A Florentino Pérez 'se le atragantan las uvas': Sancionado por un 'amaño' en Galicia

Los vínculos entre el empresario  Florentino Pérez  y las administraciones públicas españolas, minuciosamente detallados en el libro 'El poder del palco' de Fonsi Loaiza, han vivido un nuevo capítulo estas Navidades. 

El presidente del Real Madrid parece volver a tener problemas con la libre competencia. Y es que la Comisión Galega da Competencia ha resuelto que 2 filiales de ACS "participaron en el amaño de un contrato". 

"Existen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación por parte de las mercantiles Samaín Servizos a Comunidade S.A. y Zaintzen S.A.", dice el organismo. 

El concurso

Las dos filiales de Clece, que es la rama de servicios de ACS, participaron en el concurso de los contratos de servicio de limpieza, desinfección y gestión de residuos de todos los locales e instalaciones interiores y exteriores de los centros de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos del Servizo Galego da Saúde (Sergas). 

La victoria recayó en Limpiezas San Froilán. Pero el organismo regulador cree que las filiales de Clece participaron en el concurso para excluir a otros competidores. Lo hicieron con sus singulares ofertas en algunos campos. 

Zaintzen presentó una oferta muy alta en el apartado de horas de personal, lo cual "implicó la expulsión" de terceros "por no alcanzar los puntos mínimos, de ofertas que económicamente eran más ventajosas para el Sergas". 

Es cierto que las supuestas maniobras no les saldrán muy caras a ACS. La sanción impedirá a las dos citadas empresas a concurrir a concursos públicos en Galicia durante apenas 6 meses. 

Cabe recordar que Florentino Pérez ha intentado este pasado año desprenderse de Clece. Pero el proceso se ha aplazado porque no llegaron ofertas a su gusto.

ACS y la libre competencia

Varias empresas fueron sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por conformar un cartel. La sanción recayó contra Dragados (Grupo ACS) y otras 6 grandes constructoras españolas. 

Todas ellas fueron multadas con 203 millones de euros por repartirse obra pública durante 25 años, entre 1992 y 2017. De esta multa ligada a las adjudicaciones del Ministerio de Fomento, 57,1 millones recayó contra Dragados.

Desde 1992, el cartel se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, afirmó la CNMC, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. 

Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del cartel a empresas externas. Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas. Especialmente, sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. 

"Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían", añaden. 

En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.), la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia.

Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica. Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica.

Las empresas disolvieron el G7 en el año 2017. Y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Los acuerdos colusorios sancionados derivaron en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas. También produjeron efectos negativos sobre las empresas competidoras y golpearon al bolsillo de los contribuyentes. 

En 2019 ACS también fue sancionada junto a otras 14 compañías por repartirse durante más de una década 1.055 millones de euros. Esta cantidad estaba ligada a las licitaciones de Adif. Cobra, filial de ACS, sufrió una sanción de 27,2 millones de euros. Y ese mismo año, por idénticos hechos también relacionados con Adif, la empresa ACS sufrió 51 millones de euros de multa. 

Hay que señalar que ACS fue durante varios años la empresa que más multas recibió por estas prácticas consideradas ilegales por los organismos administrativos y judiciales.