
Futuro del caso Juana Rivas: Abierto en varios frentes pese a la entrega del menor
Daniel volvió con su padre a Italia tras una dura 'batalla' judicial aunque la disputa legal continuará en ambos países
Ha terminado un capítulo de la mediatizada historia de la familia Arcuri Rivas. Sin embargo, aún quedan procesos judiciales pendientes, solicitados por ambos progenitores. Los padres siguen enfrentados por lo que cada uno considera mejor para su hijo menor. Esta batalla familiar sigue cobrando un precio: tensión extrema y una exposición pública sin precedentes.
¿Cuándo terminará esta situación? Probablemente dentro de siete años, cuando el hijo menor, Daniel, cumpla los 18. Actualmente tiene 11 años. Será entonces cuando finalice el régimen de custodia y el menor pueda decidir con quién desea vivir.
Verano de 2025: Un nuevo episodio judicial
Daniel vive en Italia con su padre, Francesco Arcuri. Así lo establece la sentencia de familia dictada por la justicia italiana. Sin embargo, el menor viajó a España en Navidad para pasar las fiestas con su madre, Juana Rivas, y no regresó a Italia al terminar el periodo acordado.

Por este motivo, el 22 de julio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ordenó la entrega del menor a su padre. El intercambio debía realizarse en un punto de encuentro familiar. Sin embargo, no fue posible. Cientos de personas y numerosos medios de comunicación rodeaban el lugar, lo que impidió llevar a cabo la entrega.
El juzgado pospuso el acto para el viernes 25 de julio. Esta vez se ordenó que se hiciera en una sala Gesell, ubicada en los Juzgados de La Caleta.
¿Qué es una sala Gesell y por qué se utilizó?
Una sala Gesell está diseñada para proteger a víctimas especialmente vulnerables. Se utiliza para tomar declaraciones de menores o personas afectadas por delitos graves. Tiene un cristal que permite observar desde fuera sin que el menor vea a los adultos. Su objetivo es reducir el estrés y evitar daños emocionales adicionales.

Recurrir a esta sala para un intercambio familiar es totalmente excepcional. No es lo habitual en procesos de custodia. Pero, en este caso, la medida fue considerada acertada. Hizo posible el cumplimiento de la resolución judicial italiana. Aunque, para ello, fue necesario movilizar medios extraordinarios: psicólogos, trabajadores sociales, profesionales judiciales y un fuerte dispositivo policial.
El juzgado citó a las partes por separado y advirtió que sólo podrían acudir los progenitores y sus abogados.
La intervención del hermano mayor
Antes de realizar la entrega, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada tuvo que esperar. Faltaba la resolución de otra magistrada. La del Juzgado de Instrucción número 9, que debía resolver unas medidas cautelares solicitadas por el hijo mayor de Juana Rivas.
Este hijo había presentado una querella contra su padre, Francesco Arcuri. En ella pedía la suspensión de la entrega de su hermano pequeño. El Juzgado de Instrucción no accedió a la petición. Rechazó la medida cautelar y ordenó seguir adelante con la entrega sin más interferencias. También se buscó reducir al mínimo la exposición pública del menor.
Lo que vendrá: Procesos abiertos en Italia y España
Francesco Arcuri tiene un proceso judicial pendiente en Italia. El origen es una denuncia por presuntos malos tratos en el ámbito doméstico interpuesta por Juana Rivas. En paralelo, en España, se ha reactivado otra causa.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada estimó parcialmente un recurso de Arcuri. La causa se refiere a una presunta sustracción de menores. Está relacionada con lo ocurrido durante las pasadas Navidades, cuando Daniel no regresó a Italia.

No se puede olvidar que el Tribunal Supremo condenó en 2021 a Juana Rivas. La sentencia, dictada el 23 de abril, la declaró culpable de sustracción de menores. Recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión, así como la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante 6 años. El Gobierno español la indultó parcialmente más tarde.
Un conflicto familiar sin solución a corto plazo
El conflicto ha superado todos los límites. El derecho de familia se ha visto criminalizado. Los progenitores mantienen posiciones enfrentadas e irreconciliables. Juana Rivas acusa a Arcuri de maltrato. Él responde acusándola de manipular a sus hijos.
El problema de fondo es el impacto sobre los menores. Ambos hijos han vivido una tensión constante. El intento de entrega en un punto de encuentro rodeado de personas fue una escena contraria a la normalización familiar.
Hoy, la madre y el hijo mayor sostienen graves acusaciones contra el padre. Arcuri, por su parte, insiste en que la madre ha influido emocionalmente en los niños. Ambas versiones son opuestas. El relato de cada progenitor niega el del otro.
La custodia, un campo de batalla emocional y judicial
Cuando el hijo menor cumpla 18 años podrá elegir. Podrá decidir si quedarse con su madre, con su hermano o con su padre. Pero el entorno que ha vivido no favorece ninguna reconciliación. La tensión acumulada impide una relación sana con ambos progenitores.
Cada nuevo paso en la vida del menor se convierte en un potencial conflicto. Todo puede acabar en los juzgados. Esta guerra familiar no parece tener un final cercano. Juana Rivas y Francesco Arcuri siguen hablando en términos de victoria legal. Cada uno lucha por tener razón.

El problema es que el conflicto perjudica directamente a los niños. Da igual quién tenga más argumentos. La tensión constante destruye cualquier posibilidad de desarrollo familiar saludable.
Una situación que se repite en muchas familias
Este caso es muy mediático. Pero no es único. En España hay muchas familias separadas que sufren conflictos similares. La distancia entre países, como en este caso entre España e Italia, complica aún más las relaciones familiares.
La solución debe pasar por la desjudicialización. Por el respeto a las decisiones de los jueces. Por rebajar la tensión y permitir que, con el tiempo, los hijos puedan tener una relación compatible con ambos progenitores.
Los niños no necesitan padres enfrentados. Necesitan protección, estabilidad y entornos libres de conflictos. Necesitan padres que se centren en ellos, no en ganar pleitos.
Cuando una familia acude a los tribunales es porque ha fracasado el entendimiento. Y eso, nunca es una victoria. Mientras se sigan viendo como enemigos, no habrá sistema legal que garantice lo más importante: el bienestar de los menores.
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