Montaje propio Guerra entre el juez Peinado y la defensa de Begoña Gómez: El caso Air Europa la clave
El abogado de Gómez tacha de 'inquisición general' la actuación del juez y alerta de 'deriva peligrosa' en la instrucción
En el corazón de un proceso judicial que ya ha trascendido lo estrictamente jurídico para convertirse en un campo de batalla político e institucional, la defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez, ha lanzado un desafío frontal al juez Juan Carlos Peinado. Lo ha hecho con un recurso de reforma de inusitada dureza, donde no sólo se cuestiona la validez de una providencia judicial, sino la integridad misma del proceder del magistrado.
El escrito está firmado por el abogado Antonio Camacho Vizcaíno y presentado el pasado 27 de marzo ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. En él denuncia que el juez instructor está llevando a cabo una “investigación prospectiva” en busca de indicios que justifiquen una causa penal contra Gómez. Algo expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico español y europeo.
Según fuentes cercanas, más allá del contenido técnico, el trasfondo de este recurso es profundamente político. La sospecha, convertida en denuncia procesal, es que "un sector del poder judicial estaría actuando al margen de la legalidad con el objetivo de erosionar al Ejecutivo desde dentro del sistema".
El eje de la disputa gira sobre la investigación abierta por las ayudas a Globalia, matriz de Air Europa, por parte de la SEPI. Una investigación que, según la defensa, carece de base legal. Concretamente desde que la Audiencia Provincial de Madrid descartó en dos ocasiones la existencia de indicios que vincularan a Gómez con estos hechos.
En concreto, los autos de 29 de mayo y 7 de octubre de 2024, citados en el recurso, señalaban que “la vinculación de mi representada con los hechos era una conjetura”. Pese a ello, el juez Peinado dictó el 22 de marzo de este 2025 una providencia en la que rechazaba el cese de las diligencias solicitado por el Ministerio Fiscal. Alegó que la Audiencia no prohíbe investigar hechos “realmente nuevos y de signo incriminatorio”, siempre que exista resolución judicial motivada.
La defensa califica esa lectura de “asombrosa” y acusa al juez de desobedecer a su órgano superior jerárquico. “Es incomprensible que frente a dos resoluciones de la Audiencia Provincial estimando que no es legalmente posible el inicio de una investigación, se esté investigando en búsqueda de esos indicios que no existen en la actualidad”.
La acusación: una “fishing expedition” en busca de un delito
El escrito judicial emplea un término conocido en el ámbito jurídico anglosajón, “fishing expedition”. Este término se usa para describir la estrategia que se basa en lanzar una red de diligencias con la esperanza de atrapar indicios que, a día de hoy, no existen.
“Se trata de lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan ‘fishing expedition’ contra el investigado. En realidad, lo que buscan es indagar en la vida y obra del sujeto para ver si, en el curso de dicha indagación, otros delitos pueden ser descubiertos”.
Desde una perspectiva constitucional, la defensa va más allá y denuncia que lo que está en marcha es una 'inquisitio generalis'. Una indagación sin objeto determinado ni base indiciaria, dirigida a una persona y no a unos hechos. Lo cual vulnera el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Una causa judicial convertida en "instrumento político"
Aunque el escrito no menciona expresamente la posición institucional de Begoña Gómez, la lectura política resulta inevitable. La mujer del presidente del Gobierno se encuentra bajo una investigación que, según la Audiencia Provincial, no debería haberse iniciado. Al menos en lo que corresponde a Globalia. Pero que se mantiene viva por decisión de un magistrado que, a juicio de la defensa, actúa movido por convicciones personales, no por pruebas.
El recurso subraya la gravedad institucional de esta situación. “Nos preocupa tanto la decisión como la existencia de un miembro de la Judicatura que se salta de forma reiterada y consciente las resoluciones de la Audiencia Provincial respecto a las cuales su obligación es acatarlas y cumplirlas”.
El tono del escrito sugiere que lo que está en juego no es el derecho de defensa de Gómez. También la integridad del sistema judicial como garante de las reglas del Estado de derecho.
Fiscalía contra Juzgado: un conflicto en el seno del proceso
En esta guerra jurídica, la Fiscalía se ha alineado con la defensa de Gómez. En dos escritos presentados en octubre de 2024 y marzo de 2025, el Ministerio Fiscal solicitó expresamente el cese de la investigación. ¿El motivo? no existir indicios que justificaran la intervención sobre Globalia. Para la defensa, estas solicitudes son coherentes con la función de la Fiscalía como garante del principio de legalidad.
“Las dos peticiones del Ministerio Fiscal están cargadas de razón si tenemos en cuenta que el Ordenamiento Jurídico le configura como garante del Principio de Legalidad en el seno del procedimiento penal”.
Sin embargo, el juez Peinado ha optado por desoír también al Ministerio Público. Algo que según la defensa de Gómez, refuerza la tesis de que actúa de forma autónoma y no basándose en indicios claros.
Jurisprudencia y doctrina: un muro legal contra la causa general
Para sustentar sus alegaciones, la defensa de Gómez recurre a una batería de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Cita sentencias como la STC 228/2013 y la STS 13/2018. Ambas condenan expresamente las investigaciones sin objeto y sin indicios previos.
“El TS también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es ‘del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho’”, expresa el escrito. Y concluye con contundencia.
“Lo que no puede, en ningún caso, es iniciar una investigación prospectiva en búsqueda de indicios que le permitan investigar. Porque esa conducta es absolutamente contraria a los principios que rigen nuestro procedimiento penal”.
La causa de Begoña Gómez ha dejado de ser un procedimiento judicial ordinario. Se ha convertido en un caso paradigmático de confrontación entre poderes del Estado.
De un lado, una defensa que denuncia un uso instrumental del poder judicial para fines políticos. Del otro, un magistrado que actúa a contracorriente del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Provincial.
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