Desahucios en Casas Cuartel de Cádiz: 'Me echan del que ha sido mi hogar durante años'

Los vecinos de la Casa Cuartel del nº1 de la Avenida Fernández Ladreda de Cádiz llevan cinco años luchando por poder seguir viviendo en su domicilio. Una de los cuatro vecinos fue protegida por el Tribunal Supremo, que denegó su desahucio hasta que fallezca. 

Los otros tres restantes llevan años afrontando procesos judiciales e interponiendo recursos ante órdenes de desalojo. La última resolución tuvo lugar en diciembre de 2023 y fue firmada por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

En ella se recogía que “se trata de una vivienda objeto de expediente con calificación de bien de dominio público afectado al Ministerio del Interior. El artículo 60 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del  Patrimonio de Administraciones Públicas, atribuye la competencia para el desahucio administrativo al ministro titular del departamento en cuestión. Se declara la extinción y pérdida del título que justificaba el uso de la vivienda desaparecidas las circunstancias que legitimaban en su día su ocupación”.

Las tres personas que recibieron esta resolución estaban siendo representadas por el mismo abogado. No obstante,  este letrado solo presentó recurso para dos de los vecinos.

El tercero, José María Merino, no interpuso recurso alguno. Por ello, en abril recibió una carta certificada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz.

En ella se indicaba que tenía 10 días para abandonar la casa, ya que tenía un desahucio con autorización para entrada en vivienda. 

En agosto, recibió la llamada del Inspector de la División Técnica de Madrid. Se le indicó que el 2 de septiembre se instaría a que abandonase la vivienda. Así ha sido, ya que José María ha recibido la temida llamada.

En una conversación con elcierredigital.comJosé María  señala: “Estoy destrozado.  Me duele mucho tener que abandonar la que ha sido mi casa tantos años". 

"No tengo trabajo, ni dinero ni casa, es una situación desesperante, me están destrozando la vida. Llevo casi un mes que solo lloro y no puedo ni dormir”, lamenta.

"Me han dejado solo"

La situación de José María surge de que el abogado que compartía con el resto de vecinos no interpuso recurso en diciembre.

“Cuando me enteré llamé al abogado y me dijo que fuese a pedir un abogado de oficio. No entendí nada, se ha desinteresado totalmente por mi caso. Desde entonces no me volvió a contestar y me dejó de lado, estoy solo”, indica José María.

“Ha echado todas las instancias al resto de vecinos, pero a mí no. Ahora, yo me tengo que ir porque no actuó conmigo igual que con los demás", explica. 

"En España hay miles de desahucios y en muy pocos casos el juzgado ordena que se pueda entrar en la casa. Sin embargo, yo soy uno de esos pocos casos, es muy duro”, añade José María Merino. 

Al haber una vecina amparada por el Supremo no se puede proceder al desahucio de todos los vecinos. Por ello, José María recalca, “con este precedente no entiendo qué interés tienen en que me vaya de la casa. A esta señora no van a poder echarla y por lo tanto, no van a poder hacer nada".

"Están desahuciando a una persona cuando dejan en el edificio a tres más. No van a solucionar nada echándome a la calle”, asegura.

“Mi madre, mi sobrina y yo estamos empadronados aquí. Mi madre era cónyuge de un policía, pero como yo recogí la primera notificación todo viene a mi nombre", relata.

"A mi madre no le pasaría esto, pero lo han hecho conmigo porque es más fácil echarme. Está siendo una situación muy dura”, concluye José María.

El inicio de los problemas para estos vecinos

En octubre de 2019 agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de Cándida López, madre de José María. Le notificaron que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. 

Al igual que ella, sus vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. Este edificio es una  casa cuartel destinada tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. 

De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados no tenían derecho a beneficiarse de esas casas. Sin embargo, cuando se jubilaron nadie les dijo que tenían que abandonar las viviendas. 

Varios de los inquilinos de estas viviendas son personas mayores que quedaron viudas o viudos de exagentes de policía. Por lo que el desahucio les dejaría en una situación aún más complicada. 

Ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares. Ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones, por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas”.

Asimismo, añaden que “hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com, los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

La situación parecía haberse apaciguado tras el recurso aceptado por el TSJA. Pero tal y como narraba a elcierredigital.com el hijo de Cándida, José María Merino, “los problemas han vuelto a llamar a la puerta”. 

“Los policías han vuelto a la casa de mi madre y la han hostigado. Le dijeron que iban a enviar una nueva notificación para que abandone la casa. Ya que en España no queda ninguna casa cuartel y están todas desahuciadas. Nos han dicho que tenemos dinero para pagar un alquiler, pero no tienen en cuenta que son personas jubiladas y mayores”, añadía Jose María.

“Ahora el procedimiento de desahucio viene a mi nombre. Me están usando como cabeza de turco para echar a la calle a personas mayores que no pueden trabajar. Tras la resolución del TSJA han elaborado un nuevo procedimiento", comentaba.

"Es muy injusto que quieran quitarles esas casas cuando llevan 25 años jubilados. Si no se las quitaron cuando se jubilaron no entiendo por qué se las tienen que quitar ahora”, concluía José María Merino.