Merma de derechos para vigilantes de seguridad: El porqué de la cesión de UGT y CCOO

Según fuentes del sector de la seguridad privada, "la profesión de vigilante de seguridad vive actualmente momentos de incertidumbre". La causa, dicen, "las muchas obligaciones y los pocos derechos que hoy tienen sus trabajadores". 

Algo que, según sostienen estas fuentes, "ha hecho que la media de edad de los profesionales del sector de la seguridad sea cada vez mayor. Para los jóvenes no son atractivas las precarias condiciones laborales que en muchos casos deben sufrir", añaden. Algo que, según ellos, "no tiene nada que ver con el pasado de esta profesión".

Pero hagamos un paseo por la historia de la seguridad privada en España para saber cómo y cuándo los vigilantes perdieron ese carácter de agentes de la autoridad.

La regulación del sector

Corría el año 1978 cuando se dictó la norma que definía las funciones de los Vigilantes Jurados de Seguridad. También establecía las condiciones de aptitud y los derechos y deberes de estos.

Esta norma, el Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, especificaba la dotación que podía portar un Vigilante Jurado de Seguridad a la hora de trabajar. La norma regulaba la profesionalización del sector.

Los artículos cuatro y dieciocho de este Real Decreto ratificaban el carácter de Agente de la Autoridad del Vigilante Jurado, decretando que el trabajador, tras incorporarse, "deberá ser instruido de sus derechos, deberes y responsabilidades, en su cualidad de agente de la autoridad”. Y subrayando que "en el ejercicio de su cargo tendrán el carácter de agentes de la autoridad”.

Este Real Decreto introducía varias novedades, entre las que se encontraba la limitación de sus derechos laborales y sindicales, especialmente, el de la huelga. También se establecía el tipo de arma que debían portar según el servicio prestado (revólver o escopeta) y la dotación complementaria, como los grilletes.

Además, se prohibía que estas funciones pudieran ser desarrolladas por “personal no juramentado en entidades bancarias de ahorro, industria y comercio, entidades y organismos públicos o privados”.

Año 1991, los vigilantes de seguridad pierden la autoridad

Pero en 1991 los sindicatos UGT y CCOO comenzaron a presionar al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera (PSOE). Se buscaba que los vigilantes de seguridad perdieran su condición de agentes de la autoridad y el arma reglamentaria.

Las presiones lograron que se aprobara la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 1/1992, de 21 de febrero. Con ella,  los vigilantes privados de seguridad perdieron su condición de agentes de la autoridad y  el arma reglamentaria.

En esta nueva ley se incluyen nuevas funciones y se modifican otras que ya tenían encomendadas. Por ejemplo, se incluye la potestad de realizar controles de identidad. También se añade el servicio de acuda ante una alarma conectada a una central receptora.

En el caso del transporte de fondos, además del traslado contemplado en la anterior legislación, se añade la protección del almacenamiento, el recuento y la clasificación. Y el elemento objeto de estas funciones se ampliaba a dinero, valores y objetos valiosos.

También se establecen los servicios que se podrán prestar con arma y se recalca que dicha arma sólo podrá portarse estando de servicio.

Con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, esta norma de 1992 quedó derogada.

La réplica de Alternativa Sindical

Recientemente, el portavoz del sindicato Alternativa Sindical, Alberto García,  hacía especial hincapié en la tensa y caótica situación que vive el sector.

“Debe comenzarse por la firma de un convenio colectivo que mejore sustancialmente las condiciones salariales y sociales del personal. El actual convenio colectivo estatal, firmado en negociación colectiva entre los sindicatos UGT, CCOO y USO, tan solo beneficia a las patronales del sector, APROSER y ASECOPS, en clara connivencia con esos sindicatos. Y condena a los más de 90.000 trabajadores en activo, durante los cuatro años de vigencia del actual convenio”, señalaba el portavoz de Alternativa Sindical.

En su opinión, es “una profesión denostada con un salario insuficiente para la responsabilidad que desempeñan los vigilantes. Por eso no resulta atractiva para futuros trabajadores y carece de relevo generacional. La media de edad del sector es elevada. Un salario bajo, jornadas de trabajo extensas y escasas opciones para poder conciliar la vida familiar son el caldo de cultivo perfecto para que esta dignísima profesión no sea del agrado de futuros aspirantes”.

El portavoz de Alternativa Sindical señala como culpables de esta precaria situación a los sindicatos mayoritarios. “La culpa de esta situación actual es de los sindicatos UGT, CCOO y USO, con representación en la mesa negociadora, que han firmado los convenios colectivos junto a las asociaciones empresariales".

Según Alernativa Sindical, "en los últimos años, se ha eliminado el plus de transporte y de vestuario en el devengo de las pagas extraordinarias. Esto supone una pérdida en torno a los 400 euros anuales”, afirma.

Para el sindicato, el sector que debe rejuvenecer sus plantillas y apostar por una profesión que "ha permitido acciones piratas para beneficio de las empresas y ciertos sindicatos en perjuicio de los trabajadores”, concluye.