Alejandro Martínez Vélez / Europa Press Los protocolos LGTBI+, causa de multas a las empresas: Qué son y sus exigencias
Las empresas con más de 50 empleados podrían enfrentarse a hasta 150.000 euros de sanción por su incumplimiento
Desde este 10 de abril, las empresas españolas con más de 50 empleados están obligadas a llevar a cabo varias medidas en materia de igualdad. De lo contrario, estas entidades podrían llegar a ser sancionadas con hasta 150.000 euros de multa, en el caso de una infracción muy grave. Esta nueva normativa viene estipulada en el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre. Su objetivo es asegurar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+ en las empresas.
Este texto legislativo da cumplimiento a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. La normativa establecida se aplicará a todos los trabajadores de la empresa, independientemente de su vínculo jurídico. Además de a los solicitantes de un puesto de trabajo, también implicará al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes, etcétera.
Además de las medidas, el real decreto estipula la elaboración de un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI+. Este deberá haberse alcanzado mediante negociación colectiva y pactado con la representación legal de los trabajadores. En él, deberá incluirse una declaración de principios, el ámbito de aplicación y el procedimiento, entre otros elementos.
Las medidas de los protocolos LGTBI+
El Real Decreto 1026/2024 establece que se deberán introducir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en los convenios colectivos. Estas tendrán que contribuir a “crear un contexto favorable a la diversidad y a avanzar en la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI”. Además de tener en cuenta la orientación e identidad sexual, el texto legislativo hace referencia a la expresión de género y a las características sexuales.
Otro de los puntos clave del real decreto es el acceso al empleo, que implica al personal de recursos humanos y su formación. Concretamente, se deberán aplicar criterios para seleccionar al trabajador en función de su idoneidad para el puesto, independientemente de su orientación. Esta sección hace hincapié en las personas trans como “colectivo especialmente vulnerable”.
Los ascensos y las promociones también tendrán que seguir unos criterios objetivos y que no discriminen de forma directa a personas LGTBI+. Además, se deberá formar a la plantilla sobre el protocolo contra el acoso a personas del colectivo y sobre conceptos como la diversidad sexual. También se deberán fomentar medidas “para garantizar la utilización de un lenguaje respetuoso con la diversidad”.
Por otra parte, se deberá promover la heterogeneidad de las plantillas para conseguir “entornos laborales diversos, inclusivos y seguros”. Para ello, el real decreto estipula que se deberá garantizar la protección contra comportamientos LGTBIfóbicos.
Además, la norma establece que las personas del colectivo deberán poder acceder a permisos y beneficios sin ser discriminadas por su identidad. El texto habla de permisos en “condiciones de igualdad” que establezcan los convenios para citas médicas y trámites legales.
Las sanciones de los protocolos LGTBI+
La Ley 4/2023 contempla sanciones para aquellas empresas o trabajadores que incumplan dichas medidas en materia de igualdad. Concretamente, estipula varias conductas y actos que pueden clasificarse como infracciones leves, graves o muy graves. Para las infracciones leves, la multa oscila entre 200 y 2.000 euros, mientras que para las graves habrá una sanción de 2.001 a 10.000 euros.
Por último, las consideradas como muy graves serán sancionadas con una multa de entre 10.001 y 150.000 euros. También se podrá imponer como medida accesoria la denegación de subvenciones o el cese de la actividad económica o profesional del infractor, entre otras.
El objetivo de este real decreto es llevar a cabo medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+ en las empresas. Este texto legislativo da cumplimiento a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. Concretamente, al artículo 15.1 de dicha ley.
Esta ley salió adelante tras un “largo y complejo proceso negociador” entre el Ministerio de Trabajo, UGT, CC. OO., la CEOE y CEPYME. Además, según el real decreto mencionado, con esta normativa se avanza en el décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible: el de reducción de las desigualdades.
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