La inmensa fortuna de los Pujol de nuevo en entredicho: Un juicio dilatado en su fecha

La Audiencia Nacional ha fijado el 10 de noviembre de 2025 como inicio del juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley, y sus siete hijos. 

Este proceso judicial se espera que se prolongue hasta abril de 2026. Abordará las acusaciones de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental que pesan sobre la familia Pujol.

La investigación se remonta a 2012. Fue entonces cuando Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, denunció que había acompañado al primogénito del expresidente en viajes a Andorra con grandes sumas de dinero en efectivo. 

Esta denuncia impulsó pesquisas que revelaron la existencia de cuentas no declaradas en el extranjero y operaciones financieras sospechosas vinculadas a la familia.

En 2014 Jordi Pujol Soley admitió públicamente que su familia había mantenido fondos en el extranjero sin declarar durante décadas. Eso sí, alegando que se trataba de una herencia de su padre. 

Sin embargo, las investigaciones posteriores sugirieron que estos fondos podrían estar relacionados con actividades ilícitas. Incluyendo el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas durante su mandato como presidente de la Generalitat.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia Pujol de haber constituido una organización criminal. Organización que, aprovechando su posición política y social, habría acumulado un patrimonio ilícito mediante actividades corruptas. 

Se les imputa blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Para Jordi Pujol Soley la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales. 

Su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, se enfrenta a la petición más alta, con 29 años de cárcel por los mismos delitos. Además de falsedad en documento mercantil y cinco delitos contra la Hacienda Pública.

El resto de los hijos también están acusados, con penas que oscilan entre los ocho y catorce años de prisión.

Según la diligencia emitida por la Letrada de la Administración de Justicia, el juicio se desarrollará entre noviembre de 2025 y abril de 2026.  Las sesiones se distribuirán entre las sedes de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid y en San Fernando de Henares. El tribunal estará presidido por la magistrada María Riera, con María Fernanda García como ponente y Carolina Rius como integrante del tribunal.

Las implicaciones políticas

Este juicio representa un hito en la historia política de España, ya que involucra a una de las figuras más emblemáticas del nacionalismo catalán.

Jordi Pujol, quien lideró la Generalitat durante 23 años, fue considerado durante mucho tiempo un referente moral y político. De hecho, los Pujol llevaban varios años intentando 'limpiar' las manchas que la corrupción dejó en el historial de la familia.

El propio Salvador Illa, primer presidente catalán no independentista, reconoció el año pasado el 'valor' de los Pujol en la política catalana. 

Sin embargo, las acusaciones siguen generando un impacto significativo en la percepción pública de su legado y en la confianza en las instituciones catalanas.

Además,  el caso ha reavivado el debate sobre la corrupción en la política española. También sobre la necesidad de mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar estas conductas. 

La magnitud del presunto entramado y la implicación de una familia tan influyente han generado una amplia cobertura mediática y un intenso escrutinio público.

Los abogados defensores de la familia Pujol han sostenido que los fondos en el extranjero tenían origen legítimo y que no existió una organización criminal. Han argumentado que las acusaciones carecen de fundamento sólido y que se basan en interpretaciones erróneas de las actividades financieras de la familia.

Por su parte,  la Fiscalía Anticorrupción mantiene que existen pruebas contundentes que demuestran la existencia de una estructura organizada destinada al enriquecimiento ilícito.  Señalan que las operaciones financieras y las cuentas no declaradas en Andorra son indicativas de prácticas corruptas y de un intento deliberado de ocultar fondos al fisco español.

Las expectativas del caso

El juicio contra la familia Pujol genera expectación tanto a la ciudadanía como al ámbito político y judicial. Se anticipa que el proceso será complejo, dado el volumen de pruebas y la cantidad de acusados involucrados. La duración prevista del juicio, de aproximadamente cinco meses, refleja la envergadura del caso.

Independientemente del veredicto final, este juicio marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en España. Asimismo, servirá como una prueba de la eficacia del sistema judicial español para abordar casos de corrupción de gran magnitud y complejidad.

Algo que muchos han puesto en entredicho teniendo en cuenta que Jordi Pujol padre llegará al juicio con 95 años. Edad con la que muchos dudan que pueda cumplir condena de cárcel en caso de ser declarado culpable.

La fijación de la fecha para el juicio contra la familia Pujol representa un paso significativo. Especialmente en un proceso judicial que ha captado la atención de la sociedad española durante más de una década. A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio, se espera que surjan nuevas informaciones y que el debate público en torno al caso se intensifique. 

La fortuna oculta de los Pujol

En junio de 2020, ante el argumento familiar de que la fortuna procede de la herencia de un abuelo, el entonces juez instructor, José de la Mata, indicaba: “A lo largo de la investigación, no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión. Ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Las investigaciones llegaban a resultados positivos, pero muy lentamente. Principalmente debido a la dificultad de las comisiones rogatorias enviadas a muchos y diversos países del mundo. Donde los Pujol pueden tener escondida su inmensa fortuna.

No obstante, finalmente recibieron los resultados y la instrucción pudo cerrarse.

Novedades que afloraron en diciembre de 2020 gracias a un testigo protegido, hoy en prisión, y que fuera testaferro de esta poderosa familia catalana. Declaró ante el Juzgado sobre el procedimiento de las cuentas corrientes abiertas por los Pujol y los negocios familiares en Nueva Zelanda.  "Saqué un extracto antes de entrar en prisión y son 179,5 millones de dólares de Nueva Zelanda", señaló.

Pero no es el único negocio de los Pujol fuera de España que se investigó por parte del juez José de la Mata. En el informe realizado por la  Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, que obra en poder de elcierredigital.com, se habla de los distintos países donde los tentáculos de los Pujol han aterrizado y se han asentado, desde el continente americano al africano, desde México a Gabón.

Cristian Gómez Martínez fue el  designado por el Grupo Isolux para acudir a declarar ante la UDEF.  "Las relaciones de Jordi Pujol Ferrusola con el Grupo Isolux se remontarían al año 2000. Estarían relacionadas con un negocio que emprendió esa mercantil en Gabón (...) en las que tuvo alguna participación una empresa española llamada Ibadesa Cat", declaró.

Los investigadores de la UDEF señalan que no se duda en absoluto de este negocio como realizado. Ya que la empresa investigada ha entregado varios documentos "donde efectivamente se observan comunicaciones entre las partes, siendo una de ellas, con diferentes personas de organizaciones gubernamentales del país africano".

El entramado montado por los Pujol y, sobre todo, por su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, estaba ubicado en la calle Ganduxer 5-15, de Barcelona. "El sitio donde operativamente situamos a todo el esqueleto societario que cuelga en España de Jordi Pujol Ferrusola", indica textualmente el informe de la UDEF.

También estos tentáculos llegaron hasta México. Así, una empresa denominada Iniciatives Marketing i Inversions habría trabajado en "proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México, según contrato de 30/05/2006”.

Los investigadores conocen las distintas “colaboraciones en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México realizadas por Jordi Pujol Ferrusola”. Sin embargo, Jordi Pujol hijo no ha sido “capaz de entregar ni un solo documento que diera fe real de esos trabajos".

Sostienen los investigadores que esos contratos, "antecedentes de las posteriores facturas emitidas, decíamos que como ocurría con relación a la supuesta consultoría desarrollada en Gabón, se fechaba en el verano de 2006 y también lo suscribió Mercé Gironés Riera  (esposa de Jordi Pujol), si bien está claro que la persona que realmente se encontraba detrás del diseño operativo, tanto en este caso como en otros, fue Jordi Pujol Ferrusola, no habiendo ningún declarante que mencionara actividad alguna ejercida, real o simulada, por Mercé Gironés Riera".