El Director General de la Policía, en jaque: Un subinspector denuncia 'prevaricación'

El subinspector de policía Alfredo Perdiguero ha interpuesto una denuncia contra el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por presunta prevaricación. La demanda, a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, también se dirige al instructor de un expediente disciplinario contra Perdiguero. La denuncia, presentada hace unos días, califica este expediente como “una vulneración muy grave de los principios básicos de un estado social y democrático”.

El subinspector había sido expedientado a principios de este año por haber participado como tertuliano  en ‘Cuarto Milenio’, sin ser autorizado para ello. Perdiguero fue presentado el pasado mes de septiembre en el programa de Iker Jiménez como portavoz del sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP). “Fui a contar al programa el caso del corazón apuñalado encontrado en una caja en junio, como he ido mil veces”, explica Perdiguero a elcierredigital.com. 

Este enero se le notificó al subinspector que se había abierto un expediente disciplinario  contra él por no haber sido autorizado para esta intervención. En la resolución del expediente, el instructor decretó la suspensión de empleo y sueldo a Perdiguero durante 20 días. Paralelamente, se había imputado al subinspector por un delito de revelación de secretos, pero el juez aún no se ha pronunciado sobre ello. 

Hace unos días, Perdiguero interpuso una denuncia contra el director general de la Policía y contra el instructor  del expediente por presunta prevaricación administrativa. La demanda considera que el expediente se ha realizado por “el capricho del Director General”. El texto añade que se debe a “una animadversión personal e injustificada hacia nuestro representado”.

Los detalles de la denuncia

En la demanda, presentada ante un juzgado de Madrid, se expone que a lo largo de la instrucción hubo varias “irregularidades”. Una de ellas es la continuación del procedimiento administrativo mientras que existía una causa judicial  en curso. Acorde a la Ley Orgánica 2/1986, el procedimiento administrativo no se puede resolver mientras que no haya una sentencia judicial firme.

Según la denuncia, el pronunciamiento judicial aún no se ha producido. Otro de los motivos expuestos por la denuncia es la Circular 1/2015, en la que se apoya el expediente sancionador. La demanda asegura que esta fue citada en el expediente “sin especificar su fecha” y que “no está publicada en ningún boletín oficial”.

El texto recalca que las circulares no tienen rango de ley. También resalta que el único texto legislativo que podría regular la intervención de los policías en los medios de comunicación no ha sido aprobado. Este es un Real Decreto redactado en 2021 que desarrolla el régimen de incompatibilidades en la Policía Nacional.

Por este motivo la denuncia sostiene que la instrucción ha sido contraria a los principios de legalidad y tipicidad “propios de un Estado de derecho”. Según la Ley 40/2015, se podrá ejercer la potestad sancionadora para imponer una sanción cuando esta esté reconocida en una norma con rango de ley.

En la fase de instrucción, el denunciante propuso que se realizasen varias diligencias de prueba. Entre ellas, la incorporación del boletín oficial en el que estuviera publicada la circular en la que se apoya el expediente. También se solicitó que se comprobase si la plataforma de petición de permisos de la policía tenía algún apartado para solicitar la autorización exigida a Perdiguero.

Además, se propuso la incorporación de otras solicitudes de otros policías miembros de sindicatos que habían intervenido en los medios de comunicación. El instructor desestimó todas estas diligencias “al considerarlas inútiles”, según la denuncia. Este mismo documento afirma que la propuesta de resolución fue “incongruente y nula” porque parte de ella se refería a otra persona.

Finalmente, en abril de este año la resolución determinó que Perdiguero sería suspendido de empleo y sueldo durante 20 días. La denuncia presentada hace unos días califica este expediente como “una vulneración muy grave de los principios básicos de un Estado social y democrático”.

El denunciante, Alfredo Perdiguero, sostiene que este procedimiento administrativo se debe a que “no quieren voces discordantes” en la Policía. “Nunca me he arrodillado y, a la hora de defender a la Policía, he demostrado que soy de la Policía. Con todo lo que está saliendo, no quieren que nadie cuente desde dentro cómo son las cosas”, asegura.

El subinspector afirma que con esta ya son 23 las faltas graves que acumula. “Todas son por declaraciones, ninguna por ser mal policía o mal jefe”, añade.