Caos en el Santander: Cierra su servicio de automóviles en plena oleada de despidos

El Banco Santander vive tiempos de despidos, cierre de servicios y desinversiones pese a encontrarse en un extraordinario momento financiero. La entidad de crédito presidida por  Ana Patricia Botín ha anunciado una reestructuración. Esta afectará a más de 1.000 empleados en España y 750 en Reino Unido.

Además, acaba de anunciar el cierre de su servicio Wabi, y ha vendido el 49% de su filial polaca Santander Polska. También está fusionando varios de sus negocios en Estados Unidos, lo cual podría conllevar la salida de algunos trabajadores. 

El Banco Santander cierra Wabi 

El Banco Santander ha decidido suspender indefinidamente el servicio y la operativa de Wabi, su plataforma de alquiler de coches por suscripción lanzada en 2020. Esta clausura del negocio se ha unido a la reciente del servicio tarjetas de crédito en Italia operado por Consumer Finance. 

La decisión con Wabi responde a un cambio estratégico dentro del grupo, que busca concentrar sus recursos, tecnología y esfuerzos en otras áreas. "Este movimiento responde a una decisión del grupo Santander Consumer por la que enfocará sus esfuerzos, recursos y tecnología en un ambicioso proyecto global de soluciones y servicios de movilidad", explican. 

Wabi, que operaba en España y Alemania, ya ha comenzado a informar a sus usuarios sobre el cierre progresivo del servicio. La clausura se completará entre junio y septiembre. A los clientes se les están ofreciendo varias alternativas.  Entre ellas, la opción de adquirir el vehículo en uso o contratar un renting tradicional a través de Santander Consumer.

Este movimiento no significa que el grupo abandone su apuesta por la movilidad, sino que cambia el enfoque. La entidad continuará impulsando negocios ligados a la financiación del automóvil. Especialmente mediante el renting, uno de los pilares clave de Santander Consumer Auto junto con la financiación de compra de vehículos.

En este sentido, Santander tiene previsto lanzar una plataforma global de renting, apoyada en sus alianzas con fabricantes y concesionarios. Así, podría ofrecer soluciones más integradas y sostenibles dentro del ecosistema de movilidad.

Cabe destacar que Wabi no solo representaba una solución directa al consumidor, sino también la cara visible de Ulity. Esta es la plataforma tecnológica desarrollada por el banco para ofrecer servicios de suscripción a terceros. Aunque Wabi cese su actividad, Ulity continuará operando. Lo hace porque forma parte del enfoque estratégico del grupo hacia la prestación de soluciones tecnológicas a escala global.

El cierre de Wabi marca el fin de una etapa para el banco en el ámbito del alquiler por suscripción. El modelo ha demostrado tener cierto atractivo, pero no ha cumplido con las expectativas de crecimiento que el grupo tenía. El foco ahora estará en servicios más consolidados y con mayor retorno, como el rénting y la financiación tradicional. Lo harán dentro de un ecosistema digital más amplio.

Los otros patinazos de Ana P. Botín: de la indemnización de 43 millones de Orcel a problemas de seguridad

Ana Patricia Botín ha acumulado varios 'patinazos' en la más de una década que lleva presidiendo el banco. Andrea Orcel, actualmente consejero delegado de UniCredit, recibió una indemnización multimillonaria. Lo hizo tras el fallido intento de la banquera de incorporarlo como su CEO en 2018. Aunque inicialmente su nombramiento fue anunciado oficialmente, la entidad canceló la operación antes de formalizar el contrato. Este hecho llevó a Orcel a presentar una demanda por incumplimiento.

En diciembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid falló a favor de Orcel y condenó al banco a pagarle 68 millones de euros. El desglose de la compensación incluía 35 millones por incentivos a largo plazo, 17 millones correspondientes al bonus de incorporación que habría perdido al dejar UBS y 10 millones por daños morales y a su reputación. También, otros 5,8 millones en concepto de dos años de salario.  El Santander respondió anunciando que recurriría el fallo.

Posteriormente, en enero de 2022, el juez revisó la cuantía y la rebajó a 51,4 millones de euros. Esta reducción se debió a que Orcel sí había recibido parte de su bonus anterior por parte de UBS, así como a ajustes fiscales. Además, se modificó la forma de pago. El importe no se entregaría de forma inmediata, sino en acciones del Santander distribuidas en un periodo de siete años. Las mismas estaban ligadas al cumplimiento de determinados objetivos financieros.

Finalmente, en febrero de 2023, se cerró el caso con una indemnización definitiva de 43 millones de euros.  La última rebaja se aplicó tras recalcular los daños morales, que pasaron de 10 a solo 2 millones de euros.

Por otro lado, en agosto de 2021, el Tribunal Supremo impuso al Banco Santander una multa de 5,6 millones de euros. Fue por infringir tres apartados del artículo 52 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. La sanción se originó tras una inspección realizada en 2013 que analizó 143 cuentas de valores segregadas. 

El banco no cumplió con la obligación de identificar al titular real de las cuentas, obtener información sobre el propósito de las relaciones de negocio y comunicar posibles indicios de blanqueo. Aunque el Santander recurrió la decisión, el Supremo confirmó la multa en su totalidad.