Qué ha sido de los tres 'verdugos' de Enrique Ruano: Uno de ellos escoltó al Emérito

El 20 de enero de 1969, en plena dictadura franquista, el cuerpo sin vida del estudiante de Derecho Enrique Ruano Casanova  caía desde un séptimo piso en Madrid. Sucedió mientras se encontraba bajo custodia de la Brigada Político-Social (BPS), la policía política del régimen. 

Tenía solo 21 años, militaba en el Frente de Liberación Popular y se consideraba una amenaza por su activismo intelectual y político. La versión oficial habló de suicidio. Pero las pruebas, los testimonios y el contexto político apuntaban en otra dirección: un asesinato. Un crimen de Estado.

Aquel caso sacudió los cimientos del régimen. La represión contra las movilizaciones posteriores fue brutal y el Gobierno de Franco declaró el estado de excepción solo cuatro días después del suceso. 

Lo que pocos imaginaron entonces es que, décadas después, los tres policías responsables de su custodia —Francisco Luis Colino Hernández, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván Abascal (78 años)— no solo no serían condenados, sino que continuarían sus carreras profesionales, algunos incluso en las más altas esferas del Estado democrático.

Ruano fue detenido el 17 de enero de 1969 junto a su novia, la también militante antifranquista Lola González Ruiz. En el momento del arresto la pareja caminaba por la plaza de Castilla. Tres días después, durante se registraba supuestamente un piso de la calle General Mola (actual Príncipe de Vergara), Enrique cayó al vacío desde una ventana. En el registro participaban los tres agentes de la BPS.

Desde el primer momento, la versión policial fue confusa e inconsistente. Se difundieron extractos manipulados de su diario personal para justificar una supuesta “inestabilidad mental”. Incluso se publicaron fragmentos editados de una carta dirigida a su psiquiatra, Carlos Castilla del Pino. Este posteriormente denunciaría la manipulación de sus palabras y pondría en entredicho la hipótesis del suicidio. 

Testimonios de vecinos, recogidos posteriormente, afirmaban haber visto cómo tres hombres arrojaban a alguien por la ventana.

La familia Ruano luchó durante años para mantener vivo su caso. Margot Ruano, hermana del joven asesinado, ha sido una figura clave en la preservación de su memoria. En declaraciones recientes, afirmó: “Lo mataron. Lo arrojaron al patio, y después dijeron que se había suicidado. Es una historia que necesita justicia”.

En un ejercicio por la memoria histórica, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid creó en 2009 los Premios “Enrique Ruano Casanova” Pro Derechos Humanos.

No fue hasta 1996, bien entrada la democracia, cuando los tres agentes responsables de su custodia fueron juzgados. El proceso, sin embargo, se cerró con una absolución para los tres. El tribunal reconoció que existían indicios de tortura, pero consideró que el delito estaba prescrito. También señaló que no había pruebas concluyentes sobre la autoría directa de la caída mortal. 

Una sentencia que, para la familia y numerosos juristas, constituyó una burla a la justicia. “Una muestra más del pacto de silencio que envolvió la transición española” señalan algunos a día de hoy.

Francisco Luis Colino Hernández, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván Abascal se libraron. Este último llegó a ser guardaespaldas de Francisco Franco y Juan Carlos I.

Celso Galván Abascal: del asesinato a la escolta del Rey

Quizá el caso más llamativo sea el de Celso Galván Abascal (78 años), probablemente el más protegido de los implicados. Tras su participación en el operativo que terminó con la muerte de Ruano, Galván continuó su carrera en los cuerpos de seguridad del Estado. Y sin ningún tipo de sanción. 

De hecho, fue asignado escolta personal del dictador Francisco Franco. Años después, en pleno régimen constitucional, pasó a formar parte del equipo de seguridad de la Casa Real. Desde ahí trabajó directamente como escolta del entonces rey, Juan Carlos I.

Sin embargo, la trayectoria de Galván no pasó desapercibida para todos. En 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó una orden internacional de detención contra Celso Galván Abascal.  Lo hacía en el marco de la causa que investiga los crímenes del franquismo por el principio de justicia universal.

Lo consideraba presunto autor de torturas durante la dictadura. Sin embargo, España no atendió la solicitud de extradición. El Ministerio de Justicia alegó prescripción y falta de competencia.

La orden de Servini se basaba, entre otros elementos, en el testimonio de víctimas, documentos históricos y reportajes periodísticos. Estos detallaban el papel represivo de Galván durante los años finales del franquismo. A pesar de la presión internacional, el Estado español cerró filas y evitó cualquier actuación judicial contra el antiguo agente.

Francisco Luis Colino Hernández y Jesús Simón Cristóbal: la sombra de la impunidad

De los tres, Colino y Simón son los que menos huella pública han dejado tras el juicio. Ambos siguieron sus trayectorias policiales durante los años de la transición y la democracia. Sus nombres aparecen en investigaciones y reportajes sobre la represión en el tardofranquismo. Sin embargo, no se conocen cargos relevantes ni acciones judiciales posteriores contra ellos.

En el juicio de 1996, la defensa logró que se retiraran muchas pruebas clave. La manipulación del diario de Ruano, la destrucción de documentos policiales y la negativa de algunos testigos a declarar por miedo fueron factores que impidieron que se estableciera una verdad judicial. 

Sin embargo, historiadores como Paul Preston o Javier Tébar  insisten en la necesidad de recuperar estos casos como parte fundamental de la memoria histórica.

Hoy, el nombre de Enrique Ruano es recordado por activistas, historiadores y familiares que se resisten a olvidar. Este año, su hermana Margot recibió el Premio Christa Leem en reconocimiento a su lucha por la memoria. En la televisión, documentales como Las abogadas han rescatado la historia de su novia, Lola González Ruiz, superviviente de los fusilamientos de Atocha en 1977.