Los pelotazos de José María Calviño, el padre de Nadia

Su mandato al frente de RTVE se prolongó hasta 1986, pero después su condición de abogado le permitió participar en los negocios más lucrativos al amparo del poder acumulado por el entorno del Partido Socialista durante el nacimiento de las televisiones privadas y el crecimiento imparable de la burbuja inmobiliaria en España.

Tras la segunda victoria consecutiva del PSOE en las elecciones generales de 1986, el nombre de José María Calviño se encontraba entre los posibles ministrables del segundo gobierno de González. Pero a última hora se quedó compuesto y sin novia: fuera de la dirección general de RTVE y sin ministerio. Sin embargo, su cercanía al poder le situaba en una posición inmejorable para iniciar nuevos negocios desde su bufete de la calle Marqués de Urquijo, a un tiro de piedra de la sede socialista de Ferraz.

Por entonces, junio de 1986, nada más ganar sus segundas elecciones, en el PSOE sólo tres personas conocían el borrador que posteriormente se convertiría en la Ley que dio a luz a las televisiones privadas en España. Esas tres personas eran el presidente del Gobierno, Felipe González, el vicepresidente, Alfonso Guerra, y el entonces ministro de Cultura, Javier Solana. Sin embargo, a esas tres personas se uniría poco después una cuarta: José María Calviño, a quien Alfonso Guerra consultó antes de enviar el proyecto al Consejo de Estado para que le diera su opinión.

Calviño hizo unas anotaciones al borrador y calló como una tumba, hasta el punto de que los empresarios de prensa interesados en participar en el nuevo negocio televisivo se enteraron por los periodistas que acudieron a Moncloa a cubrir la rueda de prensa de los viernes, después de que el consejo de ministros aprobara el proyecto de Ley de las televisiones privadas.

El nuevo proyecto reducía a tres el número de canales de televisión autorizados y limitaba a diez años renovables el periodo de la concesión administrativo. Pero lo que más irritó a los empresarios periodísticos fue la limitación que imponía el proyecto en los porcentajes de participación de dichos empresarios. Todos vieron la mano de Calviño en la idea de que ninguna persona física o jurídica pudiera ser titular de más de un 25 por ciento de una sociedad concesionaria.

Muchos creyeron que se trataba de una maniobra anti Polanco para que el empresario de prensa más poderoso del país no pudiera monopolizar el negocio de la televisión, lo cual provocó una guerra que no vamos a desarrollar aquí. Lo que nadie pensó entonces es que el propio José María Calviño, gracias a su privilegiada posición, fuera a convertirse en la cabeza visible del primer canal de televisión privado de España, al poner en marcha Canal 10 —marca empresarial de Film Succes, S.A.—, en cuyo capital Calviño participaba a través de la empresa Lake Wood Enterprises, Inc., con sede en Panamá, que comenzó a emitir por satélite desde Londres en 1988, aprovechando un vacío legal que dejaba en el limbo su funcionamiento inicial antes incluso de que el Gobierno convocara el concurso público para la concesión de los canales el 23 de mayo de 1989.

Canal 10, el primer pelotazo

Canal 10 ofreció primero dos meses gratis de películas, series y música sin interrupciones publicitarias. Luego se convirtió en un canal de pago. Pero la operación fue un sonoro fracaso. Sólo consiguió 654 abonados. Eso sí, la experiencia permitió a Calviño entrar en contacto con personajes como Jacques Hachuel, que hizo fortuna con la compra venta de petróleo junto a Marc Rich, Antonio Ubach, presidente de la Caja de la Seguridad Social de Andorra, y Robert Maxwell, una de las mayores fortunas de Reino Unido que acabó sus días en turbias circunstancias en aguas de Gran Canaria, donde se encontró su cadáver flotando en el mar.

El fiasco fue mayúsculo pero esa experiencia fue la que aprovechó Alfonso Guerra para rescatar a Calviño del olvido, al encargarle la gestación de Tele 5, el canal de televisión privada que se organizó a toda prisa para rellenar el hueco que dejó momentáneamente Polanco cuando anunció que no presentaría su candidatura para ocupar una de las plazas de televisión privada previstas por la ley. Guerra se vio en la necesidad de montar un nuevo grupo televisivo que no dejara en ridículo al Gobierno si quedaba desierta alguna de las concesiones, y Calviño le resolvió el problema.

Alrededor del ex director general de RTVE fue el encargado de poner de acuerdo a Germán Sánchez Ruipérez, entonces presidente de la editorial Anaya y propietario del diario El Sol,  Silvio Berlusconi presidente de la italiana Fininvest, actual Mediaset, y Miguel Durán, entonces presidente de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Las tres candidaturas para la televisión privada se  configuraron entonces alrededor de Antena 3, con La Vanguardia y el conde de Godó a la cabeza, Univisión, con Antonio Asensio al frente del canal junto al Grupo Z, y la Tele 5 que Calviño había organizado en tiempo express.

Sin embargo, el propietario de El País, Jesús Polanco, decidió a última hora acudir a la convocatoria, lo que provocó un cisma en el Gobierno que finalmente dejó fuera de las concesiones al Grupo Z de Antonio Asensio.

Aquellos eran los años en los que se destapó el escándalo Juan Guerra, que trabajaba desde la delegación del gobierno socialista en Andalucía, situada en un despacho de la Plaza de España de Sevilla. Precisamente, Juan Guerra tuvo que abandonar este despacho cuando la revista Tiempo avisó a Alfonso Guerra de que dos de sus reporteros tenían información sobre sus negocios a la sombra del PSOE.

El día en que Asensio presentaba La Tribuna de los Negocios durante una fiesta en el edificio de la Bolsa de Madrid, desde Moncloa se ordenó que Juan Guerra abandonara su despacho de Sevilla mientras prometía a Asensio uno de los canales de televisión cuya concesión sólo se frustró a última hora por la reaparición de Polanco en la batalla por una de las licencias de televisión.

Mar de Chiclana, el segundo pelotazo

El 20 de enero de 1989, cuando el hermano del vicepresidente estaba enfrascado, entre otros negocios, en la puesta en marcha de la urbanización Puerto Zahara, en Barbate (Cádiz), el propio Calviño estaba a punto de dar uno de los pelotazos de su vida. Ese día firmaron la compra de la sociedad Mar de Chiclana el abogado gaditano Jesús Martínez Benítez, con domicilio en Chiclana de la Frontera (Cádiz), el viejo conocido de Calviño, el empresario andorrano Antonio Ubach Montes, director de la Caja de la Seguridad Social de Andorra, y el periodista Enrique Vázquez Domínguez, director general de Informativos hasta 1985 bajo el mandato de Calviño.

Mar de Chiclana era la propietaria de una gran cantidad de terreno en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, cuyo ayuntamiento socialista se disponía a autorizar la construcción de la segunda urbanización más grande de la zona y uno de los actuales emporios turísticos del país.

La sociedad disponía de 217.584 metros cuadrados, pero se necesitaban casi dos millones de metros cuadrados de superficie para albergar el campo de golf de 18 hoyos, los 2.000 chalets y las 7.000 plazas hoteleras que se pretendían construir con una financiación de 30.000 millones de las antiguas pesetas.

Los socios y amigos del ex director general de RTVE no tenían ni el dinero ni terreno suficiente para llevar a cabo la operación, pero las dos cosas se solucionaron rápidamente gracias a los contactos que había tejido Calviño a lo largo de su carrera profesional.

Según el testimonio de altos directivos del Aresbank (Banco Árabe Español, S.A.), la entidad compró un importante paquete de acciones de Mar de Chiclana. Constituido en 1975, el Aresbank —con mayoría de capital de Libia y Kuwait y participación de entidades públicas españolas como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Banco Exterior de España, además de las participaciones minoritarias que ostentaban bancos privados españoles como Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Popular y Atlántico— ya había participado en operaciones relacionadas con la ex contable del Psoe, Aida Álvarez, y el caso Filesa.

Por su parte, Calviño entró en contacto con el empresario australiano de origen inglés, Ludvik B. Berger, cabeza visible de Berger Group Hoteles, S. L., y su hijo, Lloyd Anthony Berger, vinculados al sector turístico mallorquín y que operaban en España desde sociedades registradas en Liechtenstein, para conseguir que cedieran sus terrenos en Chiclana a cambio de una parte del negocio.

La firma de Berger, Promociones y Edificaciones de Chiclana, concedía poderes a Mar de Chiclana el 8 de febrero de 1989. Pero faltaba un pequeño detalle. Para culminar la operación se interponía el viejo cuartel de la Guardia Civil de la Loma del Puerco, deshabitado desde 1986 y propiedad de Patrimonio del Estado.

El establecimiento ocupaba parte de los terrenos necesarios para construir la futura urbanización y estaba a punto de ser vendido en subasta pública. El Gobierno llegó a publicar en el BOE, a comienzos de 1990, la convocatoria del concurso público. Pero poco después, cuando el bufete de abogados de José María Calviño entró acción, se convocó un nuevo concurso, esta vez restringido, y el viejo establecimiento acabó en poder de Mar de Chiclana.

Poco después, el 24 de junio de 1989, la corporación municipal de Chiclana de la Frontera, presidida por el alcalde socialista José Mier, aprobaba el plan parcial de Mar de Chiclana, alrededor de cuyos terrenos de la Loma del Puerco funcionan hoy día los hoteles más espectaculares del complejo turístico de Sancti Pectri, en Chiclana (Cádiz), como el Royal Hideway, de cinco estrellas, antiguo hotel Barceló, junto a miles de chalets y el campo de golf previsto en tiempos de Calviño.

La operación fue posible gracias a las gestiones realizadas por el despacho de Calviño desde su sede en la calle Marqués de Urquijo de Madrid, en los tiempos en que Ramón Calero, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Popular, acusaba al padre de la actual ministra de Economía, el 24 de mayo de 1988, en el Congreso de los Diputados, de tráfico de influencias. La denuncia se basaba en un acta notarial del grupo inglés Heron, fechada el 31 de diciembre de 1986, en la que sus responsables otorgaban a Calviño poderes para realizar todo tipo de gestiones ante los ayuntamientos, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

El poder autorizaba también a Calviño a adquirir bienes, obtener licencias de construcción, segregación o parcelación y a interponer recursos de reposición contra los organismos del estado, durante el periodo en el que la Rumasa del Estado reprivatizó las llamadas Torres de Jerez, adjudicándoselas al Grupo Heron, junto a otras propiedades del antiguo holding Rumasa de Ruiz Mateos, por 10.535 millones de pesetas. Todo ello tras la intervención de Calviño, que cobró una minuta millonaria por sus gestiones.

El antiguo director general de RTVE pudo trasladarse así a un chalet de la lujosa urbanización de Puerta de Hierro (como también luego lo hizo su hija Nadia), donde empezó a codearse con vecinos como Isabel Preysler y Miguel Boyer, un ambiente bastante propicio para que la todavía vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y exministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, preparase su futuro y su carrera profesional, que hoy se dirige ya hacia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.