Estos son los presuntos negocios de Aldama con Begoña Gómez y la exministra Ribera

La reciente declaración judicial de Víctor de Aldama en el 'caso Koldo' ha sacudido el panorama político español. No solo al implicar a figuras destacadas como el exministro  José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez. 

Las declaraciones de Víctor de Aldama también podrían señalar a Begoña Gómez y Teresa Ribera, ya exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica. Al parecer, podrían existir indicios de la participación de ambas en presuntas actividades irregulares relacionadas con Aldama.

El pasado jueves 21 de noviembre, Víctor de Aldama, empresario investigado en el conocido "caso Koldo", compareció ante la Audiencia Nacional. 

Durante su testimonio, Aldama afirmó haber mantenido varias reuniones con la ministra Teresa Ribera para discutir un proyecto destinado a revitalizar la "España vaciada".  Este plan buscaba transformar pueblos deshabitados en "pueblos temáticos". Aprovechando infraestructuras en desuso y empleando mano de obra local.

De Aldama señaló que estas reuniones fueron organizadas por José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su asesor Koldo García. 

Además, mencionó que Begoña Gómez participó en, al menos, una de estas reuniones. Por entonces representando a la empresa Wakalua S.L., vinculada al empresario Javier Hidalgo. 

Según Víctor de Aldama, Begoña Gómez estuvo involucrada en actividades relacionadas con Wakalua, aunque él no estuvo presente en todas las reuniones.

Las posibles implicaciones de Begoña Gómez y Teresa Ribera

La participación de Begoña Gómez en estas reuniones ha generado preocupación. Especialmente, debido a su relación con el presidente del Gobierno y su posible presunta influencia en decisiones gubernamentales. 

La acusación popular, liderada por el partido político VOX y diversas asociaciones como HazteOír y Manos Limpias, ha alzado la voz. Esta semana han solicitado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que se investigue la implicación de Gómez en estos proyectos.

Por otro lado,  la exministra Teresa Ribera ha sido señalada por su presunta participación en la aprobación de proyectos financiados por el Ministerio de Transición Ecológica. Algunos de los cuales habrían beneficiado a empresas vinculadas a Begoña Gómez. 

Según la acusación, bajo la dirección de Ribera el ministerio otorgó financiación pública a iniciativas lideradas por Gómez. Incluyendo proyectos de comunidades energéticas rurales que recibieron cerca de 100.000 euros a través de la plataforma G-100 y gestionados por El Hueco Labs S.L.

Tal y como apuntan fuentes cercanas al caso, consultadas por elcierredigital.com, "la UCO trabaja sin prisas y de forma inminuciosa. Este puede ser el caso que haga caer al gobierno. La UCO es la que puede ratificar lo que diga Aldama en caso de que el juez le cite a declarar como testigo".

En este sentido, las mismas fuentes sostienen que "todo apunta que el juez Peinado va a pedir el testimonio de Aldama para revisarlo. En el caso de que sea necesario ya pediría su declaración ante el juez",

"Podría haber un delito conexo entre ambos casos" explican fuentes de la investigación. En concreto, "entre la parte de la UCO que afecta a Begoña y la parte del caso Koldo que afecta a Aldama. Si hubiera relación o si considerara el juez que hay relación entre ambos, que se llama delito conexo, el juez Peinado puede decir que caiga en su juzgado esta parte o esta pieza de la investigación".

Reacciones políticas y judiciales

Las revelaciones han provocado una tormenta política en España. La oposición ha exigido explicaciones al Gobierno. Mientras que el PSOE ha defendido la actuación de sus miembros, calificando las acusaciones de infundadas y motivadas políticamente.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que los señalados por Aldama presentarán una demanda conjunta por injurias y calumnias contra el empresario. 

Torres calificó las afirmaciones de Aldama como "mentiras absolutas" sin pruebas y destacó la intención del PSOE de proteger a sus miembros del impacto de las acusaciones.

Las solicitudes de la acusación popular

La acusación popular ha pedido al juzgado varias diligencias de investigación. Entre ellas, el testimonio completo de la declaración de Víctor de Aldama del 21 de noviembre.

La acusación también ha pedido citar a declarar como testigos a Víctor de Aldama y a la exministra Teresa Ribera. Todo para esclarecer su rol en los hechos investigados.

También investigar la relación entre los proyectos financiados por el Ministerio de Transición Ecológica y la posible participación de los investigados en actividades ilícitas. Incluyendo tráfico de influencias y corrupción.

La acusación argumenta que estas diligencias son necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en la gestión de los proyectos relacionados con la "España vaciada".

Contexto del proyecto "España Vaciada"

El proyecto mencionado por Aldama tenía como objetivo revitalizar zonas rurales despobladas. Se pretendía convertir pueblos abandonados en destinos turísticos temáticos. 

La iniciativa buscaba aprovechar infraestructuras en desuso y fomentar el empleo local. En línea con las políticas gubernamentales de desarrollo rural y sostenibilidad.

Sin embargo, las acusaciones sugieren que, bajo la apariencia de un proyecto de interés público, podrían haberse cometido irregularidades en la asignación de fondos. También en la participación de empresas vinculadas a personas con influencia política.

La posible implicación de Begoña Gómez y Teresa Ribera en estos asuntos plantea serias cuestiones legales.  Si se demuestra que utilizaron su posición para influir en decisiones gubernamentales en beneficio propio o de terceros podrían enfrentarse a cargos. En concreto, podrían ser imputadas por tráfico de influencias y corrupción en el sector público.

Además, el caso pone de relieve la necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos. También en la relación entre el sector público y privado. Especialmente cuando están involucradas personas cercanas a altos cargos del Gobierno.

Próximos pasos en la investigación

El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid deberá decidir sobre la admisión de las diligencias solicitadas por la acusación y determinar los próximos pasos en la investigación. 

Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas declaraciones y se recopilen pruebas adicionales para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, la opinión pública y los medios de comunicación seguiremos de cerca el desarrollo del caso. Una causa que podría tener implicaciones significativas para el Gobierno.