Desahucio Casa Cuartel Cádiz: 'Me han dejado en la calle sin una sentencia firme'

Tras cinco años de lucha, uno de los vecinos de la Casa Cuartel del nº1 de la Avenida Fernández Ladreda de Cádiz ha recibido la peor de las noticias. Se trata de  José María Merino, una de las cuatro personas que estaba luchando por no ser desahuciado. Su madre Cándida López es viuda de un hombre que fue Policía y al que se le concedió el uso de la vivienda.

En abril José María recibió una carta certificada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz. Pasó el verano y el 2 de septiembre el Inspector de la División Técnica de Madrid le dijo que tenía una semana para irse. 

A primera hora de la mañana de este 9 de septiembre, varios agentes de Policía Nacional han llegado al domicilio de José María. El vecino afectado ha tenido que abandonar la vivienda y acto seguido se ha cambiado la cerradura. 

Elcierredigital.com ha contactado con José María Merino. El afectado señala, “me han dejado en la calle sin mi documentación, dinero, ropa ni pertenencias. A mí nadie me ha comunicado la fecha por escrito y si no hay comunicación del juzgado es un desahucio ilegal”.

“No he recibido ningún documento del juzgado  diciéndome que el 9 de septiembre tenía que irme. En el papel que me han enseñado viene que el desahucio ha sido ordenado por el juzgado de Madrid. Tienen autorización para entrar en la vivienda, pero no tienen una fecha de entrada. Tampoco se puede hacer un desahucio sin una sentencia firme”, añade José María Merino. 

El trato recibido por José María

El afectado recalca que ha recibido un “trato indignante” para sacarle de la que ha sido su casa durante más de 40 años. “El Inspector de la División Técnica de Madrid se ha trasladado a Cádiz solo para desahuciarme y ver como me dejaban en la calle”, indica José María. 

El afectado señala, “me ha ninguneado por completo y me ha dejado en la calle. Ni siquiera me ha dejado lavarme la cara y sacar mis cosas. No ha atendido a escucharme ni a comprender mi situación, he sido su cabeza de turco”. 

“Me ha dicho que envíe un escrito a Seguridad Ciudadana para que dentro de tres o cuatro días me dejen sacar mis cosas. Cuando le he dicho que ni siquiera tenía el cargador para el móvil me ha dicho que le da igual que ese es mi problema. También me ha dicho que no tenía nada que hablar con mi abogado ni conmigo”, añade el afectado. 

“Los propios policías me han dicho que iba a por mí, que estaba loco por llevarme detenido. Por todo esto vamos a interponer el recurso pertinente y vamos a denunciar por negligencia administrativa y falta de comunicación”, concluye José María. 

La situación vivida en estos cinco años

En octubre de 2019 agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de Cándida López, madre de José María. Le notificaron que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. 

Lo mismo hicieron con los otros tres vecinos de la casa cuartel. Este edificio es una casa cuartel destinada tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. 

De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados no tenían derecho a beneficiarse de esas casas. Sin embargo, cuando se jubilaron nadie les dijo que tenían que abandonar las viviendas. 

Ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares. Ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones, por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas”.

Por lo tanto, decidieron emprender una lucha legal para poder seguir viviendo en la que ha sido su casa tantos años. Una de los cuatro vecinos fue protegida por el Tribunal Supremo, que denegó su desahucio hasta que fallezca. La última resolución tuvo lugar en diciembre de 2023 y fue firmada por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En ella se recogía que “se trata de una vivienda objeto de expediente con calificación de bien de dominio público afectado al Ministerio del Interior. El artículo 60 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del  Patrimonio de Administraciones Públicas, atribuye la competencia para el desahucio administrativo al ministro titular del departamento en cuestión. Se declara la extinción y pérdida del título que justificaba el uso de la vivienda, desaparecidas las circunstancias que legitimaban en su día su ocupación”.

Las tres personas que recibieron esta resolución estaban siendo representadas por el mismo abogado.  No obstante, este letrado solo presentó recurso para dos de los vecinos. El tercero, José María Merino, no interpuso recurso alguno. 

De hecho, su abogado dejó de responderle y José María se quedó ‘solo’. Tras recibir varios avisos, fue una llamada en agosto la que hizo saltar las alarmas. Se indicó que tenía un mes para abandonar la vivienda. Ahora, tendrá que luchar judicialmente para poder volver a su casa.