Montaje propio Siguen los problemas en el Colegio de Médicos de Madrid: Denuncian posible bancarrota
El ICOMEM no presenta cuentas desde 2024, aunque defiende la legalidad de su actuación y la existencia de una auditoría
Tomás Merina, ganador de las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, cuya proclamación fue anulada por una decisión interna que él mantiene impugnada, lanza una nueva advertencia. “Nos tememos que las cuentas puedan estar a cero”, ha declarado el médico cordobés.
Merina ha denunciado que la Junta Directiva en funciones aún no ha presentado los balances del ejercicio 2024 ni ha convocado la preceptiva Asamblea General. Sus insinuaciones llegan en un momento de máxima tensión institucional. Con el Colegio paralizado por una disputa electoral judicializada y una auditoría externa aún no concluida.
El propio Merina ganó las elecciones del ICOMEM celebradas en diciembre de 2024. Pero su proclamación como presidente fue anulada por la Comisión de Recursos, que consideró que no cumplía los requisitos estatutarios para ejercer el cargo.
En concreto, se le acusó de no haber ejercido la medicina durante al menos diez años, como exige el reglamento. La decisión desató un auténtico escándalo: Merina impugnó su descalificación ante los tribunales.
Denunció penalmente a los miembros de la comisión y acusó al equipo de gobierno saliente de maniobrar para perpetuarse en el poder.
Merina sostiene que el estado actual de la tesorería es “un misterio”. Y que la falta de información financiera por parte de la Junta presidida en funciones por Manuel Martínez-Sellés solo alimenta la preocupación.
Señala que en 2020 el saldo del ICOMEM ascendía a 8,2 millones de euros y denuncia que “tras años de despilfarro”, podrían haberse evaporado.
En concreto, señala obras ejecutadas sin cobertura presupuestaria. Una desviación de gastos que habría alcanzado los 4,4 millones de euros, y una subida de cuotas colegiales aprobada sin Asamblea.
El ICOMEM responde: sin auditoría no es legal presentar las cuentas
La Junta Directiva del ICOMEM niega categóricamente las insinuaciones de Merina y afirma que el estado financiero de la institución “goza de buena salud”.
La razón por la que no se han presentado aún las cuentas del ejercicio 2024, explica el Colegio, es estrictamente legal. Los estatutos establecen que dichas cuentas deben ir acompañadas de una auditoría externa independiente.
Esta auditoría, realizada por la firma Ernst & Young, aún no ha finalizado.
Según ha explicado el propio ICOMEM, la auditoría se ha visto retrasada por una intervención directa de Merina. No pidió formalmente una nueva revisión. Aunque envió a la empresa auditora un documento con observaciones e información que, como él mismo calificó, era “meramente informativa”.
Sin embargo, este gesto obligó a Ernst & Young a activar procedimientos extraordinarios que han dilatado la entrega del informe. El Colegio insiste en que, sin ese documento, no puede legalmente presentar las cuentas ni convocar la Asamblea General.
La Junta defiende que ha actuado conforme a la normativa interna en todo momento. Acusan a Merina de intentar generar alarma infundada en los colegiados.
“Ningún miembro de esta Junta desea prolongar esta situación. Pero la ley nos impide avanzar mientras no se resuelvan los procedimientos legales pendientes”, han manifestado desde la presidencia en funciones.
Un proceso electoral bloqueado por los tribunales
El conflicto actual tiene su origen en las elecciones celebradas el 17 de diciembre de 2024. Tomás Merina obtuvo el mayor número de votos. Sin embargo, su candidatura fue anulada semanas después por la Comisión de Recursos del Colegio. La Comisión argumentó que no cumplía con los requisitos estatutarios para ejercer la presidencia, entre ellos, haber ejercido como médico durante al menos diez años.
Merina impugnó la decisión ante los tribunales y, además, presentó una querella criminal por presunta revelación de secretos contra los miembros de la Comisión. Esta judicialización del proceso electoral ha sumido al ICOMEM en una parálisis institucional sin precedentes.
En estos momentos, no es posible convocar ni una Asamblea General ni nuevas elecciones, ya que no se puede determinar legalmente quiénes deben ser los compromisarios que participen en ellas.
El Colegio afirma que cualquier intento de convocar la Asamblea en este contexto podría constituir una ilegalidad. “Nos encontramos ante una situación jurídica y estatutaria excepcional que impide actuar sin el respaldo de una resolución judicial firme”. Así lo explican desde la Junta en funciones.
Mientras tanto, el presidente sigue siendo Martínez-Sellés, que había sido derrotado en los comicios, pero permanece en el cargo al no haberse formalizado el relevo.
Merina denuncia un gasto sin control y aumento de cuotas sin respaldo
Además de la cuestión electoral, Merina ha centrado sus críticas en la gestión económica del Colegio durante los últimos años. Acusa a la Junta de haber ejecutado obras por valor de 4,4 millones de euros entre 2022 y 2023. Una parte de ellas sin haber sido presupuestadas ni aprobadas por la Asamblea.
Denuncia también que se haya procedido a subir las cuotas de colegiación sin contar con el respaldo de los compromisarios. Tampoco con una presentación previa de los balances anuales.
Estas acusaciones han incrementado la presión sobre la Junta. No obstante, desde el ICOMEM insisten en que todos los gastos han sido auditados y supervisados, y que será la auditoría de Ernst & Young la que aporte claridad definitiva. Subrayan que el Colegio sigue funcionando con normalidad, prestando todos sus servicios administrativos, formativos y jurídicos a los colegiados.
Un conflicto con derivadas jurídicas, económicas y reputacionales
El caso del ICOMEM no es único en la Comunidad de Madrid. Otros colegios profesionales, como el de Arquitectos, también atraviesan disputas electorales con derivadas judiciales. Sin embargo, en el caso médico, la magnitud del conflicto es mayor por el peso que tiene la institución en el sistema sanitario y en la representación de más de 50.000 profesionales de la salud.
La paralización de la Asamblea General, la ausencia de nuevas elecciones y la falta de transparencia sobre las cuentas han generado un clima de inquietud entre los colegiados.
A esto se suma la batalla mediática entre Merina y la actual Junta. Con acusaciones cruzadas que han deteriorado gravemente la imagen institucional del Colegio.
De momento, el futuro del ICOMEM queda en manos de dos factores clave: la finalización de la auditoría externa y la resolución judicial sobre la candidatura de Merina.
La Junta ha anunciado su disposición a convocar elecciones en cuanto sea legalmente posible. Aunque no se prevé que la situación se desbloquee antes del verano.
Hasta entonces, el Colegio seguirá en manos de una presidencia interina y sin una rendición oficial de cuentas aprobada por los compromisarios.
El pulso entre quienes exigen transparencia inmediata y quienes apelan al respeto de los cauces legales deja en suspenso la gobernabilidad de una de las instituciones médicas más importantes del país. Mientras tanto, la credibilidad del ICOMEM, tanto interna como externamente, sigue bajo presión.
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