Así es el famoso prófugo del caso Malaya: Carlos Fernández, de siervo a enemigo de Gil

Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella, ha regresado a España tras permanecer 19 años prófugo en Argentina. Su vuelta no ha supuesto ninguna consecuencia judicial. Las diez causas abiertas contra él han prescrito, y el Tribunal Supremo argentino rechazó en 2022 la extradición solicitada por España. Fernández ha vuelto como un hombre libre, cerrando así una de las últimas páginas pendientes del caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística de la historia democrática.

Sin embargo, su historia no es la de un simple fugitivo. Fernández fue protagonista directo del auge y caída del gilismo en Marbella. Primero como hombre de confianza de Jesús Gil y luego como uno de sus más persistentes detractores desde las filas del Partido Andalucista (PA). 

Su conversión política, su participación en el gobierno local durante la era más turbia del urbanismo marbellí y su extraña desaparición justo antes de ser detenido lo convirtieron en un personaje controvertido. Hoy, su figura sigue despertando preguntas sobre la justicia, la política y la impunidad.

Fernández inició su carrera pública como concejal de Deportes en el primer mandato de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella en 1991. Era uno de los rostros jóvenes y ambiciosos del GIL (Grupo Independiente Liberal). Su ascenso fue meteórico en una ciudad entregada al carisma populista de Gil.

Durante la segunda mitad de los años 90, Fernández acumuló poder y visibilidad como organizador de eventos deportivos y representante institucional del gilismo. Llegó a impulsar torneos de golf como estrategia para reivindicar instalaciones deportivas y mejorar la imagen del consistorio. Sin embargo, el idilio político terminó abruptamente cuando Gil lo acusó públicamente de corrupción y lo expulsó del equipo de gobierno “por ladrón”.

A partir de ese momento, Fernández comenzó su proceso de ruptura con el gilismo. Brecha que se intensificaría años más tarde hasta convertirse en uno de sus enemigos más activos desde la oposición.

La conversión: del gilismo al Partido Andalucista

En 2003 el desgaste del GIL ya era evidente. Fernández se integró en las filas del Partido Andalucista y se convirtió en portavoz municipal del grupo. Aquella legislatura fue caótica, con múltiples movimientos políticos, hasta que se produjo la famosa moción de censura contra Julián Muñoz. Él fue el heredero político de Gil, que catapultó a Marisol Yagüe a la alcaldía con el apoyo de diversos grupos, entre ellos el PA.

Junto a Isabel García Marcos, líder andalucista y primera teniente de alcalde, Fernández pasó a formar parte del nuevo equipo de gobierno, que prometía regeneración y limpieza institucional. Pero la promesa apenas duró un año: en 2004 Yagüe lo destituyó también a él por “irregularidades” en sus competencias.

Ya entonces pesaban sobre él varias denuncias por malversación y apropiación indebida. Incluyendo una condena firme por haberse apropiado de más de 80.000 euros del Club de Fútbol San Pedro de Alcántara. Esto, durante su etapa como edil de Deportes. A pesar de ese historial, Fernández mantuvo su acta de concejal hasta que en 2006 estalló el caso Malaya.

El caso Malaya y la desaparición

El 29 de marzo de 2006, la policía entró en el Ayuntamiento de Marbella y detuvo a decenas de cargos públicos. Fue por su implicación en una compleja red de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias que encabezaba el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. La operación puso fin a la estructura institucional heredada del gilismo. Todos los concejales fueron detenidos, menos uno.

Carlos Fernández desapareció justo antes de que la policía se presentara en su domicilio. Según la versión que él mismo difundió, se encontraba haciendo el Camino de Santiago en Galicia, pero lo cierto es que nunca volvió. La orden de detención no pudo ejecutarse, y su pista se perdió durante meses.

En ese momento ya arrastraba una condena por malversación. También estaba imputado en el caso Malaya por presuntos sobornos recibidos a cambio de favorecer licencias urbanísticas entre 2004 y 2005. Algunos informes policiales le situaban como "uno de los encargados de distribuir el dinero de las comisiones" que manejaba Roca. 

Hubo rumores de que podría haber colaborado con la justicia como "garganta profunda". Aunque tanto la UDEF como la Fiscalía Anticorrupción han negado tajantemente que aportara información útil a la causa. Sin embargo, esta teoría sigue sobre la mesa para muchos.

Fernández huyó y lo hizo con eficacia. En poco tiempo apareció en Argentina, donde comenzó una nueva vida en la ciudad de La Plata.  Allí trabajó como coach político, asesorando a candidatos peronistas, y formó una familia. Mientras tanto, en España, quedaban pendientes diez causas judiciales contra él.

Una huida protegida

Su desaparición no solo fue repentina, sino también extrañamente eficaz. Mientras otros ediles eran detenidos o acababan en prisión, Fernández logró evadir durante casi dos décadas todos los mecanismos judiciales.

Durante años, su hermano abogado trató infructuosamente de gestionar desde España la prescripción de las causas, alegando que no existía peligro procesal. Su familia, especialmente su padre, defendió su inocencia y llegó a calificar su estancia en Argentina como “exilio”. En Marbella, muchos se preguntaban cómo había logrado evitar la extradición y si alguien le había avisado a tiempo.

En 2017, después de 11 años en el extranjero, Fernández se entregó voluntariamente ante la Justicia argentina. Pero no fue extraditado. La Corte Suprema argentina concluyó que los delitos por los que se le reclamaba estaban prescritos conforme a la ley española. Por tanto no podía concederse su entrega.

Intentos frustrados de regreso

En los años siguientes, Fernández intentó varias veces regresar a España, convencido de que ya no tenía causas pendientes. Sin embargo, cada vez que intentaba embarcar desde Buenos Aires, la Policía Federal argentina lo detenía por la vigencia de una antigua orden internacional de arresto de 2006.

Según relató a medios españoles, logró incluso llegar a la puerta de embarque con un salvoconducto expedido por la Embajada de España, pero fue interceptado antes de abordar. Esta situación lo dejó en un limbo jurídico durante años: libre en Argentina, pero retenido sin motivo judicial válido.

Finalmente, en diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Argentina ratificó la prescripción de todas las causas contra él.  Incluida su implicación en el llamado Saqueo II. La decisión despejaba completamente su situación procesal. “Lo que no me dio mi país me lo ha dado Argentina”, dijo entonces Fernández, aunque evitó dar fechas sobre su regreso.

Un regreso sin ruido

Ha sido en 2025 cuando Fernández ha regresado a España. No hubo fotos, ni comparecencias, ni detenciones. Ya no quedaban causas judiciales ni órdenes de detención activas. A sus 59 años, ha regresado a Marbella como un hombre legalmente libre, aunque con una mochila cargada de sombras y polémicas.

Su nombre sigue vinculado a una de las etapas más oscuras de la historia política española. Un periodo en el que Marbella se convirtió en símbolo de corrupción y descontrol urbanístico. 

También encarna la transformación ideológica de quien fue primero brazo derecho de Jesús Gil y luego su más feroz crítico desde la oposición. La pregunta ahora es: ¿volverá a la vida pública? ¿Romperá su silencio? ¿O desaparecerá de nuevo, esta vez para siempre, pero sin necesidad de esconderse?