Lo oscuro de Kviku, la empresa rusa de préstamos que 'estafa y amenaza' en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado formalmente a la compañía rusa Kviku. Todo por conceder préstamos no solicitados y aplicar prácticas que califica de abusivas y usurarias. La asociación de consumidores ha recibido cientos de reclamaciones en España y ha pedido sanciones ejemplares al Ministerio de Consumo.

Kviku se presenta como una fintech de microcréditos rápidos, con operaciones en varios países. Pero en la práctica cientos de clientes españoles aseguran haber caído en una trampa. La empresa ingresa dinero en sus cuentas sin consentimiento previo y después exige devoluciones muy superiores con intereses desorbitados.

El esquema es siempre el mismo. Después de introducir datos en la web con el objetivo de valorar opciones de préstamo, la víctima recibe un ingreso inesperado de hasta 300 euros sin haber firmado ningún contrato. Poco después, Kviku envía por correo electrónico un supuesto acuerdo que obliga a devolver más del doble en cuestión de semanas.  En algunos casos, la TAE supera el 25.000%, una cifra que la legislación española considera claramente usuraria.

Si el consumidor no paga, comienza el acoso: llamadas, correos electrónicos y mensajes intimidatorios. En estos se amenaza con la inclusión en registros de morosos como ASNEF o incluso con la visita de supuestos cobradores al domicilio.

Elcierredigital.com ha podido acceder al testimonio de una de las víctimas de este esquema. Manuel (nombre ficticio) recibió 200 euros en su cuenta bancaria que jamás había solicitado. Cuando intentó devolver el dinero, la empresa le exigió pagar 480 euros en pocos días. Ante la negativa de Manuel, Kviku vendió la supuesta deuda a Lex Mediaciones 24 S.L. Esta es una empresa de recobro con sede en Sevilla especializada en adquirir minipréstamos impagados.

Desde entonces, Manuel ha recibido durante más de dos años correos y SMS intimidatorios, algunos con amenazas de enviar un cobrador a su domicilio. Su experiencia refleja el patrón que viven decenas de afectados en España.

Kviku deja una larga lista de afectados

En foros y plataformas de reseñas, numerosos consumidores denuncian situaciones similares: ingresos de 25 o 50 euros que nunca solicitaron. Después de esto, intentos de devolución rechazados por la empresa. A todo ello le siguen reclamaciones posteriores por cantidades aún mayores y un constante hostigamiento a través de llamadas y mensajes.

Algunos afectados explican que incluso, tras pagar lo exigido, Kviku seguía reclamando más dinero, generando una espiral sin salida. En los casos más graves, los clientes han recibido notificaciones judiciales de procedimientos monitorios. Llegan a reclamarles hasta cinco veces lo inicialmente ingresado.

Un negocio internacional con raíces rusas

Según los registros, Kviku forma parte de Kviku Group, fundado en Rusia en 2013 y trasladado después a Chipre. La compañía asegura haber concedido más de 3 millones de préstamos por un volumen superior a 300 millones de euros.

Sus fundadores, Nikita A. Lomakin y Veniamin V. Lipskii, han expandido la firma a países como Kazajistán, Polonia, Ucrania, Filipinas y España. En nuestro país opera bajo la sociedad Kviku Spain S.L., inscrita en Alicante. Sin embargo, según la OCU su verdadero registro está en Chipre, lo que complica cualquier denuncia.

Intereses usurarios bajo la lupa

Los contratos de Kviku carecen de validez en España, según juristas especializados en derecho bancario. El Tribunal Supremo considera usurario cualquier interés superior al 20% TAE, y en esos casos la consecuencia es la nulidad del contrato. Kviku aplica cifras astronómicas, con TAE’s de hasta 11.000% y casos documentados de 25.000%.

Además, la empresa obstaculiza el derecho de desistimiento de 14 días: los clientes que intentaron ejercerlo recibieron respuestas automáticas hasta que el plazo expiró. Tampoco facilita la eliminación de datos personales, incumpliendo la normativa de protección de datos.

La OCU contabilizó solo en 2025 689 reclamaciones contra Kviku, un 74% más que en 2024. Calcula que las quejas totales en distintas plataformas ya superan las 3.000. La asociación ha advertido de que los contratos de Kviku no cumplen con la legislación española. Además de que vulneran derechos básicos de los consumidores.

Varios bufetes especializados han logrado que tribunales españoles anulen los contratos y declaren improcedentes las reclamaciones de deuda. En muchos casos, la propia Kviku retira sus demandas antes de llegar a juicio, consciente de que tiene pocas opciones de éxito.

El papel de Lex Mediaciones

El entramado de Kviku en España no se limita a la concesión de préstamos usurarios. Muchas de sus deudas “impagadas” acaban en manos de Lex Mediaciones 24, S.L., una sociedad sevillana creada en 2023. Según el Registro Mercantil, su objeto social inicial era sorprendentemente el transporte terrestre de mercancías. Pero en muy poco tiempo reconvirtió su actividad en la compra de carteras de deuda, operando en la práctica como un fondo buitre.

Lex Mediaciones comparte administrador con Absolutio MC, S.L., lo que sugiere que ambas forman parte del mismo grupo. Sin embargo, la empresa ya acumula polémicas por su forma de actuar. Distintas plataformas legales denuncian que ha llegado a reclamar deudas ya abonadas o anuladas judicialmente, intentando cobrar importes inexistentes a consumidores que nada debían.

En algunos casos, incluso se han detectado reclamaciones de créditos prescritos, es decir, que ya no pueden reclamarse legalmente por el paso del tiempo, presentados en los juzgados como si fueran exigibles.

Una de las prácticas más cuestionadas es la interposición de miles de juicios monitorios por deudas antiguas, especialmente de entidades como Cofidis o Movinero. Según abogados especializados, en estos procedimientos Lex Mediaciones asegura haber adquirido los créditos a través de complejas cesiones notariales. Pero no aporta pruebas suficientes de esas compraventas de deuda.

La ausencia de escrituras originales o testimonios notariales completos deja en entredicho su legitimación activa para reclamar judicialmente. Lo que en numerosos casos ha llevado a que los juzgados desestimen sus demandas.

Además, la empresa subcontrata a terceros como Exipago, un recobrador con sede en Barcelona señalado por utilizar métodos coercitivos y de dudosa ética. Según denuncias de clientes, sus agentes practican un acoso constante. Llamadas al domicilio, al trabajo e incluso a familiares, insultos y amenazas, y falsas advertencias de demandas judiciales inminentes.

Algunos afectados relatan que acudieron al juzgado tras recibir uno de estos avisos. Solo para descubrir que no existía ningún procedimiento abierto en su contra.

El perfil de Lex Mediaciones se resume en la compra de lo que abogados llaman “deuda basura”: créditos ya prescritos, inexistentes o saldados, que se intentan cobrar bajo presión psicológica. En este esquema encaja la cartera de préstamos impagados de Kviku que la empresa sevillana adquirió en 2024.

De este modo, se convirtió en la encargada de hostigar a clientes como Manuel, el afectado que recibió 200 euros sin haberlos solicitado y lleva más de dos años soportando amenazas de esta firma.

La recomendación de expertos legales es clara: no pagar sin asesorarse. Si Lex Mediaciones reclama una deuda, el consumidor debe comprobar si esta es real, vigente y legalmente exigible. Muchos casos apuntan a lo contrario, por lo que responder adecuadamente en los plazos judiciales o impugnar estas reclamaciones suele ser suficiente.

Consejos para no caer en la trampa

Desconfía de los préstamos milagro: investiga la reputación de cualquier web que prometa crédito rápido y sin requisitos. No uses dinero no solicitado: si aparece en tu cuenta, recházalo o devuélvelo de inmediato, y guarda todos los comprobantes.

Conoce tus derechos: los intereses abusivos anulan los contratos, tienes 14 días para desistir, y ninguna empresa puede enviarte un cobrador sin orden judicial. No te dejes intimidar: los correos y llamadas amenazantes carecen de validez legal.

Si recibes una notificación judicial, responde: tienes 20 días para oponerte y la ley suele estar de tu lado. Denuncia y comparte: acude a OCU, a Consumo o a la policía.