Así queda la herencia del marqués de Paúl: Cuál es el destino final de su fortuna

La disputa judicial de más de dos décadas sobre la herencia de los Larios parece ver la luz al final del túnel. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Bárbara Gutiérrez Maturana Kalachnikoff y a sus dos hijas,  Christina y Bárbara, en su litigio con el actual marqués de Paúl. El pasado 3 de mayo el tribunal anuló los cambios estatutarios de la sociedad Mazacruz, según adelantó El Confidencial.

Un juzgado mercantil de Madrid había rechazado la demanda de Kalachnikoff y sus hijas, al atender a hechos futuros que no se podían contrastar. Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha admitido la querella y ha declarado nula  la reforma de los estatutos por parte de Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna. El tribunal ha establecido que los cambios solo buscaban el “interés particular” y que, por ello, el acuerdo es abusivo.

Estas modificaciones en los estatutos fueron establecidas de  forma unilateral  en el año 2000 por el hijo mayor,  Carlos Altuna, nacido del matrimonio de su padre con Julia Altuna. Los cambios permitían al hijastro gestionar la liquidación de la herencia de su padre, concentrada en Mazacruz.

Esta sociedad patrimonial incluye obras de arte, terrenos e inmuebles con un valor total de 615 millones de euros. Entre ellos, la finca Dehesa de los Llanos, en Albacete, de 10.000 hectáreas.

Cabe mencionar que Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna solo posee el 27,24% del capital social de Mazacruz. Bárbara Kalachnikoff y sus hijas controlan el 72,76% restante, pero el 61,85% de los derechos de voto  en junta lo ostenta Carlos Altuna. La razón es que en una junta general celebrada en el año 2000 se acordó que el hijastro tuviera un privilegio de voto: cada una de sus participaciones valía 5 votos. 

El arbitraje

Tras los múltiples intentos fallidos de la viuda del difunto marqués de liquidar Mazacruz, se acordó en 2014 la mediación de un arbitraje. El laudo dictaminó que se debería disolver la sociedad  para que cada parte recibiese el porcentaje correspondiente a su participación en el capital. El laudo también consideró que hubo abuso de la posición de dominio  a través del privilegio de voto del actual marqués.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló este laudo, pero el Tribunal Constitucional rechazó esta sentencia. Este mismo tribunal desestimó hace dos años el recurso de amparo del actual marqués de Paul, que pedía la paralización de la liquidación de Mazacruz.

La guerra de los 20 años del marquesado

Las disputas judiciales por el patrimonio del marquesado de Paúl comienzan en abril de 2003. Carlos Altuna demandó a su padre para validar  la donación de 135.250 acciones de Mazacruz que le había realizado. En este juicio también estaba en juego el acuerdo de la junta general sobre el voto reforzado  del hijo del marqués.

La entonces esposa del difunto marqués demandó a su hijastro, sin éxito. También lo hizo su padre por falsedad documental y estafa, pero la querella fue archivada. El marqués falleció en mayo de 2004 y los tribunales dieron por válido el voto privilegiado  del hijo y la donación de las acciones, que suponían el 23% del capital social.

La viuda y sus hijas consiguieron la nulidad de la junta en la que Altuna  las había cesado como miembros del consejo de administración de Mazacruz. Tras el laudo del arbitraje de 2014, el actual marqués ha intentado ralentizar la liquidación de la sociedad patrimonial. 

Tras recurrir el laudo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que este lo anulase, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia. Este mismo tribunal ha desestimado el recurso de amparo presentado por el marqués hace dos años. Sin embargo, la reciente sentencia sobre la reforma de los estatutos por la Audiencia de Madrid ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.