Qué hay tras Quorum, el centro de menas en Canarias: Sus nexos con el ministro Torres

El centro de menores no acompañados de  Quorum Social 77 cercano a la Playa del Cabrón, en Agüimes (Gran Canaria), ha sido clausurado. También han sido detenidos dos directivos de la entidad que gestiona el centro de menores, en el marco de una investigación por la presunta comisión de varios delitos. A la vez, diversos colectivos ciudadanos han pedido la prohibición de una manifestación antiinmigración convocada para el próximo 27 de julio en la capital grancanaria.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el cierre de este centro de menores. Estaba gestionado por Quorum Social 77, ONG de la que dos de sus directivos han sido detenidos: su presidenta, Delia García, y el director de los centros, Enrique Quintana Ramos. 

Las diligencias judiciales de este jueves forman parte de una causa, por el momento secreta, en la que se están investigando varios posibles delitos. Entre ellos se encuentran presuntos delitos de odio, lesiones, contra la integridad moral, amenazas y de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.

Además, el juez ha solicitado el registro policial de otro centro de menores de la localidad de Firgas. Este también se encuentra bajo la gestión de Quorum Social 77 y no se descarta su clausura, según La Provincia.

El juez también ha ordenado a las autoridades el registro de la sede de la entidad, ubicada en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria. Cabe señalar que estos registros han sido efectuados por la policía autonómica canaria, lo que ha generado desconcierto entre la población. “La autonómica hace el registro porque tiene la competencia de los menores de la comunidad autónoma”, señalan fuentes cercanas al caso a elcierredigital.com.

Hasta este momento, en el centro de menores ahora cerrado se encontraban 148 personas, según elDiario.es. Estos tendrán que ser destinados a otros centros, medida que le corresponde a la Consejería de Bienestar Social. 

La noticia ha tenido lugar en un momento de tensión en la isla, con una manifestación antiinmigración convocada para el próximo domingo en La Isleta. Por su parte, agrupaciones como Comisiones Obreras, Canarias Insumisa, Podemos o Izquierda Unida han exigido la prohibición de la protesta.

Sin embargo, no es la primera vez que la Justicia toma cartas en el asunto en relación con la empresa Quorum Social 77. El pasado 19 de mayo acordó el cierre y precinto judicial de otro de sus centros, La Fortaleza I, en Monte Lentiscal.

El centro La Fortaleza I, también cerrado

La decisión de la clausura la tomó el Juzgado piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. La Justicia consideró que existían “numerosas evidencias y testimonios recibidos'' de la supuesta comisión de varios delitos  en el centro La Fortaleza I. Estos presuntos delitos son parecidos a los que se investiga ahora en Agüimes: lesiones, odio, y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, entre otros.

Además del cierre, el Juzgado también ordenó el precinto judicial del centro, ubicado en Monte Lentiscal, en la localidad grancanaria de Santa Brígida. El origen de esta actuación se sitúa en una denuncia del Gobierno canario tras consultar varios testimonios de menores y trabajadores. Estos testigos afirmaron que hubo varios casos de presunto maltrato  hacia los residentes del centro.

Quorum Social 77 es la ONG que más menores acoge en Canarias, alrededor de 2.000 según El País. En su página web, se define como una “entidad no lucrativa de carácter asistencial en el ámbito del niño, niña y adolescentes”. Sin embargo, su credibilidad ya estaba en entredicho por las adjudicaciones que tuvo con el gobierno de Ángel Víctor Torres.

Torres y los contratos a Quorum Social 77

Como ya contamos en elcierredigital.com, en 2020 el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, pagó más de 13 millones de euros a seis ONGs. Esta investigación de María Montero destapó que este dinero, pensado para hacer frente al Covid-19, se destinó a 30 adjudicaciones  para entidades como  Quorum Social 77. Los contratos se efectuaron por ‘tramitación de emergencia’ para prestar servicio de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados.

Estos menores habían llegado a las islas a través de embarcaciones irregulares durante la pandemia. Tras su llegada, fueron alojados en 28 hoteles turísticos, residencias privadas o centros públicos en las islas canarias. Las adjudicaciones fueron autorizadas por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ahora diputada de Podemos en el Congreso.

Elcierredigital.com tuvo acceso a estos contratos, con un valor total de 13.368.019 euros, de los cuales Quorum Social 77 recibió 5.740.296 euros. Algunos alojamientos que gestionó fueron San Juan, en Telde-Gran Canaria (385.900 euros) y Puerto de la Cruz en Tenerife (929.362 euros). Se estima que el coste diario por menor osciló  entre 80 y 100 euros.