La España vaciada, aislada por Puente: Así afecta su decisión sobre la red de buses

El Gobierno de España dice que pelea contra la despoblación de la España vaciada. Sin embargo, está a punto de asestarle un golpe de muerte. "Y sin que en la polémica haga presencia el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente", alegan voces críticas. 

El anteproyecto de renovación de líneas de autobús, que cuenta con redes que funcionan desde hace muchos años, ha generado una oleada de quejas. Especialmente, desde diversos rincones de la conocida como España vaciada. 

Colectivos de Cuenca, Guadalajara, Soria y Teruel se han manifestado con especial contundencia ante el Congreso de los Diputados. Consideran que la reforma que propone el nuevo Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera supone un duro golpe contra los derechos de movilidad de miles de ciudadanos. Sobre todo, los que residen en zonas rurales y despobladas.

1.400 municipios se quedarían fuera del mapa

La medida, actualmente en fase de alegaciones, prevé una drástica reducción de las rutas interprovinciales de autobús. De las 1.912 rutas existentes se pasaría a solo 495. El plan eliminaría paradas en más de 1.400 municipios.

Esta reestructuración, que forma parte del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, ha sido justificada por el Ministerio con argumentos de "eficiencia".  Dicen que quieren reducir los tiempos de viaje, mejorar la competitividad frente al TAV y el avión. Además de optimizar el uso de recursos públicos.

Sin embargo, el silencio del ministro Óscar Puente ante las denuncias de colectivos ciudadanos e instituciones locales ha encendido aún más los ánimos. Para muchos representantes de estos territorios, la falta de una respuesta clara o de voluntad para modificar el plan evidenciaría un "desprecio institucional". Sobre todo, contra las necesidades de quienes viven en las zonas más afectadas por la despoblación.

Uno de los más críticos ha sido Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe. Guitarte denunció que este nuevo mapa de transporte "vulnera gravemente el derecho a la movilidad". Especialmente, en regiones que ya sufren un acceso limitado a servicios públicos.

Según los datos presentados en rueda de prensa, Teruel perdería 54 paradas de autobús. Y Cuenca 40, Soria 33 y Guadalajara 28. "Estamos asistiendo al desmantelamiento silencioso de la conexión entre nuestros pueblos", lamentó Guitarte.

Corredor 12

El caso del Corredor 12 es especialmente ilustrativo del conflicto que ha desatado esta reforma. Este corredor, que conecta Madrid con Valencia a través de Cuenca y Teruel, será el primero en aplicar los nuevos criterios. 

La intención declarada del Gobierno es potenciar rutas troncales, con menos paradas y mayor frecuencia. La intención es captar a un mayor número de viajeros. Sin embargo, desde las comarcas afectadas advierten que esa supuesta eficiencia se traduce en una mayor exclusión de los pueblos pequeños. Sus habitantes quedarán sin alternativas de transporte para acudir a hospitales, centros educativos o administrativos.

David Cardeñosa, portavoz del movimiento Cuenca Ahora, fue tajante en su crítica. "La Ley de Movilidad Sostenible es un despropósito para provincias como la nuestra. En 2023 nos arrebataron el tren convencional y ahora vienen a por el autobús. ¿Qué nos queda?".

Según Cardeñosa, los recortes no responden a criterios de sostenibilidad. Sino a una "lógica puramente urbana y centralista, que ignora la realidad de amplios territorios donde el coche privado no siempre es una opción".

El sentimiento de abandono no es nuevo en estas provincias, pero esta iniciativa parece haber sido la gota que colma el vaso. Colectivos como Soria ¡Ya!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril han anunciado movilizaciones si el Ministerio no rectifica. Además, diversas diputaciones provinciales han emitido resoluciones pidiendo la paralización del nuevo mapa concesional. Y exigiendo una evaluación del impacto social que tendrá la medida.

Frente a la tormenta política y social desatada, Óscar Puente ha optado por no hacer declaraciones públicas significativas sobre el asunto. Su silencio ha sido interpretado por muchos como una señal de que el Gobierno sigue decidido a aplicar el recorte sin modificaciones sustanciales. Esta postura, según los críticos, refleja "un divorcio entre el discurso oficial de 'cohesión territorial' y las políticas concretas que se impulsan desde Madrid, ayer el PP y hoy el PSOE". 

Consecuencias dramáticas

Mientras se habla de luchar contra la despoblación y fomentar la igualdad entre territorios, se aprueban medidas que, en la práctica, dificultan aún más la vida en las zonas rurales.  El transporte público es un servicio esencial en municipios que no tienen estaciones de AVE ni aeropuertos a su alcance. "Una simple parada de autobús puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la integración", insisten los afectados.

Si el Gobierno no rectifica, advierten los portavoces de la España vaciada, "se estará firmando una sentencia de desconexión para miles de pueblos". Las consecuencias no serán solo sociales. Sino también económicas, al dificultar el acceso al empleo, al turismo rural y a oportunidades de desarrollo local.

La red de autobuses interprovinciales ha sido durante décadas una arteria vital para estos territorios. Y su eliminación supone mucho más que un cambio de mapa: "es una amenaza directa a su supervivencia", recalcan.