Montaje propio El vínculo del caso Koldo en México: Un viaje institucional al país azteca fraguó todo
Ábalos, Koldo y Aldama se vieron en 2019 con el expresidente mexicano López Obrador para abordar la obra del Tren Maya
El caso Koldo pudo fraguarse fuera de las fronteras españolas con un viaje de Ábalos y Koldo a México. Los principales nombres de este presunto caso de corrupción visitaron México en 2019 para conseguir los contratos para el Tren Maya. Según Aldama en su declaración voluntaria ante el juez del pasado noviembre, ahí fue cuando comenzaron las relaciones entre Koldo, Ábalos y él.
Se trató de un viaje institucional con la delegación ibérica, encabezada por el ministro Ábalos. En este viaje Aldama fue presentado como cónsul honorario de España en Oaxaca y Koldo García fue presentado como asesor del ministro.
El entonces ministro de Fomento y su asesor Koldo recurierron al empresario por sus contactos entre las autoridades mexicanas, según el propio Aldama. El objetivo era conseguir el contrato de la obra del Tren Maya, del gobierno de López Obrador, para la empresa pública INECO. Aldama, supuestamente, fue el encargado de organizar este viaje, de carácter oficial, y el correspondiente dispositivo de seguridad con las autoridades.
También asistieron a esta visita oficial, fechada el 4 de febrero de 2019, un asesor del ministro, Ricardo Mar, y la presidenta del INECO, Carmen Librero. El resultado fue la firma de un contrato de 13,2 millones de euros para INECO en consorcio con una empresa alemana, según Reforma.
El Tren Maya es una línea de ferrocarril que une la zona sureste de México. Se trata de una de las grandes medidas prometidas por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la infraestructura ferroviaria. El 15 de diciembre de 2023 se inauguraron los primeros tramos de esta línea de tren.
INECO y el caso Ábalos
El pasado abril, INECO presentó ante el Tribunal Supremo un total de 203 partes diarios de trabajo remitidos por la exnovia de Ábalos, Jéssica Rodríguez. Estos documentos acreditaban el trabajo de esta mujer, sin embargo, esta misma confesó que cobró durante dos años sin realizar ninguna tarea. En su declaración, Jéssica también reveló que había sido contratada supuestamente por influencia de Ábalos.
Según INECO, a Jéssica le faltaban 13 partes de trabajo. La que fuera pareja del exministro fue contratada en 2019 sin haberse publicado la vacante porque, según la empresa, sus directrices internas no lo exigían. Ocupó hasta febrero de 2021 el puesto de auxiliar administrativo para prestar apoyo en la gestión de expedientes de proyecto y obra de Adif.
Esta empresa pública no es la única que ha operado en México gracias a la intermediación de los presuntos implicados en el caso Koldo. Otras dos constructoras españolas –el grupo AZVI y Acciona– consiguieron contratos de tren en el país norteamericano.
AZVI y el caso Koldo
Según Reforma, AZVI se asoció con el grupo mexicano INDI para conseguir el contrato del Tramo 3, valorado en más de un millón de euros. Esta obra también se encuentra dentro del proyecto del Tren Maya y conecta las ciudades Calkiní e Izamal, con 160 kilómetros de vía ferroviaria.
Posteriormente, AZVI-INDI ha sido contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana para construir 20 kilómetros del Tramo 5 Sur.
En su declaración como investigado el pasado diciembre ante el Supremo, Aldama señaló a AZVI como una de las constructoras implicadas en el caso Koldo. La constructora se ha querellado contra él después de que el empresario afirmase haber recibido de ella 18.000 euros.
Según Aldama, él se encargaba de mediar entre estas empresas y las adjudicaciones de obras, y posteriormente recibía comisiones.
Acciona y el caso Koldo
La constructora Acciona se hizo con el contrato del Tramo 5 del Tren Maya, aunque finalmente fue rescindido por un cambio en el trazado. El magistrado Leopoldo Puente ha situado a esta empresa como parte de la presunta trama de corrupción, concretamente como el “elocuente denominador común”.
El auto señala que esta empresa y con las que formaba una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica”.
El Tribunal Supremo estima que las adjudicaciones bajo sospecha podrían sobrepasar los 600 millones de euros. De esa cifra, 537 millones se reparten entre cinco adjudicaciones para Acciona.
El próximo lunes 7 de julio uno de sus exdirectivos, Fernando Merino, prestará declaración ante el Supremo. Ese mismo día, el magistrado Leopoldo Puente decidirá si imputa como persona jurídica a Acciona.
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