El entramado de adjudicaciones de obras para cuarteles que conecta con 'caso Mediador'

En septiembre de 2022 Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió una investigación a un teniente coronel interventor del Ejército por presuntas irregularidades en la gestión económica respecto a la compra de material y la adjudicación de obras en los cuarteles. Este agente forma parte de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y presta servicio en la VI Zona de la Guardia Civil de Valencia. Se realizaron varias intervenciones en el despacho del teniente coronel en el cuartel de la Guardia Civil del barrio de Benimaclet, Valencia, y en varias empresas donde se incautó diversa documentación. Además, este caso también está en el Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. 

Desde AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) manifiestan a elcierredigital.com que se "alegran de que haya salido, ya que siempre es bueno poder echar a corruptos a la calle. AUGC nació para poder defender los derechos de los guardias civiles y denunciar la corrupción. Por ende, nos vamos a presentar como acusación particular en todas las causas. Siempre hemos luchado por una Guardia Civil moderna y transparente, pero el anacrónico militarismo nos lo impide con barbaridades cometidas contra quienes denuncian irregularidades. Con el militarismo no se puede. Es una dictadura sin apenas derechos. Todo ello permitido por María Gámez[directora general de la Guardia Civil], que nos oculta información constantemente".

El avance de las pesquisas en Valencia

En las diligencias que el Juzgado tiene abiertas, el teniente coronel de la Guardia Civil y tres personas más, dos familiares suyos y un empresario de la construcción, están acusados de una posible comisión de delitos contra la administración pública. Supuestamente este investigado habría recibido pagos de los empresarios beneficiarios que presuntamente inflaron el precio que exigían al cuerpo. Con esta investigación se está tratando de averiguar si los implicados habrían recibido ciertas cantidades económicas por la adjudicación de esos contratos y si los contratos se vieron alterados al alza para desviar el dinero público. Para examinar las obras bajo sospecha el juzgado ha designado a tres peritos, dos arquitectos y otro funcionario arquitecto de la Agencia Valenciana Antifraude, con el fin de que realicen el informe correspondiente.

El investigado ejerció el cargo de interventor económico jefe durante más de quince años y la adjudicación de obras en al menos dos cuarteles de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana han aparecido en una investigación paralela al ‘caso Mediador’, ya que se han concedido al empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', que se había reunido con los principales miembros de la trama.

Las investigaciones en Canarias y el 'caso Mediador'

Las investigaciones de Asuntos Internos han derivado en dos procedimientos judiciales más, abiertos en Madrid y Canarias. Estas causas corren de forma paralela y convergen de forma tangencial con el 'caso Mediador'.

Respecto a este caso, el diputado del PSOE  Indalecio Gutiérrez Salinas ha sido señalado directamente por los protagonistas del caso como "el gallo del corral" de aquellas fiestas de drogas y prostitutas. Desde el PSOE en ningún momento han defendido a Indalecio y temen que en las conversaciones de Indalecio con miembros de la trama se mencionara al secretario general de los socialistas de la capital, Fernando Martínez, quien es, ni más ni menos, el secretario de Estado de Memoria Democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En Canarias, el exgeneral de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas continúa en prisión provisional comunicada y sin fianza para evitar que destruya u oculte pruebas. Durante el registro en la vivienda de Espinosa se encontraron más de 60.000 euros de procedencia ilícita, se constataron los pagos de la trama y se le ha encontrado a Espinosa un patrimonio superior al millón de euros. 

Además, se está investigando la vinculación de Espinosa con las adjudicaciones realizadas por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), ya que el general dirigió entre 2017 y 2021 el Proyecto Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel).

La Guardia Civil adjudicó al empresario Tejera de León las obras en los cuarteles de las islas de El Hierro, La Palma y Tenerife. Fueron más de 20 encargos ejecutados entre 2017 y 2021 por las dos empresas que pertenecen a Tejera de León. Desde 2012 el responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife era el coronel José Tienda Serrano, con quien, según el sumario del caso Espinosa, tenía una confianza evidente. La Comandancia de Tienda fue la que más obras facturó a Tejera de León con un valor de 937.499 euros y un total de 47 adjudicaciones.

Tanto Tejera como Tienda Serrano aparecen en la trama de relaciones que desde Canarias instrumentalizó el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'. 

La investigación llevada a cabo por Asuntos Internos determinó que Espinosa fue el intermediario entre Tejera de León y el teniente general investigado en Madrid, Pedro Vázquez Jarava, que actualmente está en la reserva y que en el momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Para sortear a la ley las adjudicaciones no superaban el límite de 50.000 euros que marca la ley para ser considerado un contrato menor en la administración.

Además, para efectuar esos pagos se utilizaron anticipos de caja fija, que es un procedimiento de justificación de gasto del Cuerpo para agilizar los gastos menores necesarios en el día a día de las comandancias. Jarava adelantó dinero para esas reformas desde la dirección de la Benemérita y originó obras que ni siquiera habían sido solicitadas por personal designado en dichos acuartelamientos.

Las investigaciones en Madrid

Desde finales de 2021 el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid investiga a Jarava, a otro alto mando de la Guardia Civil y a Tejera de León, alias 'Mon', por presuntas irregularidades en las obras en cuarteles de hasta 14 provincias. Estas obras cuentan con el mismo modus operandi que las de Valencia, contratos de bajo importe que correspondían a trabajos de reparación.

En este caso se está tratando de averiguar si Angrasurcor, Canarycork, Impermercork y Solocorcho, empresas de Tejera de León, habrían recibido adjudicaciones supuestamente irregulares y habrían inflado las facturas de estos trabajos. Los hallazgos en este procedimiento provienen de unas diligencias penales iniciadas en 2019 por el Juzgado de Instrucción nº2 de Ávila.

Tejera de León y otro empresario valenciano se encuentran imputados en esta causa. Asimismo, Vázquez Jarava y Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y finales de 2017, ya han sido interrogados en calidad de investigados. Jarava podía haber cometido los delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsedad documental y prevaricación administrativa. Aquí se añaden las incógnitas de los motivos por los que se optó por adjudicarlas a las empresas canarias en vez de a empresas locales. 

Carlos Alonso declaró que Jarava le había dicho que debía contratar a las empresas de Tejera de León para las obras en los acuartelamientos de Albacete, Algeciras, Ávila, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Murcia, Toledo, Tenerife y Valladolid. Fueron un total de 193 contratos los que se llevaron las empresas de 'Mon' para reparar comandancias con un valor total de tres millones de euros entre 2008 y 2019.