Polémicas de la pública Grupo Tragsa: Despidos improcedentes y contratos 'a dedo'

El Tribunal de Cuentas ha encontrado irregularidades en la empresa pública  Grupo Tragsa, señalando que  numerosas obras fueron adjudicadas "a dedo" por las administraciones públicas. El Tribunal fiscalizó las actividades de Tragsa durante 2021 y 2022, descubriendo que la empresa, que es un organismo público, fue contratada de forma directa para múltiples proyectos, muchas veces sin los procedimientos adecuados. Entre las deficiencias destacadas se incluyen la  falta de documentación justificativa, actas de recepción incompletas y uso excesivo de personal temporal.

El informe revela que en el 34% de los expedientes analizados no había correlación entre los encargos y la cualificación del personal asignado. Además, Tragsa asumió encargos de emergencia sin justificar adecuadamente la urgencia, y en muchos casos, los archivos estaban incompletos, careciendo de memoria y presupuesto aprobados.

La empresa también ha sido señalada por sus prácticas de subcontratación, donde en varios proyectos el porcentaje de trabajo subcontratado excedió el límite legal del 50%. Esto generó dudas sobre la suficiencia de los recursos de personal de Tragsa para manejar la creciente cantidad de encargos recibidos, más aún teniendo en cuenta que Tragsa despidió a más de 700 trabajadores hace menos de una década.

La patronal de la construcción ha denunciado este uso excesivo de medios propios por parte de las administraciones, argumentando que crea una competencia desleal. La CEOE ha llevado la cuestión a la Comisión Europea, solicitando una revisión rigurosa de estas prácticas. El Tribunal de Cuentas, por su parte, concluye que Tragsa debe mejorar significativamente sus procesos de control y seguimiento para evitar futuras irregularidades y asegurar una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, la gran mayoría de las actividades de Tragsa,  alrededor del 95%, provienen de encargos realizados por entidades públicas a nivel estatal, autonómico y local. Durante los años 2021 y 2022, los encargos alcanzaron una cifra superior a los 3.000 millones de euros. En este sentido, se ha observado un crecimiento constante en los montos de los contratos a lo largo de los años, lo que ha llevado a la necesidad de contratar a terceros para llevar a cabo las tareas encomendadas.

En los últimos años, la empresa pública Tragsa ha estado en el ojo del huracán debido a múltiples acusaciones de irregularidades laborales y administrativas. Estas controversias han puesto en tela de juicio la gestión y las prácticas de una entidad que, tradicionalmente, ha jugado un papel crucial en la administración pública española, especialmente en áreas como la gestión de emergencias y servicios medioambientales.

Despidos improcedentes, precariedad laboral y contratos temporales

El Grupo Tragsa, que proviene de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., es un grupo público perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que se enfoca en el desarrollo rural, la conservación de la naturaleza y la ejecución de infraestructuras, entre otras actividades. Según los datos accesibles en su web, Tragsa  cuenta con más de 16,000 empleados y casi 200,000 actuaciones realizadas en 40 años de historia.

La empresa se estructura en Tragsa, encargada de obras y servicios, y Tragsatec, responsable de la ingeniería y la asistencia técnica. Fue en 2003 cuando el Grupo Tragsa pasó a formar parte de la SEPI. A nivel internacional, el Grupo Tragsa ha participado en 125 proyectos de cooperación española en diversos países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio, en colaboración con la AECID.

En los últimos años, el Grupo Tragsa ha sido objeto de más de una polémica relacionada con la situación laboral de la empresa pública. Uno de los casos más recientes y destacados en el Grupo Tragsa es la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 2018. En esta sentencia, Tragsa fue hallada culpable de un despido improcedente al no readmitir a una brigadista de incendios forestales que había trabajado para la empresa durante varios años consecutivos.

La trabajadora en cuestión había sido contratada anualmente entre 2011 y 2015 para las campañas de incendios, pero en 2016, Tragsa decidió no renovarle el contrato sin proporcionar una justificación adecuada. El tribunal dictaminó que esta acción constituía un despido improcedente, ordenando a la empresa a readmitir a la trabajadora o, en su defecto, indemnizarla adecuadamente.

Este caso es solo la punta del iceberg en un mar de acusaciones relacionadas con la precariedad laboral en Tragsa. Trabajadores y sindicatos han denunciado repetidamente la utilización excesiva de contratos temporales y la falta de estabilidad laboral.  El historial de controversias de Tragsa incluye varios casos judiciales significativos. 

En una sentencia de 2014, a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, la Audiencia Nacional declaró improcedente un despido colectivo de 726 trabajadores que pretendía llevar a cabo Tragsa,  subrayando la existencia de irregularidades en el proceso de negociación y la falta de justificación adecuada para los despidos masivos. Sin embargo, apenas un año después, el Tribunal Supremo dio luz verde al ERE de Tragsa en octubre de 2015. 

Falta de Transparencia y Procedimientos Cuestionables

Las críticas hacia Tragsa no se limitan únicamente a cuestiones laborales.  La empresa también ha sido objeto de escrutinio por la falta de transparencia en sus procedimientos de contratación y adjudicación de proyectos. Se han reportado irregularidades en la manera en que se otorgan contratos y en la ejecución de proyectos, lo que ha llevado a varios organismos a investigar sus prácticas a lo largo de los años, como es el caso del Tribunal de Cuentas.

Un ejemplo notable fue la controversia en torno a la adjudicación de contratos sin los debidos procesos de licitación pública, lo que generó sospechas sobre posibles favoritismos y falta de competencia justa. Estas acciones han minado la confianza del público y de otras entidades en la integridad de la empresa.

En respuesta a estas críticas, Tragsa ha emitido comunicados asegurando que está tomando medidas para mejorar sus prácticas laborales y administrativas. La empresa ha prometido revisar sus políticas de contratación y aumentar la transparencia en sus operaciones.  No obstante, los sindicatos y otros grupos de interés siguen vigilantes y exigen acciones concretas y verificables en lugar de meras promesas.

El gobierno, por su parte, ha mostrado interés en revisar y posiblemente reformar la estructura y las prácticas de Tragsa para asegurar que la empresa cumpla con los estándares esperados de una entidad pública. Y es que, tal y como insinúan las fuentes cercanas a la empresa consultadas por este medio:  "A veces Tragsa parece actuar como conexión entre el Gobierno y las empresas, ya le han descubierto más de una irregularidad en contrataciones".