Imputada la directora de un colegio cántabro por 'falsear' informes a un niño tutelado

Hay novedades en el caso que hemos ido siguiendo en elcierredigital.com sobre Paco y su hijo Paquito (nombres ficticios), de ahora 9 años. El pasado 9 de enero informábamos sobre la admisión de la querella que Paco había interpuesto a una trabajadora social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

En la denuncia se acusa a la trabajadora de haber cometido cuatro presuntos delitos. “Calumnia, prevaricación administrativa, encubrimiento de maltrato infantil y falso testimonio”, nos revela Paco, con quien Elcierredigital.com ha estado en conversación.

Fue el Juzgado nº3 de Santander  el encargado de citar para la vista a la trabajadora. En principio, se fijó para el 28 de enero, pero finalmente se habría retrasado al próximo 20 de febrero. Paco nos habla de la “dificultad” de este tipo de querellas debido a que “van en contra de la administración”.

Contra la trabajadora, el Juzgado Penal nº3 de Santander vio “indicios delictivos”. Dicha mujer era la encargada del expediente de Paquito en los servicios sociales, dada la situación de divorcio y demandas por la custodia del pequeño que había entre los dos progenitores. 

La guarda del niño recae en la madre denunciada

El ICASS es el organismo encargado de gestionar el tiempo que le “corresponde” pasar a Paco con Paquito. Ninguno de los dos progenitores ostenta la tutela ni la patria potestad del niño. Pero sí que se otorgó la guarda a la madre pese a los reclamos del padre por maltratos de ésta hacia su hijo.

Dicha trabajadora acudió como testigo ante una de las demandas de Paco contra el ICASS. En su testimonio dijo que, bajo su punto de vista, “no se trataba de un menor maltratado por su madre”, como denuncia Paco.

Este testimonio se contradice con lo ocurrido en sede judicial. Allí dijo que no conocía a Paquito y que los servicios sociales le vieron por última vez el 5 de mayo de 2021.  Es decir, 14 meses antes de declarar en desamparo al menor.

Su testimonio también "se contradice con la versión de los cuatro facultativos que atendieron a Paquito". Fue Paco quien llevó a su hijo ante la atención sanitaria “tras encontrarlo lleno de moratones”. Estos médicos fueron al juicio en calidad de testigos peritos y afirmaron que “se trataba de maltrato a un menor en su ámbito materno”.

Paco insiste en que la trabajadora “no solo mintió en su declaración judicial, también ocultó informes médicos e informes forenses en su expediente”. Él mismo adjuntó en la demanda contra el ICASS 14 partes médicos de lesiones por agresión a su hijo provenientes presuntamente de su entorno materno.

Hay, además, otros siete informes del Instituto de Medicina Forense que corroboran las lesiones del menor. Sostienen estos informes que las lesiones "le han restado 30 días de calidad de vida a Paquito".

“Es cierto que hay una serie de hematomas, que podrían ser lesiones a lo mejor de bicicleta. Pero hay otras, generalmente a nivel superior, que claramente se deben a haberle agarrado. En otro informe se habla de un hematoma en la pierna, consecuencia de un posible puñetazo”, declara el jefe de pediatría del hospital en la demanda que interpuso Paco al ICASS.

“El niño no quiere contar nada sobre el proceso porque refiere que la madre no le deja contar nada a los médicos. Tiene miedo de que le lleven a vivir a servicios sociales”, se recoge en un informe médico de sospecha de abuso al que este medio ha tenido acceso.

La directora del colegio y la profesora y tía del menor, ahora investigadas

Pero esto no termina aquí. También se ha admitido ahora otra querella contra la directora del colegio CEIP Aguanaz de la localidad de Entrambasaguas. El juzgado de Instrucción la ha citado en calidad de investigada el próximo 24 de abril. Se le acusa de presunta "criminalidad por falsedad documental".

Esta directora, en un informe a los Servicios Sociales, indicaba que Paquito no tenía ningún arañazo en la espalda. Y que se lo habría hecho su abuelo materno, según indicó Paquito al médico.

Algo contradictorio con la versión de la trabajadora social. Esta dijo que el colegio les informó de que se lo había hecho "con un radiador". También es diferente a la versión del menor ante el juez y el fiscal. A ellos les contó que en casa de sus abuelos (maternos) “le pegan con las manos todos los días”.

En ese mismo colegio, además, trabaja como profesora la tía materna del menor. Tanto ella, como la madre y el abuelo de Paquito permanecen bajo diligencias de investigación ante los presuntos "maltratos al menor desde 2020" denunciados por el padre. Por la familia paterna no hay ninguna investigación en curso que les criminalice por maltrato ni otro delito.

Además de por presunto maltrato infantil a Paquito, la tía y profesora del menor también está imputada  por "acoso insistente y reiterado" que denuncia Paco. Por estos últimos actos otro juzgado de instrucción la citó el pasado 14 de noviembre de 2024.

Desde el colegio donde trabajan la tía materna y esta directora, "no dejaron que Paco sacase a Paquito un día que le correspondía por convenio". Este día iban a visitar a su abuelo paterno al hospital por haber padecido un infarto (que posteriormente le causó la muerte).

“Te voy a partir la cabeza, eres un hijo de puta, que tu hijo se entere de lo hijo de puta que eres”. “La próxima vez que tenga que regañar a mi nieto porque insulta a su madre o a sus tías te rajo. Te lo advierto, cabronazo, sinvergüenza”, son algunas de las presuntas amenazas y comportamientos de la familia materna que denuncia Paco en presencia de su hijo.

No puede ver a su hijo

Paco demandó al ICASS por haber declarado en desamparo a su hijo Paquito y haber suspendido la tutela y patria potestad de sus progenitores. El mismo organismo le entregó la guarda del menor a la madre.

Como consecuencia, Paco no vio a su hijo en los primeros 5 meses. A partir del sexto mes hasta ahora, solo puede verlo una vez al mes durante 30 minutos en una sala del Punto de Encuentro Familiar y bajo vigilancia. Así, en dos años y medio Paco ha visto a su hijo únicamente 27 veces. En total, 13 horas y media.

Esta situación es contraria a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Juzgado  que  en abril de 2023 dictaminó “la inmediata reincorporación del padre en la vida del menor para su equilibrado desarrollo”. Además, resaltó “el estrecho vínculo existente entre el menor y su padre, con muestras constantes de cariño y afecto recíproco por encima de lo habitual”.

Y subrayó la actitud de los servicios sociales en contra de Paco como una “criminalización de forma indebida de su figura frente a su hijo”.

La Audiencia Provincial de Cantabria confirma en julio de 2024 los mismos razonamientos jurídicos aportados por el anterior juzgado. Pese a eso, los servicios sociales siguen actuando de la misma manera restrictiva contra Paco permitiéndole ver a su hijo únicamente 30 minutos al mes. 

"Nos encontramos cruel e inmisericordemente frente a un menor, que es mi hijo, tutelado y declarado en desamparo por la Administración. Lo separan de su padre, que no está investigado por ningún juzgado y jamás ha sido condenado. Dejándolo al cuidado de su madre, presunta maltratadora desde el año 2020". 

"Mi hijo acude a un colegio donde la directora está imputada por ir en contra del interés superior del menor. Su tía materna, que es profesora de ese colegio, también está imputada por maltratarlo y por acosarme. Además, la trabajadora social que desconoce al menor, también está imputada. No debe haber un solo caso similar de tal escandaloso secuestro y maltrato institucional en un Estado Social y democrático de Derecho como lo es España", nos traslada Paco conmovido.

Un divorcio de lo más conflictivo

Paquito apenas tenía un año y medio cuando sus padres se separaron en 2017. Tras la separación Paco trato de llegar a un acuerdo con su expareja con respecto a la situación de su hijo en común. Propuso una custodia compartida.

Una propuesta que no parecía tener cabida en las intenciones de la madre y que, por tanto, derivó en una demanda por parte de Paco en octubre de ese año.

El juzgado citó a la madre el 26 de febrero del año siguiente para responder a la demanda presentada por el padre. El 27 de febrero, Paco recibió una denuncia de violencia de género. Sin embargo, esta no prosperó y tras un juicio rápido al día siguiente el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Madrid decidió archivarla.

Con todo eso, en 2018 la madre se fue a vivir a Cantabria con Paquito sin comunicárselo al padre y “sin autorización judicial”. Paco no se lo pensó y se marchó a vivir allí, donde posteriormente se iniciarían las guerras judiciales aún vigentes entre ambos.

Desde entonces, lucha por el bienestar de su hijo y por recuperar el tiempo perdido con él. Y, especialmente, por "las injusticias que se están llevando a cabo por parte de los Servicios Sociales", denuncia.