El negocio funerario en España: Varapalo a una de las 4 empresas que lo controlan

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente a una de las empresas que controlan el sector oligopolístico de las funerarias, Grupo Mémora. El organismo consideró que la empresa no habría respetado varios de los compromisos asumidos. Los incumplimientos están ligados a la adquisición de las funerarias vasconavarras Rekalde e Irache.

En el año 2021, el organismo regulador autorizó en segunda fase la compra de ambas compañías por parte de Mémora. Pero condicionó su aprobación al cumplimiento de ciertos compromisos diseñados para preservar la competencia en el mercado funerario. Especialmente, en las provincias de Guipúzcoa y Navarra. En ambas autonomías Rekalde e Irache desarrollaban su actividad.

Uno de estos compromisos consistía en desprenderse de ciertos activos situados en Guipúzcoa, concretamente en el municipio de Zarauz. Allí, la empresa debía asegurar la continuidad operativa del tanatorio hasta su traspaso a un nuevo operador independiente. Y también mantener la viabilidad económica del centro durante todo el proceso de venta. Mémora estaba obligada a enviar informes mensuales detallando los avances en el proceso de desinversión. Sin embargo, según el regulador,  la empresa incumplió ambas obligaciones de forma reiterada.

En concreto, Mémora cesó la actividad del tanatorio de Zarauz tras la compra, manteniéndolo cerrado durante al menos ocho meses consecutivos. Esta decisión rompió el compromiso de mantenerlo en funcionamiento. Además, omitió el envío en plazo de los informes mensuales en, al menos, cinco ocasiones.

Cabe recordar que desde 2022 el Grupo Mémora está en manos del gigante asegurador Catalana Occidente. 

Cuatro empresas se reparten un negocio que mueve más de 1.600 millones de euros al año

En los últimos años, el sector funerario español ha sido testigo de un proceso de concentración empresarial que ha cambiado su estructura de forma significativa. Tradicionalmente, este sector estaba en manos de pequeñas empresas de carácter familiar. Sin embargo, ahora son varios los grandes grupos que ejercen un control notable sobre buena parte del mercado nacional.

Este fenómeno ha generado inquietudes tanto en el ámbito económico como en el social. Y ha motivado la atención de entidades reguladoras y asociaciones de consumidores.

El negocio funerario se caracteriza por tener una demanda constante, ya que responde a una necesidad inevitable. Esta particularidad lo convierte en un sector estable. Y tiene márgenes de beneficio atractivos, lo que ha favorecido la entrada de inversores y fondos financieros. Especialmente tras la liberalización progresiva del sector en décadas pasadas.

A esto se suma el hecho de que los servicios funerarios suelen contratarse en situaciones de urgencia emocional, lo que reduce la capacidad de los usuarios para comparar ofertas o cuestionar precios.

Empresas como Mémora, Albia (filial del Grupo Santalucía), Funespaña o Grupo ASV son algunos de los actores principales en la actualidad. Su crecimiento ha estado basado principalmente en la adquisición de funerarias pequeñas en distintas provincias. Esto les ha permitido tejer redes extensas de tanatorios, crematorios, servicios de transporte y atención al cliente en gran parte del país.  El modelo ha contribuido a la profesionalización del sector, pero también a que, en muchas zonas, exista poca o nula competencia real. 

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha bromeado en algunas ocasiones sobre su intención de montar una funeraria, un negocio a priori de éxito seguro. En la última ocasión que se han ofrecido los datos globales, 2022, el negocio generó 1.653 millones de euros en ingresos, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios-Panasef. Casi 12.500 empresas trabajan en este sector, objeto de amable parodia en la exitosa comedia televisiva 'Muertos S.L.' de los hermanos Caballero. 

Las consecuencias de esta concentración han generado críticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre otros. Este organismo ha detectado prácticas restrictivas de la competencia en diversas ocasiones. En ciudades o comarcas donde una única empresa domina el servicio, se han observado incrementos de precios. También escasa claridad en las tarifas y poca capacidad de elección por parte de los consumidores.  Además, también se han denunciado acuerdos de exclusividad entre funerarias y hospitales, que limitan aún más la libre competencia.

Opacidad en el sector fúnebre

Otro de los problemas es la falta de transparencia en la información que se ofrece a los usuarios. A menudo los familiares no conocen todas las opciones disponibles y los presupuestos no se presentan de forma clara ni detallada. Esto, unido a la urgencia y la vulnerabilidad emocional del momento, genera una situación de desventaja para quienes contratan el servicio.

Diversos estudios han señalado que el coste de un funeral en España puede variar considerablemente según la provincia o la empresa. Sin que existan siempre motivos justificados para esas diferencias.

Por otro lado, el papel del sector público ha ido retrocediendo. Aunque algunas ciudades aún cuentan con empresas funerarias municipales que prestan servicios con criterios de interés general, la tendencia ha sido dejar espacio al sector privado. Esto ha contribuido a reforzar la posición de los grandes grupos. Y también a debilitar los mecanismos de control público sobre los precios y las condiciones del servicio.

No obstante, han comenzado a emerger alternativas, como funerarias independientes con modelos de negocio más transparentes o plataformas digitales que permiten comparar precios. También iniciativas de cooperativas que buscan devolver al sector una dimensión más humana y accesible. Sin embargo, su presencia todavía es limitada frente al poder que concentran los principales operadores.