Sandro Rosell, indemnizado tras pasar por prisión: Qué hay tras estas compensaciones

La Audiencia Nacional ha anunciado que indemnizará a Sandro Rosell con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión preventiva. Esta cuatía ha reavivado el debate sobre las compensaciones que reciben los inocentes procesados en España. Este caso pone de manifiesto las inconsistencias y limitaciones del sistema indemnizatorio actual, que a menudo deja a las víctimas de errores judiciales con compensaciones insuficientes y procesos burocráticos complejos.

Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, fue encarcelado preventivamente acusado de organización criminal y blanqueo de capitales, cargos de los que fue absuelto en 2019. Tras su absolución, Rosell reclamó al Estado una indemnización de 29,7 millones de euros por los perjuicios sufridos. Incluyendo daños morales, pérdida de ingresos y gastos legales.

Sin embargo, la Audiencia Nacional solo reconoce una compensación de 232.500 euros. Desglosada en 50.000 euros por daño moral, 120.000 euros por la pérdida de un contrato con Ernst & Young y 62.500 euros por gastos de desplazamiento de familiares al centro penitenciario. El tribunal rechazó indemnizar los costes de su defensa legal y otros contratos empresariales afectados.

En España, el derecho a indemnización por prisión preventiva indebida está regulado por el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que la cuantía se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. Sin embargo, la ley no especifica montos concretos, lo que ha llevado a una aplicación desigual y, en muchos casos, a indemnizaciones consideradas irrisorias.

Por ejemplo, en 2023, la Audiencia Nacional reconoció una indemnización de apenas 27 euros por cada día que un ciudadano pasó en prisión preventiva de manera indebida. Ignorando los perjuicios psicológicos y económicos sufridos. En otro caso, un hombre encarcelado durante 184 días por sospecha de trata de mujeres, y posteriormente absuelto, recibió una compensación total de 5.000 euros.

Falta de criterios objetivos y desigualdades

Un informe publicado por "Nada es Gratis"  y firmado por expertos en Economía y Derecho analizó más de 300 casos desde 1990. El informe destacó la ausencia de criterios legales fijos y objetivables para establecer las indemnizaciones. Los resultados mostraron patrones de decisión difícilmente justificables, con indemnizaciones que oscilan entre los 1.500 euros y el medio millón, sin una lógica clara.

Además, desde 2019, los tribunales han firmado indemnizaciones para más de 70 presos preventivos inocentes. Pero las cantidades varían enormemente, y muchas veces se desestiman reclamos de ingresos perdidos y daños a la reputación.

Casos emblemáticos y desafíos legales

Entre los ejemplos más conocidos de situaciones judiciales de este tipo en España destaca el caso de Ahmed Tommouhi. Un ciudadano marroquí condenado erróneamente y que pasó 15 años en prisión por delitos que no cometió. A pesar de su posterior absolución, el Ministerio de Justicia aún no ha respondido a la reclamación presentada hace más de un año. 

Otro caso paradigmático es el de Dolores Vázquez. Esta mujer inocente pasó 519 días en prisión acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof en el año 2000. En un proceso judicial profundamente influido por prejuicios sociales y mediáticos. Su encarcelamiento se basó en indicios endebles y en una narrativa pública que la condenó antes de que lo hiciera un tribunal.

Tras ser absuelta cuando apareció el verdadero asesino, Tony Alexander King, Vázquez no recibió una disculpa institucional directa. Tampoco fue indemnizada por el Estado.

Durante años, ha vivido prácticamente recluida y en silencio, sin querer exponerse a los medio. En 2021, el documental 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof', producido por HBO Max, reabrió el debate público sobre su historia y visibilizó las enormes consecuencias personales, sociales y económicas que sufrió sin que ninguna institución le ofreciera reparación formal.

Su caso es citado por juristas y asociaciones de derechos humanos como ejemplo extremo de "la injusticia que puede generar un sistema judicial mal orientado y condicionado por la presión mediática".

Hacia una reforma del sistema indemnizatorio

La falta de baremos claros y prácticos para calcular las indemnizaciones ha llevado a abogados penalistas y expertos a pedir reformas que establezcan criterios más equitativos y transparentes. Hay quien propone que las indemnizaciones consideren no solo el tiempo de privación de libertad, sino también los daños morales y el desprestigio social. También influirían la ruptura con el entorno familiar y social, y las secuelas psicológicas.

Además, algunos sugieren que el Estado adopte un enfoque más proactivo en la compensación a las víctimas de errores judiciales. Reconociendo automáticamente el derecho a indemnización en casos de absolución tras prisión preventiva, y evitando procesos burocráticos que prolongan el sufrimiento de los afectados.