EP Otro frente para Moncloa: Navantia agrava sus pérdidas pese a sus millonarios rescates
La empresa de construcción naval lleva 17 años en números rojos y es denunciada por las condiciones laborales que ofrece
Navantia cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 196,4 millones de euros. Agrava así su reguero de números rojos que se extiende ya durante 17 años consecutivos. La constructora naval pública, bajo el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha visto cómo su balance financiero se deteriora aún más. Lo hace en un contexto de caída de ingresos, conflictos laborales prolongados y dependencia creciente de contratos militares internacionales.
El resultado negativo de 2024 representa un aumento del 63,6% respecto a los 121,9 millones de euros perdidos en 2023. En términos fiscales, la situación es aún más grave. Las pérdidas antes de impuestos alcanzaron los 243,9 millones, un 79,2% más que el ejercicio anterior.
La empresa presidida por Ricardo Domínguez ha logrado maquillar parte de estos números gracias al "uso de bases imponibles negativas acumuladas" durante años. Pero fuentes del sector señalan que el deterioro estructural de las cuentas sigue su curso.
Deuda de 1.800 millones con el Estado
El Estado, una vez más, ha salido al rescate. La compañía recibió el año pasado una inyección récord de 450 millones de euros en concepto de financiación pública. Con lo que la deuda acumulada con la SEPI supera ya los 1.800 millones.
Pese a estas ayudas extraordinarias, Navantia no logra frenar su caída ni consolidar un rumbo claro hacia la rentabilidad. Sus ingresos totales en 2024 ascendieron a 1.408 millones de euros. Lo cual supone una leve caída del 1,8% respecto al año anterior. Y rompe la tendencia ascendente que había conseguido mantener en ejercicios anteriores.
Denuncian 'malas condiciones laborales'
Al deterioro financiero se suma el agravamiento de las condiciones laborales denunciadas en varios de sus astilleros. En Cartagena, los trabajadores de empresas auxiliares cumplen ya tres semanas de huelga indefinida sin que se haya producido un avance sustancial en la negociación del convenio colectivo. La protesta, respaldada por UGT y CSIF, se trasladó a las puertas del Ayuntamiento esta semana.
Las denuncias se centran en "nóminas mensuales que en junio apenas alcanzaron los 500 euros". Los sindicatos califican la situación de "insostenible" y que afecta directamente a la viabilidad económica de las familias trabajadoras. Exigen la aplicación inmediata del 'plus de astillero'. Este es un complemento salarial que ya perciben empleados de los centros de Ferrol y Cádiz. Este complemento oscila entre los 600 y 1.000 euros mensuales.
En Cádiz, el ambiente tampoco es mejor. Las protestas del metal y la incertidumbre laboral en la Bahía han tenido consecuencias directas para la actividad económica. Navantia ha perdido un contrato clave para la reparación del crucero Star of the Seas, gemelo del Icon of the Seas. Este está considerado como el barco turístico más grande del mundo.
Royal Caribbean, propietaria del buque, ha cancelado su entrada en el dique de Cádiz tras constatar los episodios recientes de bloqueos, como el ocurrido con el Carnival Liberty. Este llegó a quedar retenido en las instalaciones portuarias. La naviera ha optado por trasladar la reparación del crucero a Algeciras, descartando definitivamente Cádiz ante el riesgo operativo derivado del conflicto laboral. La pérdida de este contrato supone un revés económico y reputacional para el astillero.
En contraste con la pérdida del contrato turístico, Navantia ha conseguido apuntarse un nuevo encargo militar. Se trata de un acuerdo con el Ejército de Tierra para el mantenimiento de los Centros Directores de Fuego (FDC) y las Unidades Sensoras (US) del sistema de artillería antiaérea SKYDOR. Aunque este contrato representa una oportunidad de mantener carga de trabajo y facturación en un área estratégica, su impacto financiero es limitado.
De compras en Reino Unido
Una de las operaciones más controvertidas de 2024 ha sido la compra del astillero británico Harland & Wolff, situado en Belfast. Este es conocido históricamente por haber construido el Titanic.
La operación, valorada en unos 90 millones de euros, fue presentada como una apuesta por consolidar la presencia de Navantia en el Reino Unido. Además de proteger el contrato FSS, adjudicado por la Royal Navy. Este acuerdo, de casi 2.000 millones de euros, contempla la construcción de tres buques de apoyo logístico.
La situación financiera crítica de Harland & Wolff, que llegó a entrar en insolvencia en verano, obligó a Navantia a tomar el control. Todo para evitar el colapso del contrato. A cambio, se ha comprometido a mantener la actividad en los astilleros británicos, que asumirán dos tercios del ensamblaje de los buques. Mientras, Puerto Real acogerá solo una parte minoritaria de la producción.
La empresa española prevé que el ensamblaje final se lleve a cabo también en Belfast. Lo cual ha despertado críticas internas sobre el papel residual que se otorga a los astilleros nacionales en un proyecto financiado con capital público español.
La compra de Harland & Wolff, que ha incrementado la plantilla total de Navantia en más de 1.100 trabajadores, ha sido presentada como una inversión estratégica de futuro. Sin embargo, no ha venido acompañada de mejoras significativas en la productividad ni en la rentabilidad.
Las cifras de negocio de la filial británica se quedaron en 81,3 millones de euros, muy por debajo de las expectativas. La incorporación ha tensionado aún más las cuentas de una compañía que sigue sin encontrar un modelo sostenible de negocio a pesar de la constante llegada de recursos públicos.
Navantia afronta así otro año marcado por el déficit y la denunciada "precariedad laboral en sus contratas". Todo ello con una deuda creciente y bajo el paraguas financiero del Estado.
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