El 'poder inmobiliario' de los sindicatos: Así se distribuyen 80 edificios del Estado

A menudo, el uso que se hace del patrimonio público pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos. Edificios construidos con fondos del Estado o que forman parte del legado histórico del país continúan hoy en manos de instituciones y asociaciones diversas. Los sindicatos y las patronales ocupan un lugar destacado en este mapa inmobiliario. 

Lo que en su día fue una política de compensación por razones históricas, se ha convertido en un sistema de cesiones. Sistema que, décadas después, sigue generando debate sobre su transparencia, su distribución y su vigencia.

En España, la cesión de inmuebles públicos a sindicatos y organizaciones empresariales se enmarca en la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado. Esta legislación tiene como objetivo devolver o compensar a estas organizaciones por los bienes incautados durante la dictadura franquista. 

Dependiendo de las fuentes que se consulten, el número de inmuebles cedidos por el Estado a sindicatos y organizaciones empresariales. Un informe de Valencia News indica que, hasta hace aproximadamente un año, se habían cedido 68 edificios, que suman 173.149 metros cuadrados.

Por su parte, ABC señala que Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) utilizan gratuitamente 58 edificios cedidos por el Estado. 

Aunque  otras 14 organizaciones sindicales y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) disponen de otros inmuebles, elevando el total a más de 80.

Paralelamente, según una iniciativa registrada por Vox en el Congreso, hay un total de 72 edificios aprobados para enajenación, aunque solo siete de dichas operaciones estarían en marcha.

Estas discrepancias en las cifras reflejan la falta de transparencia y actualización en la gestión de estos bienes.

La distribución de los edificios cedidos a sindicatos

Según los datos recopilados hasta 2024 a partir de respuestas parlamentarias y documentos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 68 edificios públicos han sido cedidos a las principales organizaciones sindicales y empresariales del país. Como ya hemos dicho, se estima un total de 80 edificios afectados.

Estos inmuebles, con alrededor de 173.000 metros cuadrados, forman parte del denominado “Patrimonio Sindical Acumulado”. Su valor de mercado, atendiendo a su localización y uso, supera con creces los 200 millones de euros. 

CCOO se pone a la cabeza, con la gestión de 33 edificios. Le sigue UGT, que administra 25 inmuebles. Por su parte, la CEOE cuenta con 11 edificios y más de 39.700 metros cuadrados de espacio útil. 

Además de estas entidades, otras organizaciones disponen de inmuebles cedidos. Entre ellas, la Confederación Intersindical Gallega (CIG), la Unión Sindical Obrera (USO), la CGT o ELA-STV, aunque en cantidades y superficies mucho más reducidas.

Los costes y financiación

El mantenimiento de estos inmuebles corre a cargo de las organizaciones beneficiarias. Sin embargo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es asumido por el erario público. Según informó de The Objective, el importe total en concepto de IBI asciende anualmente a 1.597.140 euros.

Además de las cesiones de inmuebles, los sindicatos reciben subvenciones públicas. En 2023 estas aportaciones estatales alcanzaron los 17 millones de euros, distribuidos en función de la representatividad de cada sindicato. Por ejemplo, CCOO recibió 5,28 millones de euros y UGT 4,7 millones. Esta financiación se complementa con cuotas de afiliados, cursos de formación subvencionados y otras partidas públicas.

Críticas y propuestas de reforma

La gestión y distribución de estos inmuebles ha sido objeto de críticas. Sindicatos minoritarios han denunciado que el reparto favorece a las organizaciones más representativas, lo que deja en desventaja a las de menor tamaño. 

Así, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha señalado que la CIG en Pontevedra, siendo el sindicato mayoritario, tiene menos espacio cedido que CCOO y UGT.

Además, partidos políticos como Vox han propuesto que los inmuebles del patrimonio sindical acumulado se destinen a vivienda social. Argumentan que sería un modo de paliar la emergencia habitacional que afecta a muchos españoles. Desde la formación reclaman una auditoría pública que permita conocer el uso real de estos bienes y su impacto en las cuentas públicas.

USO, por su parte, ha denunciado que el censo de edificios está desfasado y que la asignación no responde a criterios objetivos de representatividad actual. En algunas ocasiones, incluso, han tenido que recurrir a la vía judicial para poder acceder a espacios adecuados para desarrollar su actividad sindical.

Iniciativas de modernización

En un intento por mejorar la eficiencia energética de las sedes sindicales, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un plan de rehabilitación de estas. Durante el periodo 2024-2026, se prevé intervenir en 34 edificios de patrimonio sindical ubicados en diversas capitales españolas. El coste previsto asciende a 98.232.000 euros, que se financiarían a través del Mecanismo de Recuperación.

Un ejemplo de estas iniciativas es la conexión del edificio de Patrimonio Sindical Acumulado de Vicente Tutor en Soria a la Red de Calor. Una instalación que planea reducir en casi 30 toneladas las emisiones de CO2 al año. Según justificaron, el plan es beneficiar tanto a los trabajadores de la patronal y sindicatos como a la ciudad de Soria en general. 

También en Teruel comenzaron el pasado verano las obras de rehabilitación del edificio sindical situado en pleno centro.

La ‘falta de transparencia’ y el marco legal ‘desactualizado’

La falta de transparencia en la gestión de estos inmuebles es una preocupación recurrente. Acceder al detalle del reparto de los bienes del Estado traspasados no es tarea fácil. De hecho, el Ministerio de Trabajo no publica esta información en su web. 

Buena parte de los datos disponibles se han obtenido a través de respuestas a peticiones de Transparencia o por iniciativas parlamentarias impulsadas por partidos de la oposición.

Además, la normativa que regula estas cesiones no se ha actualizado desde 1986. Un hecho que genera tensiones entre sindicatos, administraciones autonómicas y partidos.