Denuncian a Ione Belarra en el Supremo por delito de odio e injurias contra la Policía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la diputada de Podemos, Ione Belarra. La acusan de un posible delito de odio y otro de injurias graves contra la Policía Nacional. Según el sindicato, la exministra vertió acusaciones “falaces y ofensivas” contra los agentes en medios de comunicación nacionales.

El SUP considera que las palabras de Belarra atacan de forma directa al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). En su escrito ante el Supremo, advierten que esas declaraciones no pueden quedar impunes. Creen que suponen una amenaza al principio de autoridad y a la integridad profesional de los agentes.

El sindicato denuncia que Belarra vinculó a los cuerpos policiales con ideologías neonazis y neofascistas. Para el SUP, estas afirmaciones constituyen una acusación genérica y sin pruebas. Afirman que suponen un intento claro de desprestigiar a todo un colectivo profesional.

Según el texto de la querella, las declaraciones de la diputada no pueden enmarcarse en el debate político normal. Tampoco son simples opiniones. El sindicato cree que estas palabras constituyen una descalificación pública grave y dañina. Añaden que no se trata de una crítica aislada, sino de un ataque que busca dañar la imagen de las instituciones.

Supuestas injurias de Ione Belarra contra la Policía

La querella se apoya en el artículo 504.2 del Código Penal. Este castiga las injurias graves contra instituciones del Estado. El SUP alega que Belarra actuó con desprecio a la verdad y con intención de dañar. También cita una sentencia reciente del Supremo: la número 252/2023, de 11 de abril. En ella se defiende el prestigio institucional como un bien jurídico que debe ser protegido.

Para el sindicato, las palabras de Belarra cumplen todos los requisitos para ser consideradas injuriosas. Añaden que la finalidad de sus declaraciones era el descrédito de las FFCCSE. Subrayan que se utilizó una terminología ideológica extrema. También destacan que se hizo en medios de difusión masiva, lo que agrava aún más el daño causado.

Supuesto delito de odio

Además del delito de injurias, el SUP cree que también hay un delito de odio. En este caso, citan el artículo 510.1.a) del Código Penal. Este castiga las declaraciones que inciten al rechazo social de un colectivo. Según el sindicato, Belarra contribuyó a fomentar el desprecio hacia los agentes. Aseguran que sus palabras alimentan una imagen ideológica distorsionada del cuerpo policial.

El SUP advierte que estas acusaciones pueden tener consecuencias. Consideran que se está estigmatizando al conjunto de las FFCCSE. Añaden que esta visión genera desconfianza y hostilidad hacia los agentes. También subrayan que se trata de un discurso peligroso y no solo daña a las instituciones, sino que debilita la convivencia democrática.

El sindicato insiste en que las declaraciones de Belarra no fueron privadas ni marginales. Fueron emitidas en medios de comunicación de ámbito nacional.  Eso, dicen, les da una gran difusión e impacto social. Añaden que este tipo de mensajes, lanzados por una representante parlamentaria, no son neutros. Según el SUP, pueden fomentar reacciones de hostilidad, desprecio y rechazo contra los policías.

También advierten del daño que este discurso puede causar en la imagen pública de las FFCCSE. Consideran que puede generar desconfianza entre la ciudadanía. Y temen que ese efecto dañe la legitimidad de las instituciones de seguridad. “No se puede poner bajo sospecha a todos los agentes por ideología”, afirman en el escrito.

Protección frente a los ataques

El SUP recuerda que los policías, como funcionarios públicos, no deben estar expuestos a ataques constantes. Reivindican su derecho al honor, al igual que cualquier ciudadano. Añaden que no se puede tolerar que se desacredite a un colectivo que trabaja cada día en la defensa de los derechos y libertades de todos.

Desde SUP consideran que permitir este tipo de discursos sentaría un precedente muy negativo. En su opinión, se abriría la puerta a nuevos ataques institucionales sin consecuencias jurídicas.

El sindicato cierra su escrito expresando su confianza y pidiendo que se tenga en cuenta la jurisprudencia que protege el prestigio institucional. Según el SUP, la justicia debe “poner fin a esta injusticia” que, aseguran, afecta a miles de hombres y mujeres que arriesgan su vida por el bien común.

Con esta querella, el SUP busca marcar un límite. Consideran que no todo vale en el discurso político. Y advierten que las palabras tienen consecuencias. Sobre todo, cuando provienen de una diputada con representación parlamentaria.

Ione Belarra aún no responde

Hasta el momento, Ione Belarra no ha respondido públicamente a la querella. En otras ocasiones, ha denunciado abusos dentro de los cuerpos de seguridad. También ha defendido la necesidad de revisar ciertas prácticas policiales. No es la primera vez que sus palabras provocan reacciones contundentes desde los sindicatos policiales.

El caso ya está en manos del Supremo. Ahora será el tribunal quien decida si hay base suficiente para investigar a la diputada. Belarra, como parlamentaria, es aforada. Cualquier proceso penal contra ella debe pasar por la Sala Segunda del Alto Tribunal.

La querella del SUP abre un nuevo frente en la tensión entre las instituciones del Estado y ciertos sectores políticos. La denuncia reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión. También sobre la protección del honor de los servidores públicos.

Mientras tanto, el sindicato pide respeto y reconocimiento. Reclaman que el trabajo de los policías no sea manchado por discursos ideológicos. “Estamos para proteger a todos, sin distinción. Lo mínimo que merecemos es respeto”, concluyen.