Este martes se vota en el Congreso de los Diputados la polémica Ley de Amnistía. Tras varias negociaciones, la portavoz del PSOE, Esther Peña, afirmó que tienen un documento “robusto, plenamente constitucional”. Uno de los últimos cambios que se efectuó fue introducir en la ley el terrorismo “siempre que no atente contra los Derechos Humanos”.
Sin embargo, ha quedado fuera —según apuntan varios medios— el hecho de que hubiese una relación ilegal con Gobiernos extranjeros y sus respectivos servicios de inteligencia. Un punto que podría atacar un auto emitido el pasado lunes por el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona. El magistrado se encarga de la denominada 'operación Voloh', que investiga una presunta trama de desviación de fondos públicos para financiar de manera supuestamente irregular el proceso deindependentismo catalán.
En el auto, que salió a la luz en diversos medios apenas un día antes de la votación de la ley de amnistía, se prorroga seis meses la instrucción de este caso al considerar que en la documentación habría, presuntamente, “datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana”, según reza el auto.
Esto supondría, según el juez, que los ahora investigados querrían establecer estas relaciones de “influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el gobierno ruso”.
El caso Voloh podría suponer una nueva traba para la ley de amnistía. El encargado de dar este paso ha sido el juez Joaquín Aguirre, conocido por llevar otras investigaciones como la del 'caso Negreira'.
El juez que destapó el caso 'Gran Tibidabo'
Nacido en el año 1958 en Canarias, Joaquín Aguirre se licenció en Derecho y más tarde aprobó las oposiciones de juez. Sus primeros destinos fueron juzgados de distrito en Barcelona, y de Calatayud. Desde el año 1988 es juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, donde ha llevado casos tan mediáticos como el 'caso Tibidabo', el 'caso Macedonia' o la 'operación Voloh'.
Parque de atracciones Tibidabo. | El Cierre Digital
Uno de sus primeros casos en este juzgado fue la investigación por fraude en el servicio militar obligatorio, que, supuestamente, familias acomodadas cometían para que sus hijos se libraran. Para ello falsificaban, según los diarios de la época, certificados médicos que daban cuenta de enfermedades inexistentes. Y es que hasta el año 2001, cuando se suspendió lo que comúnmente se conoce como ‘la mili’, los varones de cada familia tenían que cumplir un tiempo establecido y obligatorio de formación militar. Lo hacían al cumplir los 18 años y, aunque desde 1991 el tiempo se redujo a nueve meses, anteriormente llegó a tener una duración de 18 meses. Fue precisamente antes de 1991 cuando saltó por los aires este presunto fraude que juzgó el juez Joaquín Aguirre.
Sin duda, uno de los expedientes más mediáticos del juez Joaquín Aguirre fue el conocido ‘caso Grand Tibidabo’, que se destapó en los 90. El extenso caso tenía que ver con la descapitalización, por parte de Javier de la Rosa, de la empresa Grand Tibidabo, que compró en 1988 el parque de atracciones catalán Tibidabo. El principal acusado de la trama, Javier de la Rosa, fue enviado a prisión en varias ocasiones. La última de las sentencias, del año 2008, condenaba a Javier de la Rosa a tres años de prisión. Este había admitido que se había apropiado de 68 millones de euros de accionistas entre los años 1991 y 1994.
Montaje de los imputados por el caso Negreira: El FC Barcelona, Enríquez Negreira, Enríquez Romero, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. | El Cierre Digital
Además de la ya mencionada ‘operación Voloh’ en julio de 2023, el juez está a cargo del conocido ‘caso Negreira’ que investiga una presunta “corrupción sistemática” de los árbitros de fútbol españoles, según explicó en un auto Aguirre. Hasta entonces había llevado el proceso la magistrada Silvia López Mejía.
Desde que Aguirre se hizo cargo del caso, una de sus máximas ha sido evitar una dilación del proceso. Y es que, según dicen sobre él a elcierredigital.com fuentes cercanas de su entorno, “Joaquín Aguirre es un juez imparcial e implacable”. Uno de sus últimos movimientos en este caso ha sido citar a declarar a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El juez le considera con las capacidades mentales necesarias como para ser enjuiciado.
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