Denuncian la 'opacidad' del Gobierno sobre Indra: No muestran sus prohibiciones

A lo largo de su recorrido en España la empresa multinacional Indra se ha visto señalada por varias polémicas. Entre estas se encuentra la denuncia que pesa contra la compañía por el apagón de la web de Interior por parte de Indra el 28M o la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por "formar parte de un cártel de servicios informáticos que realizaba prácticas anticompetitivas en la contratación pública". 

La sanción impuesta a Indra, confirmada por la  Audiencia Nacional, fue de 13,5 millones de euros, siendo la más alta del grupo de empresas implicado. Cabe destacar que la empresa Indra –privada aunque con participaciones públicas de la SEPI de casi un 28 por ciento– es la  encargada del escrutinio provisional en las elecciones en España. En línea con esto, se vio también involucrada con el denunciado presunto “pucherazo híbrido” de Pedro Sánchez, por el abogado Guillermo Rocafort.

Ante la estela de problemas que afronra Indra y su supuesta vinculación con el cártel informático citado anteriormente, el abogado Guillermo Rocafort solicitó conocer las prohibiciones de contratación pública y las auditorías realizadas sobre la compañía al Ministerio del Interior, que es quien supervisa a la consultora y tecnológica en los cómputos electorales. También preguntó sobre otras infracciones realizadas por parte de Indra.

La respuesta de la Dirección General de Política Interior

En una conversación de elcierredigital.com con el abogado Guillermo Rocafort, este señala que “cuando una compañía amaña los precios se producen una serie de infracciones administrativas que son señaladas por la propia administración del Estado y luego ratificadas por la Justicia. Cuando ocurre esto, una de las posibles sanciones que se establece es la  prohibición de contratación pública”.

Elcierredigital.com ha tenido acceso a la respuesta de la  Dirección General de Política Interior. En ella se indica que “no procede facilitar ninguna información por tratarse de un contrato sujeto a confidencialidad en todos los extremos de su ejecución y encontrarse dentro del nivel de seguridad alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)”.  

“Es un nuevo gesto de  absoluta opacidad del Gobierno  que se niega a desvelar las sanciones contra Indra, sus prohibiciones de contratación pública y las auditorías sobre sus procesos electorales". El abogado afirma que en cualquier  otro país de nuestro entorno esa información sería accesible, y defiende que las sanciones son o deberían ser públicas.

Rocafort añade que "alegan confidencialidad, pero la doctrina del Consejo de Transparencia dice que cuando la administración alega confidencialidad o seguridad hay que explicar porqué se ampara en esos motivos para no dar cierta información”.

El abogado expone que “la clave es que los actos delictivos de Indra acaban vinculados con su participación en las elecciones. Si hubiera una sanción de prohibición de contratación afectaría a su participación en todos los sectores e incluso podría suponer la prohibición de llevar a cabo el cómputo electoral”.

E insistiendo con el asunto de las pasadas elecciones, Rocafort señala que  también “está el tema de los informes de auditoría. Se supone que tendría que haber un proceso de revisión de cómo ha funcionado el cómputo electoral. Si los hay, deberían aportarlos porque generan confianza y garantía electoral”.

Ante las dudas que se le planteaban y la falta de respuesta, Guillermo Rocafort decidió acudir al Consejo de Transparencia con la pretensión de que se obligue al Gobierno a hacer pública esta información, "pues es precisa para mantener la confianza en los procesos electorales que lleva a cabo Indra, ya que de lo contrario estaríamos creando unas sombras de sospechas que lesionaran la legitimidad del actual Gobierno".

La presunta participación de Indra en el cártel informático

En 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló un presunto cártel de servicios informáticos formado por once empresas que prestaban servicios informáticos a la Administración Pública. Estas empresas fueron multadas por intercambiar información comercial sensible y pactar precios y condiciones comerciales para encarecer la contratación pública. 

Las empresas involucradas  operaron en todo el territorio nacional durante quince años ofreciendo servicios de tratamiento de datos y de informática. Estos servicios iban desde la preparación de datos para su tratamiento hasta la creación de bases de datos pasando por la asistencia de consultores en la instalación de aplicación de programas y equipos informáticos. 

Otras prácticas fueron acordar con otras empresas del sector la no presentación a licitaciones a cambio de favores. También acordaron la cesión de claves de patrimonio y la presentación de ofertas de cobertura para afianzarse la adjudicación de contratos por medio de procedimientos o concursos negociados. 

Las conductas ilícitas, según la CNMC, afectaron a los procedimientos de contratación que se realizaban a través de la creación de UTEs (Uniones temporales de Empresas) instrumentales, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras a cambio de que no participasen con ofertas alternativas en la licitación.

El apagón de la web de Interior por parte de Indra el 28M

Elcierredigital.com se hacía eco de los hechos acontecidos durante las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, donde Indra –empresa encargada de realizar el  escrutinio provisional– detectó "una incidencia" en el servicio de recuento provisional que afectó a la difusión de resultados a través de la página web del Ministerio del Interior.

Esta situación fue achacada a un "exceso de tráfico". "Sin disponer en estos momentos de un diagnóstico claro, el sistema de protección ha detectado un exceso de tráfico y ha bloqueado el acceso a la página web de difusión del Ministerio", explicó Indra, que añadió que "inicialmente no se apunta a un ciberataque".

Para Guillermo Rocafort esta incidencia supuso que "durante esa hora y media no hubo monitorización pública de los datos oficiales en el escrutinio provisional". Por ese motivo, Rocafort acudió al Consejo de Transparencia con la intención de clarificar dicha caída.

La contestación del Consejo se limitó a afirmar que “nuestro sistema electoral consiste en un proceso de monitorización pública constante. No hay en todo este proceso ocultación alguna de procedimientos o datos”.