Rey del Cachopo revela grupo prestamista con infiltrados en la Policía.
César Román envía carta al juzgado con nuevos datos sobre el asesinato de Heidi Paz.
El Rey del Cachopo, César Román, pretende dar un giro más rocambolesco todavía al asesinato de su novia, Heidi Paz. El pasado 20 de enero dirigió una carta, cuatro folios escritos de su puño y letra, a la Fiscalía del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 6 de Madrid, en la que se muestra dispuesto a colaborar, por fin, con la Justicia. Con el fin de “informar en los juzgados de los nombres y apellidos de los delincuentes que están detrás del asesinato de Heidi Paz”.
La titular del Juzgado de Violencia contra las Mujeres número 6 de Madrid, María del Carmen Gamir, deberá decidir si atiende la petición de Román dirigida a la Fiscalía. La misiva fue remitida al juzgado por el director de la prisión madrileña de Soto del Real, José Luis Argenta de la Aldea, donde Román está ingresado desde noviembre de 2018, cuando fue detenido en Zaragoza con una identidad falsa.
Estos presuntos delincuentes, según indica en su misiva el Rey del Cachopo, serían unos presuntos narcotraficantes y prestamistas, que habrían reclamado a Román la devolución de esa deuda “poniendo a Heidi una pistola en la cabeza”. En concreto, una de estas personas sería el mismo que reclamó el pago de la deuda al Rey del Cachopo durante un encuentro en la madrileña Glorieta de Cádiz el pasado 13 de agosto y que provocaría su posterior huida a Zaragoza, donde finalmente sería detenido.
También aprovecha Román para asegurar que Heidi tenía llaves de la nave de Usera, donde fueron hallados sus restos, "y ese hombre (el supuesto pistolero) pudo ser el que un testigo vio salir abandonando el lugar poco antes de que la policía descubriese los restos" de Heidi Paz. Todos los testigos interrogados han declarado que solo el Rey del Cachopo tenía llaves de ese local y Heidi nunca tuvo acceso libre a ninguno de los cuatro restaurantes de César Román.
En esta carta remitida a la Fiscalía, el Rey del Cachopo también da pistas sobre este supuesto grupo organizado “que se dedica al narcotráfico y a los préstamos en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía". César Román también intenta mancillar la memoria de Heidi Paz al afirmar que la fallecida formaría parte de este grupo con el que habría "trabajado" en La Cañada Real, un conocido “hipermercado” de las drogas, como también en San Blas, otro popular barrio del sudeste de Madrid.
Román asegura en su carta que tiene miedo porque “este grupo mantiene fuertes lazos con infiltrados en la policía, en concreto en tres comisarías de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía”.
Asimismo, el Rey del Cachopo ha realizado una petición difícil de llevar a cabo porque el procedimiento judicial no contempla esta posibilidad. Pide que se declare el secreto parcial de estas nuevas diligencias, pero no el secreto de las actuaciones, sino el secreto para una de las partes, en concreto para la acusación particular que ejerce Gloria Bulnes, la madre de Heidi Paz.
César Román exige a la juez, como paso previo para su colaboración, que “declare el secreto de estas actuaciones, previamente a mi declaración”. Una inusitada práctica legal, puesto que difícilmente puede declararse secreto unas declaraciones antes de su existencia a no ser que a Román se le califique como testigo protegido, algo que según fuentes jurídicas no es fácil de conseguir. El Rey del Cachopo justifica su petición por “las filtraciones a los medios de comunicación”, obviando u olvidando las cartas que él mismo escribe a varios periodistas.
Ramón Fernández de Mera, abogado de la acusación particular y representante de la familia de Heidi Paz, explicó que “desconozco ahora mismo el contenido exacto de esa carta a la que usted se refiere, pero no existe en el procedimiento nada que diga cómo hacer diligencias secretas para una de las partes y libres para el resto, además, no tendría sentido que todas las partes pudiesen escuchar y preguntar y no la representación legal de la familia de la víctima”.
El investigado termina su carta mostrando su disposición a colaborar “siempre y cuando se adopten medidas de seguridad para mi familia (su hija) y se decrete el secreto de sumario para una de las partes”, concluye su escrito.
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