante la FE. "La mercantil RR7 procedió a destruir estas mascarillas 3M cuando fueron recibidas en Gran Canaria por no ser auténticas".

Lo cierto es que Rayco nunca entregó el millón de mascarillas 3M al SCS tras cobrar los cuatro millones y obtener para sí mismo una comisión de hasta 1.320.000 euros. Rayco habría llegado a sugerir "ser víctima de una estafa". 

También hay que recordar que elcierredigital.com destapó una imagen del ministro Torres en un almuerzo. Estaba con el cuñado de Rayco —José Juan Arencibia— y el asesor fiscal de RR7 —Pablo Carranza— en el restaurante 'El cangrejo colorado', en Fuerteventura. Esta imagen llegó al Congreso de los Diputados.

El testimonio de la UCO y los contratos con Megalab

La investigación de la UCO también ha sacado a la luz conversaciones relacionadas con contratos adjudicados a Megalab. Se trata de una empresa dedicada a la realización de pruebas PCR.  En diciembre de 2020, el Servicio Canario de Salud, bajo el mandato de Torres, adjudicó tres contratos a esta empresa por un total de 5,3 millones de euros.

Koldo García fue una figura activa en la promoción de estas adjudicaciones. De hecho, llegó a sugerir a Torres la implementación de un protocolo para vuelos seguros con pruebas PCR. Según los informes, García presionó al entonces presidente canario con mensajes como: “Aprieta con los PCR que los consigues seguro”.

La defensa de Torres y el impacto político

El equipo de Ángel Víctor Torres ha reconocido las comunicaciones con Koldo García, pero las enmarca dentro de la “normalidad administrativa”. Argumentan que las gestiones para agilizar los pagos a Soluciones de Gestión se debieron a que el contrato estipulaba un adelanto del 50%. Y que este no se había cumplido, por lo que la empresa amenazaba con emprender acciones legales.

Sin embargo, estas explicaciones no han disipado las dudas sobre la posible existencia de un entramado de corrupción.

La oposición ha exigido explicaciones en el Congreso y el Senado, mientras que algunos sectores piden la dimisión de Torres si se demuestra que actuó en beneficio de intereses particulares.

El caso Ábalos y su ramificación hacia el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pone de manifiesto la complejidad del caso. Las pruebas presentadas, incluidos los mensajes de WhatsApp, las declaraciones de Víctor de Aldama y los informes de la UCO, pintan un panorama alarmante de posibles irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia.