Los políticos bajo la lupa de detectives privados: El caso de Vidal-Quadras
En noviembre de 2023 el fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, sufrió un intento de asesinato.
Este 15 de febrero se ha sabido que los fundadores de VOX, Alejo Vidal-Quadras y Javier Ortega Smith, fueron investigados por un detective catalán en mayo de 2022, es decir, año y medio antes del atentado contra Vidal-Quadras. Según publica El Debate, este detective habría investigado también el entorno más próximo de Vidal-Quadras, accedido a los datos de su DNI y averiguado la localización de su domicilio personal, que se encuentra muy próximo al lugar en el que ocurrió el atentado. Igualmente, procedió de manera similar con respecto a los datos de Ortega Smith, actual portavoz de VOX en el Ayuntamiento madrileño.
Con los datos que se conocen hasta el momento, se sospecha que este detective podría estar relacionado con la trama del intento de asesinato. Sin embargo, aún no ha trascendido la identidad de la persona que realizó este encargo al detective privado, dato que podría suponer un importante avance en la investigación del intento de asesinato de Vidal-Quadras, suceso que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en la céntrica calle madrileña de Núñez de Balboa.
Detectives privados consultados por elcierredigital.com explican que “las investigaciones que se realizan han de estar registradas en un libro interno que tienen todos los despachos de detectives y que pertenece a la Policía Nacional. En este libro hay que registrar la fecha de comienzo y final del encargo, la persona que ha hecho ese encargo y el contrato. Para poder investigar un detective tiene que tener un contrato firmado por la persona que hace el encargo, que tiene que ser legítimo y estar fundamentado. La manera de legitimar un encargo es tener un vínculo de relación con alguno de los investigados en defensa de sus propios intereses. Tiene que haber algo que justifique que esa persona puede contratar a un detective para hacer la investigación. Si no se justifica no se puede hacer la investigación”.
“Antes de aceptar un encargo un detective tiene que plantear una serie de cuestiones. La Ley de Seguridad Privada establece que tiene que estar realmente legitimado para encargar una investigación. Puede haber gente que acepte una importante cantidad económica y no esté legitimada esa investigación, como puede ser este caso. Sin embargo, esto también puede ser que miembros de VOX hayan querido investigar a Vidal-Quadras y a Ortega Smith. Eso sí sería un motivo legitimado. Personalmente creo que se puede tratar de un tema interno del partido y en principio no veo que pueda estar relacionado con el crimen”, añaden estos expertos.
“En caso de que la investigación no esté registrada en el libro ni se tenga un motivo legítimo, el detective recibiría una sanción administrativa y se le retiraría la licencia de detective. Seguro que la policía le habrá pedido a ese detective que lo justifique mediante el encargo, y por ende, sabrán quién hizo ese encargo”, concluyen estas fuentes del sector.
El caso Pegasus: Espionaje a políticos
Sin embargo, la investigación a los fundadores de VOX no es la única que ha trascendido. En 2022 el Gobierno español denunció que los móviles de varios políticos fueron infectados por el ‘software’ espía Pegasus. Pegasus es un tipo de software creado por la empresa NSO Group, con sede en Israel. Este programa puede hacer un seguimiento exhaustivo, tanto en móviles con sistema Android como iOS. Los archivos a los que puede tener acceso el software son imágenes, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Telegram, historial del buscador, contactos o incluso llamadas telefónicas.
Las primeras personalidades políticas en ser espiadas fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Margarita Robles y 63 independentistas, jueces y miembros de la sociedad catalana. Según se detalló, se demostraron 51 infecciones de móviles con el uso del código Pegasus y 12 intentos de infección a través de correos electrónicos y WhatsApp.
En España se puso en marcha una investigación sobre este espionaje dirigida por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Calama solicitó a la Moncloa la desclasificación de su información y que se llevara a cabo antes de tomar declaración como testigos y afectados por el espionaje de Pegasus a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Sin embargo, el Consejo de Ministros afirmó que "no existen secretos que desclasificar". Hay que recordar que además de la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el propio presidente del Gobierno, también fue víctima de Pegasus el ministro de Agricultura, Luis Planas, como denunció el Ejecutivo.
Según trascendió, se barajó la posibilidad de que se tratase de una agencia de inteligencia extranjera o incluso que podría haber sido el CNI el que estuviese detrás de este programa. Otra hipótesis que circulaba era que se tratase de la “policía patriótica”, dirigida por algunos elementos de la Policía Nacional bajo el mando del comisario Villarejo, una especulación de la que se habló en el caso del espionaje al independentismo catalán.
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