Imputan al alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos: Este es el auto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha imputado formalmente al alcalde del municipio. A José María García Urbano (PP) se le acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La imputación se centra en la contratación de C.P.B., quien fue su pareja sentimental, como asesora en el Área de Control Externo del Ayuntamiento entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023. Durante este periodo, C.P.B. percibió un total de 5.276,92 euros en concepto de salario, sin que existan evidencias de que realizara función o actividad alguna en el consistorio. Así lo refleja el informe fiscal y el auto judicial de la causa a los que ha tenido acceso elcierredigital.com en exclusiva.

Según el auto judicial y el informe fiscal, la contratación fue directa y sin que conste actividad laboral por parte de C.P.B. durante el mes y medio en que  recibió dos nóminas: una de 3.642,28 euros y otra de 1.634,64 euros.

La Fiscalía considera que esta relación laboral simulada podría constituir un delito de malversación. Se destinaron recursos públicos a un contrato de asesoramiento ficticio.

Origen del caso: una denuncia por acoso

La causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2024 por un agente de la Policía Local de Estepona, que fue pareja de C.P.B. El agente denunció haber sido objeto de acoso laboral y amenazas por parte de García Urbano, en un contexto de índole sexual. En el marco de esta investigación, se solicitó la declaración de C.P.B. Esta reconoció ante el juez que trabajó para el Consistorio, pero nunca acudió al Ayuntamiento, no recibió órdenes ni realizó trabajo alguno.

Su declaración fue clave para el giro del caso, aunque la acusación por acoso fue archivada provisionalmente por el juzgado en enero de 2025 por falta de pruebas, estando recurrida ante la Audiencia Provincial. Las revelaciones sobre la contratación irregular derivaron en la apertura de diligencias por malversación y prevaricación.

El papel de Blas Ruzafa y la cadena de decisiones

El entonces responsable del Área de Control Externo, Blas Ruzafa, ha declarado en sede judicial que la contratación de C.P.B. fue ordenada directamente por el alcalde, y que su cese se produjo también por instrucción de este. Reconoció, además, que no existía ningún tipo de control ni seguimiento sobre los cargos de confianza, que son contratados por libre designación.

Este vacío en los procedimientos internos del Ayuntamiento podría tener implicaciones mayores si se demuestra que la práctica se extendió a otros casos. De hecho, la Fiscalía ha solicitado una auditoría completa de las contrataciones realizadas durante el mandato de García Urbano.

La defensa del alcalde

García Urbano, exregistrador de la propiedad en San Roque y alcalde de Estepona desde 2011, compareció ante el juez el pasado mes de marzo. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar ante la Fiscalía ni las acusaciones populares. Se limitó a responder a las preguntas de su abogado.

En declaraciones públicas posteriores, el regidor calificó las acusaciones de “falsas, infundadas y políticamente motivadas”. Asegurando que la contratación de personal eventual es una práctica habitual dentro de las facultades del alcalde.

Posibles consecuencias penales y administrativas

Si se confirma la existencia de un contrato ficticio por motivos personales, García Urbano podría enfrentarse a penas de prisión, inhabilitación y multas económicas.  El Código Penal español castiga la malversación de caudales públicos con penas de entre 2 y 6 años de prisión. Penas que pueden elevarse si concurren agravantes como abuso de autoridad o ánimo de lucro.

Además, la instrucción del caso podría destapar otras irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Estepona. Especialmente en relación con los cargos de confianza, cuya falta de control ha sido puesta de manifiesto por varios funcionarios durante la investigación.