El Cierre Digital 'Fiscalía del pueblo': Por qué la acusación popular es clave en la Justicia española
Organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias han sido 'crucial' en causas como la de Begoña Gómez y el 'caso Koldo'
En el sistema judicial español, la figura de la acusación popular permite que ciudadanos y organizaciones se personen en procesos penales. Incluso sin ser directamente afectados por el delito.
Este mecanismo está reconocido en el artículo 125 de la Constitución Española y regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene como objetivo principal democratizar la justicia. La participación ciudadana busca evitar que la administración de justicia dependa exclusivamente de las instituciones. Especialmente teniendo en cuenta que, en algunos casos, pueden estar influenciadas por presiones externas o políticas.
En los últimos años, organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias han utilizado esta herramienta para participar en numerosos casos judiciales. Estos grupos han sido protagonistas en querellas que ponen en el foco mediático y judicial casos de presunta corrupción, abuso de poder y mala gestión.
Sin embargo, su papel no está exento de controversia. Mientras algunos celebran su contribución para destapar irregularidades, otros critican su uso con fines ideológicos o políticos.
La actuación de Hazte Oír y Manos Limpias ha sido clave en varios casos destacados. Uno de los más notorios es el “caso Begoña Gómez”. La esposa del presidente Pedro Sánchez ha sido objeto de denuncias por presunto tráfico de influencias y corrupción en sus negocios.
Manos Limpias presentó una denuncia basada en noticias de medios digitales. Posteriormente, esta fue ampliada con informes elaborados por la misma organización. Hazte Oír también presentó una querella complementaria, aportando documentos adicionales.
Otro caso relevante es el conocido como “caso Koldo”. Este proceso investiga posibles adjudicaciones irregulares, tráfico de influencias y otros delitos relacionados. Entre los investigados figuran nombres de peso como José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Manos Limpias se personó en este caso, asegurando que su intervención buscaba garantizar transparencia en las investigaciones. Aunque la causa sigue abierta, el papel de la acusación popular ha permitido mantener el caso en la agenda judicial y mediática.
Los otros casos ‘clave’ para la acusación popular
En el caso de los hidrocarburos, Manos Limpias también tuvo una participación destacada. Esta investigación aborda un fraude de 180 millones de euros relacionado con el pago del IVA en la venta de combustible.
Este caso, conocido también como parte de la “trama Koldo”, se centra en supuestas irregularidades ocurridas durante la etapa de Ábalos como ministro. La actuación de Manos Limpias en este proceso fue clave para mantener el enfoque en las posibles responsabilidades de altos cargos.
Las inundaciones causadas por la DANA el pasado mes de octubre también motivaron la intervención de Manos Limpias. La organización presentó denuncias contra la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su presunta mala gestión durante el evento.
El caso fue asumido inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Aunque posteriormente se inhibió en favor de otro juzgado que ya había iniciado diligencias preliminares. La intervención de Manos Limpias generó debate, con defensores que resaltan su papel vigilante y detractores que cuestionan la pertinencia de sus denuncias.
Otro caso que atrajo la atención fue el relacionado con Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer. Junto a Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado. Ambas fueron investigadas por presunta corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.
La organización las acusó de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en la adjudicación de contratos públicos. La causa se centró en más de 60 contratos presuntamente irregulares entre 2022 y 2024, que habrían generado beneficios superiores a los 250.000 euros.
En la Comunidad Valenciana, las denuncias contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, también ejemplifican el uso de la acusación popular. Manos Limpias presentó querellas relacionadas con su gestión durante la DANA. Aunque algunas de estas querellas fueron desestimadas, su presentación contribuyó a abrir un debate sobre la responsabilidad de las administraciones en la gestión de emergencias.
Asimismo, Hazte Oír presentó una querella contra Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, relacionada con el mismo evento. Aunque la querella fue inadmitida por un defecto formal, su presentación generó un debate público significativo.
La Casa Real, también bajo la ‘lupa’ de la acusación popular
La figura de la acusación popular también ha tenido impacto en casos que afectan a la Casa Real. En el caso Nóos, la actuación de Manos Limpias fue clave para llevar a juicio a los implicados, incluyendo a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.
“Sin su intervención, es posible que este caso no hubiera avanzado con la misma rapidez. Tampoco hubiera obtenido el nivel de escrutinio mediático que alcanzó”, sostienen algunas voces.
A pesar de los logros atribuidos a la acusación popular, su uso por parte de organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias ha generado debate . Críticos argumentan que, en ocasiones, estas entidades han utilizado esta figura jurídica para perseguir objetivos políticos o ideológicos.
Esto podría desvirtuar el propósito original de la herramienta, que busca garantizar la justicia y proteger el interés público.
Por otro lado, defensores de la acusación popular destacan su papel en casos donde las instituciones no actuaron con la diligencia esperada. Afirman que” sin estas iniciativas, muchos casos de corrupción, abusos de poder o mala gestión no habrían sido investigados ni llevados a juicio”.
La figura de la acusación popular sigue siendo un elemento esencial para la justicia en España, aunque no exento de retos y críticas en su aplicación.
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