María Ángeles Lorenzo-Cáceres: La estricta y solidaria jueza del 'caso Mediador'

Desde el pasado 14 de febrero, España está al tanto del denominado ‘caso Mediador’, sobre una presunta organización criminal que cometió fraude con las subvenciones en los ámbitos de la ganadería y la alimentación. Ese día se produjeron las primeras detenciones del caso que implica a altos cargos de Tenerife y que está saltando a la actualidad nacional. Sin embargo, la investigación comenzó mucho antes, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, cuya jueza titular es María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo.

El nombre de María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres se encuentra más de actualidad que nunca debido a la investigación del caso, aunque, según apuntan medios como El Mundo, no tiene interés en que se hable de ella. Algo inevitable, teniendo en cuenta el componente tan mediático del ‘caso Mediador’.

A estas alturas, como parte de la investigación del ‘caso Mediador’ Lorenzo-Cáceres ha enviado a prisión provisional sin fianza comunicada e incondicional al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; tomado declaración a diversos presuntos implicados en la trama; separado el caso en tres piezas —una bajo secreto de sumario—; y solicitado a la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, que se entreguen a los agentes de la Policía Nacional todos los “efectos depositados en el interior del despacho” de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Las Palmas. Este último, presunto implicado en la trama, es apodado ‘Tito Berni’.

A pesar de que ahora está llevando con mano firme este mediático caso de corrupción, en el currículum de Lorenzo-Cáceres figuran causas humanitarias.

Defensa de los menores

María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo nació el 8 de septiembre de 1972. Con apenas 26 años y tras terminar sus estudios fue nombrada jueza en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajan en Las Palmas. De ahí pasó a otros juzgados de instrucción antes de pasar a los juzgados de menores, su especialidad. Fue en el año 2004 magistrada del Juzgado de Menores de Las Palmas y, un año más tarde, titular del Juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife. En el año 2006 pasó a ser jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

En medios locales canarios llamaba la atención durante sus años en los juzgados de menores las denuncias elaboradas por la magistrada que, tras visitar un centro de menores de Canarias, afirmaba con rotundidad en un informe que “los menores viven como perros en jaulas”, poniendo de manifiesto la precariedad que existía en los centros de menores.

Sin embargo, María de los Ángeles no solo ha defendido a los menores dentro de las fronteras de Canarias. Su marido, Juan Pablo Carlos Barett, nació en República Dominicana, y la situación que que los niños vivían en el país para ir al colegio hizo que fundara la Asociación Villa Feliz de Tenerife. Una asociación sin ánimo de lucro en la que su marido es el presidente y ella ejerce como vicepresidenta.

Según comentaron fuentes del entorno de la jueza a el diario El Mundo, “la iniciativa fue suya” ya que en sus viajes a República Dominicana “ella se hartó de ver niños de 10 años con un alto riesgo de desescolarización y de fracaso porque todos los días tenían que recorrer largas distancias hasta el colegio más cercano”.

Debido a este problema que la jueza pudo apreciar, la Asociación Villa Feliz recaudó fondos a través de una Fiesta Jurídica Solidaria en el año 2018 para poder comprar un autobús que pudiera desplazar a los niños a sus colegios. No fue el único evento con el fin de recaudar fondos. El pasado 2022 la asociación benéfica celebraba su III Evento Solidario para recaudar fondos para los más pequeños.

Jueza del ‘caso Willy’ y otras causas

Además de por su labor solidaria, el nombre de María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo ha aparecido en diversas noticias relacionadas con los casos que ha investigado. Uno de ellos fue el denominado ‘caso Willy’, que investigó posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de programas y servicios a la productora Doble Diez mientras el exdirector general de Radio Televisión Canaria (RTVC), Guillermo García, estaba al mando. Lorenzo-Cáceres ordenó el sobreseimiento de las actuaciones en el año 2018 debido a que “no existió trato de favor” en estas contrataciones.

También llamó la atención de los medios su actuación con una lagunera de 29 años que, en plena pandemia, incumplió hasta tres veces el confinamiento y llegó a dar positivo en las pruebas de Covid-19. La magistrada suspendió una pena de cuatro meses de prisión a cambio de que la lagunera fuese ingresada en un hospital mientras duraba el estado de alarma. Una sentencia novedosa que la condenada no aprovechó, por lo que acabó yendo a prisión.

Lorenzo-Cáceres se convirtió, además, en la primera magistrada que adoptó la denominada ‘doctrina Luxemburgo’ en el archipiélago canario. Esta doctrina legitima a los jueces españoles de instrucción a ofrecer protección internacional en los supuestos previstos por la ley de asilo. Por este motivo, un total de 31 inmigrantes subsaharianos que llegaron al archipiélago de manera irregular fueron enviados a un centro de acogida humanitario mientras se estudiaba la petición de asilo que ellos mismos proclamaron.

Ahora, todas estas sentencias y aplicaciones de su función como jueza quedan ligeramente eclipsadas por la magnitud del ‘caso Mediador’, en el que María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo es la jueza.